Pedro Sánchez ha marcado dos hitos simbólicos.
El 2 de agosto
de 2018, tras la moción de censura que envió a Mariano Rajoy de vuelta
al registro de la propiedad, el líder socialista tomó posesión como
presidente
sin símbolos religiosos en la ceremonia,
gesto imitado por el resto de su Gobierno. Los integrantes del Ejecutivo
de PSOE y Unidas Podemos lo volvieron a hacer, tras las elecciones de
noviembre de 2019. Ahora Presidencia ha organizado el primer
homenaje de Estado aconfesional a las víctimas de una tragedia, rompiendo con ello
un hilo histórico de asimilación litúrgica Iglesia-Estado en ocasiones solemnes. Dos hitos, pues. Y
reconocidos incluso por las organizaciones laicistas,
tan minoritarias como poco dadas a la complacencia con las autoridades.
Pero estos dos hitos están lejos –muy lejos, en realidad– de colmar la
lista de tareas pendientes del Gobierno sobre la relación
Iglesia-Estado.
Fue el propio Sánchez quien generó elevadas expectativas. El programa electoral del PSOE de 2016 incluía la "
supresión de la referencia a la Iglesia" en la
Constitución,
que debía incluir el "principio de laicidad". Ambicioso, sin duda.
También recogía la "denuncia" de los acuerdos con la Santa Sede de 1976 y
1979, la retirada de exenciones fiscales para los bienes sin uso
religioso o social y el avance hacia la "autofinanciación", la
"reclamación de la titularidad" de bienes inmatriculados... El documento
de su candidatura en las primarias de 2017 sostenía que España debía "c
onsolidar su condición de Estado laico", mediante la derogación de los
acuerdos de 1976-1979. "Ninguna religión confesional deberá formar parte del currículo y del horario escolar", señalaba. Había más en las
resoluciones del 39º Congreso del PSOE,
que recogían en la exclusión de la "religión confesional" del
"currículo". El congreso socialista también aprobó acabar con las
exenciones, singularmente del IBI, cuando los bienes
generen ingresos o no sirvan a finalidades sociales o de culto. A ello se añadió la aprobación en el Congreso, en febrero de 2018, de una
proposición no de Ley (PNL)
que instaba al Ejecutivo, entonces del PP, a "dejar la religión
confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo
y del horario escolar", y a la "derogación" de los acuerdos con el
Vaticano.
Y llegó moción de censura.
El poder y sus limitaciones.
La aritmética parlamentaria. Sánchez, que nunca ha dispuesto de
mayorías estables, no ha materializado la mayoría de sus compromisos
laicistas. Su iniciativa tocante a la Iglesia más significativa fue
sacar los restos de Franco
de la basílica del Valle de los Caídos. De lo demás, se ha avanzado
poco. Incluso ha ido bajando el listón. En las elecciones de abril de
2019 el PSOE borró de su programa la
denuncia de los acuerdos con el Vaticano. El documento actual más vinculante es el
acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos,
con compromisos más escuetos que los de aquel Sánchez que hizo campaña
puño en alto para ganar las primarias del PSOE. Ejemplos: no se
mencionan los
acuerdos de 1976-1979, ni el artículo 16.3 de la Constitución, ni la autofinanciación de la Iglesia, ni su fiscalidad...
¿Significa eso que son temas enterrados? No necesariamente. Los dos
primeros –acuerdos con el Vaticano y Constitución– parecen inabordables
ahora, pero los otros dos pueden tener cabida en el
espacio de diálogo que ha abierto el Gobierno con la jerarquía católica. Tras la elección como presidente de la Conferencia Episcopal del cardenal Juan José Omella, de perfil
aperturista y dialogante,
se aprecia un tono diferente en el Gobierno, más confiado en el
acuerdo. El Ejecutivo cree que los cambios de nombres son favorables. No
sólo en la cúpula eclesial. También ha cambiado el hombre del Vaticano
en España. El nuevo nuncio, Bernardito Auza, ha sido nombrado por
Francisco, que lleva desde su elección tratando de cuajar en España una
mayoría de dignatarios afín a sus tesis reformistas. Auza es tenido, al
igual que Omella, por hombre templado. El anterior nuncio, Renzo
Fratini, deja el recuerdo de su acusación al Gobierno de haber "
resucitado a Franco" con la exhumación.
Perfiles distintos, entonces. Pero los temas son los mismos. Carmen Calvo y Omella, en su
primer encuentro formal en junio,
acordaron abrir un espacio de diálogo y negociación, para lo que el
Gobierno ha nombrado como responsable a Antonio Hidalgo, subsecretario
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Los temas
admitidos como parte de la negociación son: fiscalidad, protección de
los menores, inmatriculaciones y educación. Pero hay más cuestiones de
mutua incumbencia.
infoLibre repasa los asuntos pendientes.
Privilegios económicos
Carmen Calvo ha sido la ministra que más ha hecho por mantener vivas
las expectativas de cambio de la posición de la Iglesia. En octubre de 2018
mantuvo en el Vaticano una reunión con el secretario de Estado Pietro Parolin, en la que abordaron una posible reforma de la fiscalidad eclesial. Un tema mayor. La Iglesia no sólo conserva
intactos los privilegios de 1976-1979. Es que, además,
ha incumplido su parte del acuerdo,
al no avanzar hacia la autofinanciación, un compromiso firmado pero sin
fecha. La mejor prueba de que incumple este propósito es que el Estado
le dedica
cada año más de 250 millones de euros públicos
directamente inyectados en las arcas de la Iglesia diocesana tras
recaudarlos de los impuestos de todos los contribuyentes vía IRPF
La Ley de Mecenazgo de 2002 mejoró incluso su posición. ¿Por qué? La Iglesia se beneficia de una
exención fiscal generalizada. En el caso del IBI, por ejemplo, la Iglesia se libra de pagar
incluso cuando hace negocio con los inmuebles poniéndolos en alquiler.
Esto ocurre con viviendas, hoteles y locales para todo tipo de
negocios. La justicia europea ya ha rechazado mediante una sentencia
referida a Italia exenciones iguales que las que disfruta en España la
Iglesia. Fue en 2018. Una sentencia del Tribunal de Luxemburgo obligó a
Italia a cobrar el impuesto municipal atrasado por inmuebles con uso
comercial. El fallo evitaba que una ventaja fiscal adulterase la
competencia en el mercado.
Incluso el papa Francisco
ha afirmado que la Iglesia sólo debería exenta del pago de impuestos en
casos en los que haya justificación religiosa o caritativa. Italia, de
hecho, ya ha introducido reformas para que la Iglesia no pueda hacer
negocio con ventaja fiscal. Calvo sostiene que el modelo italiano ofrece
la
pista adecuada para la solución. No sólo la voluntad del Gobierno amenaza la posición fiscal de la Iglesia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya
ha rechazado una exención de un impuesto local de obras en un colegio católico en Getafe. En España también ha habido
una sentencia que golpea a la Iglesia en este punto.
El Obispado de Mallorca renunció en 2018 a recurrir un fallo que
permite al Ayuntamiento de Escorca cobrar el impuesto por una panadería,
una hospedería y una tienda de recuerdos. Como no hubo recurso, el tema
no llegó al Supremo. De modo que, de momento, la jurisprudencia sonríe a
la Iglesia. Pero
la justicia europea es clara y es previsible que tarde o temprano el tema acabe dirimiéndose allí.
La rebaja de las exenciones fiscales no sería únicamente impactante por las cifras –que se desconocen, aunque se estima en
700 millones sólo en IBI–, sino porque un ajuste fino obligaría a la Iglesia y sus organizaciones a mayor transparencia patrimonial.
Autofinanciación
El diálogo sobre fiscalidad se desarrolla con una mirada de reojo al
Tribunal de Cuentas, cuyo informe preliminar sobre los fondos públicos
dedicados a la Iglesia desvelada descontrol y opacidad, como publicó
infoLibre [ver
aquí y
aquí].
Está por ver hasta qué punto el informe final mantiene las primeras
conclusiones, que eran durísimas. Ejemplos del informe. La memoria con
la que la Iglesia explica qué hace con el dinero que recibe del Estado
vía IRPF no tiene valor justificativo. El Gobierno no hace ningún
seguimiento. El
dinero dedicado por la Iglesia a la televisión Trece
podría constituir una ayuda ilegal de Estado. La Iglesia no ha hecho
avances hacia su comprometida autofinanciación. Como ha afirmado
Alejandro Torres, profesor de Derecho Público de la Universidad de
Navarra, la Iglesia "es el eterno adolescente de 40 años que nunca se va
de casa". Calvo ha afirmado que sobre el IRPF hay "un espacio de
reflexión" abierto, pero no hay concreción sobre si habrá cambios.
"La Iglesia tiene un compromiso de autofinanciación. Claro,
no puso fecha, pero ya va siendo hora de que el Estado de la exija.
La ciudadanía no tiene por qué pagar las creencias religiosas de nadie.
Es fundamental eliminar las dos casillas [la de la Iglesia y la de
fines sociales] de la declaración de la renta. Es injusto que los
católicos marquen la casilla sin que les cueste nada pero el dinero que
se detraiga de la bolsa común de todos", señala Asunción Villaverde,
filóloga y activista del movimiento laico. A su juicio, el modelo justo
sería el alemán: el que marca la equis aporta de más de su bolsillo.
Inmatriculaciones
Una asignatura suspendida hasta la fecha por los Ejecutivos de
Sánchez, que se puso a sí mismo la tarea y no la sacado adelante. El
Ministerio de Justicia anunció en el verano de 2018 la publicación de un
listado de bienes inmatriculados. En agosto, hace ya casi dos años, el
Gobierno aseguraba que estaba "procesando los datos". Y todavía nada: ni
listado, ni fecha. Ahora Justicia remite al Ministerio de Presidencia,
que lleva las relaciones con las confesiones religiosas. Y en el
departamento de Calvo se limitan a señalar que el tema está sobre la
mesa.
La idea de una reversión de las inmatriculaciones de bienes públicos,
alentada por el propio Gobierno
y que le deparó numerosos titulares, se ve hoy lejana. El programa de
PSOE y Unidas Podemos prevé "modificaciones legislativas" para
"facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente
por la Iglesia". Es difícil saber cuántas de las decenas de miles de
inmatriculaciones se verían afectadas. En marzo, el Gobierno volvió a
negar el listado de bienes inscritos, en este caso al senador de
Compromís Carles Mulet, explicando que el informe "se está elaborando".
Las
inmatriculaciones
son un problema serio para la Iglesia, tanto para su imagen como –si
llegara a haber reversiones– para su patrimonio. No obstante, es difícil
que sea desposeída de los bienes inmatriculados. Se trata de una
batalla larga y de final incierto que, si la Iglesia no colabora,
debería dirimirse caso a caso en los tribunales. Sin acuerdo con la
Iglesia, incluso la más modesta pretensión del Gobierno podría
convertirse en un
calvario judicial.
"Lo prioritario es publicar el listado, porque rompería la columna vertebral de opacidad que reina sobre todo este asunto",
señala Andrés Valentín, portavoz del movimiento contra las
inmatriculaciones en Navarra, donde se destapó el caso. Valentín expresa
el temor a un pacto discreto sobre 3.000 bienes "negociables", que
acabe dejando en nada o casi nada la reversión. "Y no nos olvidemos de
los bienes ya vendidos, que son irrecuperables [ver
aquí un caso].
El jurista Antonio Manuel Rodríguez ha realizado una triple propuesta
para encauzar el problema. 1) Que las inmatriculaciones sean entendidas
nulas, de modo que se regrese a la situación anterior a las
inscripciones y, desde ahí, la Iglesia pudiera registrar
sólo aquello de lo que puede aportar documentación acreditativa,
y no sólo la firma del obispo; 2) Un pacto de Estado entre España y el
Vaticano que establezca los límites de la titularidad de los bienes,
preservando el carácter estatal de los más relevantes, como los templos;
2) Una solución legislativa propia
ad hoc.
Abusos
Vuelta a la reunión de Calvo con Parolin. La vicepresidenta anunció
entonces a las autoridades pontificias la adopción de medidas para
la imprescriptibilidad de los abusos sexuales. La iniciativa se ha empezado a concretar con la aprobación en junio en el Consejo de Ministros del
proyecto de ley de protección de la infancia,
que extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves
cometidos contra menores modificando el día de comienzo de cómputo del
plazo. Se contará, si se aprueba, a partir de que la víctima haya
cumplido los treinta años. Se trata de una medida en línea con las
reclamadas por las asociaciones de
víctimas de pederastia,
un fenómeno que lleva más de una década sacudiendo de arriba a abajo a
la Iglesia, y que está incluida en la mesa de negociación entre el
Gobierno y la CEE.
La CEE no responde a las preguntas de este periódico para este
artículo. La Iglesia se encuentra ahora mismo en proceso de aplicar las
instrucciones del papa y su política de tolerancia cero, entre ellas
la apertura de oficinas de apoyo a las víctimas
y la aplicación de protocolos reforzados en cada una de las 70
diócesis. No obstante, las asociaciones de víctimas elevan el listón.
Organizaciones como Ending Clergy Abuse e Infancia Robada han apuntado a
tres obligaciones que, a su juicio, la Iglesia debe asumir el clero:
indemnizar a las víctimas, establecer la denuncia automática de los
casos y expulsión inmediata de todos los abusadores.
Educación
La educación está en la mesa de negociación. Tiene dos frentes: 1) La
asignatura de Religión. 2) La concertada. El programa de PSOE y Unidas
Podemos señala lo siguiente: "La asignatura de Religión será de carácter
voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura
alternativa ni la nota sea computable". La
Ley Celaá,
que intenta sustituir a la Lomce y está en tramitación, así lo
establece. En cuanto a la concertada, se concitan más intereses.
Más del 60% de la concertada –privada financiada con fondos públicos– es de la Iglesia, que
viene compensando en las aulas la secularización de la sociedad. La
Ley Celaá
no se opone formalmente a la concertada, pero tanto la CEE como los
grupos de presión católicos están alerta. Tienen motivos. PSOE y Unidas
Podemos se han comprometido a eliminar la "
segregación escolar",
un fenómeno que todos los estudios vinculan a al boom de la concertada.
El Gobierno también quiere eliminar la financiación pública de colegios
que segregan por sexos, una medida que afecta al Opus Dei.
"
Habría que eliminar los conciertos a los colegios religiosos.
Un Estado aconfesional no puede estar subvencionando una escuela
confesional. Es perverso", señala Asunción Villaverde. Jorge García,
presidente de Movimiento Hacia un Estado Laico, cree que un gobierno
progresista tiene que apostar fuerte por "una escuela pública bien
dotada económicamente y laica", que deje la religión en el ámbito
familiar.
Libertad de Conciencia y Eutanasia
PSOE y Unidas Podemos acordaron aprobar una
Ley sobre Libertad de Conciencia "que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad". La norma recoge el testigo del frustrado proyecto de
José Luis Rodríguez Zapatero,
que guardó su proyecto en un cajón en su segunda legislatura. La actual
ley es de 1980. A juicio de Jorge García, lo idóneo sería la derogación
de los acuerdos con el Vaticano y, a partir de ahí, reconstruir la
relación Iglesia-Estado desde una perspectiva aconfesional y acorde a la
secularización social. ¿
Es verosímil esta posibilidad?
Hay que considerar que una medida así requiere su aprobación por las
Cortes y, previsiblemente, un problema diplomático con el Vaticano.
Difícil. Más factible se antoja una Ley de Libertad de Conciencia que,
al menos, "dé contenido al artículo 16.3 de la Constitución, que ahora
mismo no lo tiene", señala Jorge García. Y lo explica: "La Constitución
dice que somos un Estado aconfesional, para a continuación decir que hay
que cooperar con la Iglesia. Al final es un marco que se ha quedado al
albur interpretativo, generando en la práctica
una confesionalidad".
"¿En qué se traduce para la Iglesia esa 'cooperación'. En todo.
Exención de impuestos, etcétera, etcétera", apunta Villaverde, que
también cree que sin modificación del artículo 16.3 y derogación de los
acuerdos con la Iglesia los cambios serán insuficientes. “Mi opinión es
que deberíamos decir claramente que España es un país laico y que no
tiene religión oficial como decía el artículo 3 de la Constitución de
1931: '
El Estado Español no tiene religión oficial'. Así de fácil. Evitaríamos interpretaciones malintencionadas".
La Ley de Libertad de Conciencia no forma parte del catálogo de
asuntos sobre la mesa de negociación del Gobierno y la Iglesia.
Lógicamente. Tampoco la Ley de Eutanasia, otro proyecto en trámite que
puede
erizar las relaciones del Ejecutivo con la jerarquía
y los sectores católicos más duros. Pero eso no significa que no tengan
relevancia en la negociación. Hay numerosos autores que han estudiado
la meticulosa arquitectura político-jurídica de las relaciones modernas
entre el Estado y la Iglesia. Son destacables el trabajo del catedrático
Alejandro Torres; de Ángel Luis López Villaverde, que ha buceado en los
orígenes históricos de su acceso a "las llaves de las almas, las aulas y
las arcas"; y Alberto de la Hera, que ha examinado la transición desde
el
statu quo nacionalcatólico al aconfesional. De sus
aproximaciones se concluye algo: en las complejas relaciones
Iglesia-Estado aspectos inconexos se acaban afectando entre sí. ¿Y si
una solución acordada a los temas pendientes entre la Iglesia y el
Gobierno acabase con la primera visita a España del papa Francisco?
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Fuente:
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/16/xxxx_108981_1012.html
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