En una reunión con la directora general de Libertad Religiosa, «se llegó al compromiso de establecer un grupo de trabajo y diálogo» para paliar los efectos de la derogación del delito de ofensas a los sentimientos religiosos
La presidenta de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España, y secretaria ejecutiva de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Carolina Bueno; el vicepresidente de la mesa, Timotei Laurant, que es obispo de la Iglesia Ortodoxa Rumana de España y Portugal; y el secretario, Rafael Vázquez, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española, se reunieron el pasado viernes 20 de junio con la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, para dialogar sobre el estado de la propuesta de derogación del delito contra los sentimientos religiosos recogido en el art. 525 del actual Código Penal.
Durante el encuentro, los representantes de la Mesa manifestaron «el temor de las confesiones cristianas de que se pueda crear un clima de falta de respeto generalizado hacia los creyentes de cualquier religión» ante el cambio normativo, según ha explicado este lunes la Conferencia Episcopal Española. Incluso advierten de la «desprotección» que pueda darse «ante ataques e insultos por motivos religiosos».
Según la CEE, en la reunión se dio un «diálogo fructífero», hasta tal punto que «se llegó al compromiso de establecer un grupo de trabajo y diálogo para afrontar» las dificultades que surjan tras la derogación, «de manera que juntos se pudiera trabajar por blindar el derecho fundamental a la libertad religiosa con todos los medios legales posibles».
Cotización a la Seguridad Social
En este misma reunión, se presentó una carta conjunta dirigida al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que la Iglesia católica, «en su deseo de colaborar y apoyar a las otras confesiones cristianas, se suma a la petición de acabar con las situaciones injustas y discriminatorias que hoy viven los ministros de culto de estas confesiones minoritarias en lo que se refiere a la cotización en la Seguridad Social».
En la misiva, la Mesa de Diálogo Interconfesional de España solicita «la no exigencia a los pastores [protestantes] del pago del capital coste correspondiente a unas pensiones no disfrutadas» o que «se permita la cotización a la Seguridad Social de los sacerdotes ortodoxos rumanos».
