El pasado junio, cuando
Isabel Celaá (Bilbao, 1949) tomó posesión de su cargo como ministra de Educación
confiaba en que contaría con la mayoría parlamentaria necesaria para sacar adelante una nueva ley. Ocho meses después, esa mayoría parlamentaria ha forzado a su Gobierno a un
adelanto electoral y ha abocado a Celaá a llevar hoy
in extremis al
Consejo de Ministros el proyecto de la nueva ley orgánica de Educación, el mismo día que el presidente
Pedro Sánchez anunciará la fecha de las elecciones.
“El esfuerzo no ha sido en vano”, asegura la ministra, que defiende que
su departamento ha sido capaz de armar una nueva normativa en “tiempo
récord” que, además, cuenta con el consenso de la comunidad educativa
—han analizado más de 43.000 correos electrónicos de ciudadanos y un
centenar de asociaciones educativas con propuestas sobre la nueva ley—.
Además,
la oposición política a la Lomce
llevó en 2013 a los grupos parlamentarios —a excepción de UPyD y los
dos diputados de UPN y Foro Asturiano— a acordar por escrito el
compromiso de derogar la Lomce en la siguiente legislatura.
Pregunta. Con la tesitura actual, está claro que
esta ley tendrá que aprobarse en una nueva legislatura. El PP, con
mayoría absoluta, tardó dos años en aprobar la Lomce. ¿Siente
frustración después de tanto esfuerzo?
Respuesta. El trabajo no ha sido en vano. Sea cual
sea el derrotero que socialmente tome el país, este proyecto de ley
acabará tramitándose. A diferencia de lo que algunos afirman, nuestro
sistema educativo tiene una gran estabilidad. Desde 1990, apenas ha
experimentado cambios en estructuras, etapas o en el sistema de
conciertos. Con la excepción de la Lomce de 2013;
Ignacio Wert
(exministro de Educación con el PP) interrumpió ese equilibrio y su
normativa agravó el índice de abandono escolar temprano. Implantó los
itinerarios para los alumnos de la ESO,
lo que supuso dividir a los alumnos en función de sus resultados
académicos a los 13 o los 14 años, una discriminación a una edad
temprana en la que todavía no saben a qué se quieren dedicar. Para los
repetidores sin visos de aprobar, crearon el programa de
Formación Profesional Básica,
que directamente los situaba en tierra de nadie. Buena parte de esa
formación se convertía en abandono escolar. Nosotros hemos cambiado todo
eso y este país necesita nuestra ley.
P. El PP defiende el modelo de los itinerarios que, en países como Alemania,
lleva asociado una tasa de paro juvenil por debajo del 7% (frente al 36% de España). Conducir a todos los alumnos a la Universidad, ¿es una buena solución?
R. Muchos
länder alemanes están evitando
ese modelo, el de separar a los estudiantes a los 11 años. Todas las
directrices internacionales, como es el caso de la
OCDE o la
Unesco,
señalan que no se les separe hasta que son más mayores. La separación
temprana no permite al alumno salir de sus condiciones de origen. Con 15
años, ya han tenido tiempo en la escuela para superar esas
limitaciones.
“Las autonomías han enriquecido el texto de la ley, salvo las cinco del PP”
P. El pacto educativo en este país, ¿se da por imposible?
R. Más allá del
PP y
Ciudadanos,
que como se ha visto están con la preocupación de sacar al Gobierno de
la Moncloa, hay un apoyo muy importante del resto de partidos de la
oposición. Hemos contado con el respaldo del
Consejo Escolar del Estado
y las autonomías han hecho aportaciones y enriquecido el texto de la
ley, salvo las cinco gobernadas por el PP. El pacto educativo se tiene
que dar en la financiación, llegar progresivamente al 5% del PIB. Eso
debe estar exento de turbulencias, tanto económicas como políticas.
P. ¿Tienen pensado crear una comisión para analizar qué aspectos de la ley se podrían rescatar y aprobar por real decreto?
R. Esta ley no es un sumatorio, configura un sistema. El mundo no se acaba, y nosotros (
PSOE)
seguiremos impulsado desde donde estemos este proyecto, que tiene el
respaldo suficiente para salir adelante. La vida sigue y, una vez
conocido el texto, será la comunidad educativa la que empuje el proyecto
porque lo quiere.
P. La
ley Celaá
ha sido criticada por permitir a las comunidades, como Cataluña,
escoger las horas lectivas que se imparten en catalán y en castellano.
R. El proyecto de ley, que la próxima semana estará
en el Congreso para su tramitación, respeta el artículo 3 de la
Constitución, que dice que el castellano es lengua oficial del Estado,
pero las lenguas cooficiales lo son en sus respectivas comunidades.
Las derechas tienen mucho interés en utilizar las lenguas desde la perspectiva política y electoral.
Parece que no se reconoce la diversidad lingüística, pero luego Aznar
cuando tuvo que pactar hablaba catalán en la intimidad. No enfrentemos a
los ciudadanos por las lenguas.
“El pacto educativo se tiene que dar en la financiación: llegar al 5% del PIB”
P. Entre las novedades de su proyecto de ley, figura
el desarrollo de una normativa para la etapa de cero a tres años. El
problema es que no hay dinero.
R. En España, la
esolarización de tres a seis años supera el 97%;
lo mismo tenemos que conseguir en el cero a tres. Hay que elaborar un
marco regulatorio con los requisitos mínimos de titulación de los
maestros o de las infraestructuras. Las comunidades no podrán tener en
un piso nido a cuatro bebés a cargo de un solo cuidador. Hay que darle
una impronta a la educación infantil. Eso consume recursos y por eso la
ley se tiene que implantar de forma progresiva. La universalización del
cero a tres es posible, pero no se puede hacer por arte de magia.
P. La ONU concluyó en 2018 que España separa a
los alumnos con discapacidad en escuelas especiales. Su proyecto pretende que en 10 años se incorporen los que lo deseen a las aulas ordinarias.
R. En 1985 se fijó la tarea de incorporar a esos
alumnos en centros ordinarios para que tuviesen más contacto con otros
estudiantes. Hace 15 años el proceso empezó a ralentizarse, hasta el
punto de que solo se han incorporado a las aulas un 3% de esos niños.
Nuestra intención no es que se cierren los centros de educación
especial, que son un referente para aconsejar al resto de los colegios.
Obviamente, habrá que hacer un esfuerzo presupuestario para dotar a los
centros de los recursos necesarios.
P. Uno de los grandes problemas del país es la
concentración del alumnado de perfil socioeconómico bajo en los mismos centros. ¿Esta ley intenta poner coto al sistema de admisión de la concertada?
R. Hemos trabajado bastante los criterios de
admisión con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y de
acceso. La Lomce permite que los llamados centros especializados reciban
un tratamiento distinto por parte de la Administración, tanto en sus
recursos como en los criterios de admisión. Eso es intolerable y es otra
de las cuestiones que hemos regulado en esta nueva normativa.
Fuente:
https://elpais.com/sociedad/2019/02/14/actualidad/1550174185_243901.html?fbclid=IwAR22B6qs-7mkW0-tEtYhozLRxGLlNfcnvFtCBAnC4RKfrjrfhJcnXYUECC0
La Ministra de Educación, Celaá, en una entrevista concedida al
periódico El País, reconoce que su LEY EDUCATIVA tendrá que esperar otra
LEGISLATURA.
Aún así el Consejo de Ministros ha aprobado esta
mañana el Proyecto de Ley de Educación para derogar la Lomce, sabiendo
que al adelantarse las elecciones, decae y no se puede tramitar ni
aprobar.
Pero este Consejo de
Ministros ha dejado claro que ningunea el Informe del Consejo Escolar
del Estado y omite el Informe del Consejo de Estado, este último,
obligatorio.
¿Querrán usar los argumentos que hipoteticamente hubiera podido esgrimir el Consejo de Estado como propaganda electoral?
Finalmente también ningunea a los agentes sociales:
1) a los Sindicatos con interés en el tema de la Educación en general
2) y en concreto a los Sindicatos específicos con interés en la
asignatura de Religión Confesional, con interés en su horario (que ha de
ser suficiente científica y pedagógicamente para impartirla con rigor) y
con interés en qué exista la asignatura de educación en valores
alternativa a la religión confesional, que termina de concretar para
todos los españoles, sin agravios comparativos, los derechos
fundamentales recogidos en el artículo 27, 3 de la Constitución, tal
como se reconoce en la SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 31/2018,
DEL 10 DE ABRIL, PUBLICADA EN EL BOE DEL 22 DE MAYO DE 2018.
Ver
http://www.apprece-a.es/vernoticia.php?id=851
Desde APPRECE entendemos que en Andalucía la situación de la ERE debe
estar determinada por la anterior Sentencia del Tribunal Constitucional y
por las Sentencias del Tribunal Superior de Justicua de Andalucía de
los Recursos interpuestos solamente por APPRECE contra:
- La
Orden de primaria que permitía (mediante la intervención de los
directores de los colegios) la reducción de la asignatura de religión a
45 minutos. Está Orden está anulada por la sentencia a favor de APPRECE
del TSJA.
- La Orden de Secundaria que reducía una hora en
Tercero de la ESO. Está Orden está anulada por la sentencia a favor de
APPRECE del TSJA.
Fuente:
https://www.facebook.com/groups/BlogProfesoradoReligion/permalink/2289264481131062/
En los
próximos días comienzan los cursos online con introducción a la lectura de la
Biblia, profundizar en el evangelio de san Lucas o sumerginos en los
manuscritos del mar Muerto o el libro de los Salmos.
