Sr. Director:
A estas alturas del siglo XXI en España se ponen en duda derechos/deberes y libertades propias de un Estado de Derecho, de un Estado democrático. Esto es así porque el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos no reconoce que todos tenemos derecho al ejercicio, promoción y defensa de lo que nos es más íntimo: la libertad y la vida trascendental.
España con su Carta Magna, la Constitución, había alcanzado un consenso en materia de educación que viene reflejado especialmente en sus artículos 16 y 27, inspirando leyes educativas que regulaban el ejercicio de derechos/deberes y libertades.
Pues bien, en estos momentos se agrava para los padres y madres ese ejercicio pues la Sra. Celaá, Ministra de Educación, tramita en el Parlamento su propuesta de Ley educativa, denominada LOMLOE, justo en el momento menos oportuno por la crisis sanitaria, social y económica de la Covid-19, poniendo en tela de juicio ese consenso ya que ha redactado su propuesta educativa de modo unilateral y arbitrario. Por tanto, lo que está en juego es la misma libertad con todas sus consecuencias.
Todo esto perjudica a la libertad de enseñanza, de elección de centro educativo y a la enseñanza de la religión en la escuela aplicando un laicismo excluyente que se había superado con la Constitución, algo que estoy segura que a la sociedad civil no le interesa pues como se demuestra en cada curso escolar la enseñanza de la religión católica viene refrendada por las familias en porcentajes altos (61%, cerca de 3.300.000 millones de alumnos), lo que pone de manifiesto que se la elige porque es fundamental para la educación integral de los hijos. Además, se la elige libremente pues nadie está obligado a cursar la materia.
La escuela debe ofrecer esta asignatura porque la educación integral es su finalidad. Pero esta educación, al no existir un Pacto de Estado, vuelve a estar sometida a los vaivenes de las ideologías de los partidos de turno, en este caso por el PSOE y Unidas Podemos que no aprecian su carácter académico. Hay que decir que fue voluntad del PSOE abandonar la mesa que estudiaba un Pacto Educativo de Estado.
En la gran mayoría de los países de Europa (exceptuando parte de Francia porque en Alsacia y Lorena la asignatura se basa en el Régimen Concordatario), existe la asignatura de religión en el currículo escolar, de modo estable y regular, con una carga lectiva semanal que en algunos de ellos llega a las 3 horas de clase, estando incluida de distintos modos.
Una vez más, el Gobierno evita fijarse en Europa o en los países que tienen un alto grado de desarrollo y de éxito escolar como es el caso de Finlandia, Dinamarca, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Reino Unido, Alemania, donde estas enseñanzas tienen carácter confesional, obligatorio o de posible exoneración en algunas regiones de estos países, incluso con valoración de exámenes públicos.
Por el contrario, nuestro Gobierno de coalición ignora el valor académico y la necesidad de cursar la asignatura de religión para el desarrollo integral y promoción cultural y social de la persona, limitando o dificultando su elección al proponer eliminar la materia alternativa a la religión, el valor de la nota media para la EBAU y las becas, la evaluación misma, dificulta su encaje en el horario escolar y peligra la carga lectiva que ya de por sí es insuficiente.
En primera instancia pertenece a las familias la reivindicación de su participación política en estos asuntos al ser las primeras y originarias responsables de la educación de sus hijos. La función del Estado ha de ser subsidiaria de la familia y el Gobierno se debe al cumplimiento del principio de subsidiariedad, y así ha de ser la presencia y apoyo a la familia por parte de la Iglesia y del profesor de religión.
Por ello, tanto las familias, como a nivel individual, asumimos esta responsabilidad en la educación integral de los hijos y reclamamos los derechos de la libertad de enseñanza, de elección de centro educativo, según las necesidades de cada uno, de educar a los hijos según las propias convicciones morales y religiosas.
Propongamos una presencia curricular de la asignatura de religión católica, de elección libre, seria y rigurosa, con una carga lectiva digna (2 horas semanales), con una asignatura alternativa también seria y rigurosa, que se mantenga el valor de la evaluación, que es un criterio pedagógico imprescindible en la enseñanza curricular y el valor de la nota para la media y las becas. Propongamos que la libertad de elegir centro educativo se mantenga, no permitiendo que la “demanda social” se elimine, todo ello porque en democracia prima la voluntad de las personas sobre las ideologías, estructuras, e instituciones.
Por Julia Gutiérrez Lerones, delegada de Enseñanza del arzobispado de Valladolid ( mayo 2020)