"Era una cuestión prioritaria y urgente para este Gobierno
abordar de forma inmediata la modificación de los aspectos más
segregadores y negativos de la LOMCE -
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa-,
los que estaban causando mayores daños a nuestro sistema educativo,
apartándolo de forma preocupante del objetivo de equidad", ha señalado
la ministra y portavoz del Gobierno.
El anteproyecto -denominado de Ley Orgánica por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación-
se encuentra en trámite de audiencia e información pública, por lo que
está abierto a sugerencias de toda la comunidad educativa. "Abrimos
ahora un tiempo para la aportación y el diálogo", ha subrayado Celaá.
Derogación completa de la LOMCE
La ministra ha recordado que la LOMCE no es en sí misma una ley
reguladora de todo el sistema educativo, sino que se limitó a modificar
diversos aspectos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE), así como algunos otros aspectos concretos de la
LODE y la
Ley Orgánica de Universidades (en lo que respecta al acceso a la universidad).
"Desde el punto de vista jurídico, limitarnos simplemente a derogar
la LOMCE, que a su vez, modificó parcialmente otra ley anterior -la
LOE-, no resolvería los problemas planteados, puesto que las
modificaciones permanecerían en la LOE modificada en 2013. Además, esa
decisión de derogación sin otros cambios introduciría una situación
jurídica contraria a la deseable claridad que deben perseguir todas las
normas jurídicas", ha detallado Celaá.
"Desde el punto de vista de su contenido, y en coherencia con el
compromiso político anunciado, nos limitamos a modificar los aspectos
más controvertidos que la LOMCE incorporó a la LOE, sin perjuicio de
que, con dicho objetivo, y únicamente desde el punto de vista de la
técnica jurídica utilizada, se hable de derogación formal de la LOMCE",
ha explicado la ministra.
Celaá ha informado de que se hará público un texto consolidado de la
LOE, tras las modificaciones que ahora se proponen con este
anteproyecto, que facilite su comprensión y lectura.
Un título único al final de la ESO
El anteproyecto elimina los itinerarios de la ESO y se modifican los
PMAR (Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento), estableciendo
los Programas de Mejora de las Oportunidades a partir de 3º de la ESO.
Con ellos se podrá obtener el título único de la ESO que permitirá
acceder tanto al bachillerato como a la formación profesional, a
diferencia de lo que sucedía con las reválidas académicas y aplicadas
que proponía la LOMCE.
También la FP Básica permitirá obtener tanto el título de Graduado en
ESO como la cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales. "Queremos que todos tengan las mismas
oportunidades. Que los caminos no sean irreversibles en una edad en la
que no se ha completado la madurez", ha subrayado Celaá.
Disminución del índice de repetición
Otro de los objetivos de la nueva ley es que disminuya el índice de
repetición. "Como nos recuerdan continuamente los organismos
internacionales, en el modelo español se abusa mucho de la repetición
como fórmula de solución del bajo rendimiento", ha recordado la
ministra. "La repetición debe ser la última de las opciones", ha
añadido.
De esta forma, el anteproyecto contempla que si el estudiante debe
repetir, esta decisión tiene que adoptarse de manera colegiada por todo
el equipo docente, previa constatación de que se han adoptado medidas
previas y se han evaluado sus resultados. Si el alumno o alumna
finalmente repite, lo hará con un plan individualizado de repetición,
cuyo seguimiento realizará un docente del centro.
Sobre la posibilidad de que, en determinados casos, se pueda superar
el bachillerato con una asignatura suspensa, Celaá ha destacado que es
una medida que los centros ya aplicaban "de facto, sin haber desatado
polémica alguna" y en países como Francia o Reino Unido. También es una
práctica habitual en el Bachillerato Internacional.
"Solo se trata de posibilitar que el equipo profesional de cada
centro analice las circunstancias de cada estudiante como, de hecho, ya
sucede, y decida y valore la posibilidad de que una asignatura no le
haga perder un año completo", ha destacado la titular de Educación. La
medida, que se plantea solo para determinados casos, está sujeta a las
restricciones que marque el Gobierno.
Un Bachillerato más flexible
Respecto al Bachillerato, seguirá siendo de dos años, pero los
estudiantes que hayan finalizado el primer curso con más de dos
asignaturas suspensas no tendrán que repetir el curso completo, sino
solo las materias pendientes. Asimismo, si cumplen los requisitos que se
establezcan, podrán matricularse de alguna asignatura del segundo curso
siempre que así lo considere el equipo pedagógico y que no sea una de
las suspensas, pero no se podrán matricular del segundo curso completo.
Los estudiantes que suspendan una o dos materias sí podrán pasar al
segundo curso de Bachillerato y recuperar las pendientes, tal y como
sucede actualmente. El objetivo es flexibilizar esta etapa educativa y
motivar a los alumnos para que continúen en el sistema, especialmente a
los que se encuentren en situaciones socioeducativas más complejas.
Religión no computable y sin asignatura espejo
El tratamiento que el anteproyecto da a la asignatura de Religión se
atiene estrictamente a los acuerdos firmados con la Santa Sede. La
religión seguirá siendo de oferta obligada para los centros y de opción
voluntaria para el alumnado. "Esta regulación, que se mantuvo hasta
2013, era un acuerdo sólido que no planteaba conflicto social", ha
recordado Celaá.
Esta asignatura seguirá siendo evaluable. Como en todo proceso de
aprendizaje, el docente deberá hacer entender a sus alumnos y alumnas lo
que ya han aprendido y aquello en lo que necesitan seguir
profundizando, y traducirá esta valoración en una nota. Sin embargo, la
ministra ha puntualizado que esta calificación no será computable para
la obtención de una beca, ni para la prueba de acceso a la universidad
"porque ello no sería justo para quienes libremente eligen no cursar
esta materia".
El anteproyecto no establece otra asignatura espejo como alternativa a
la religión. "El derecho de unos a cursar estas enseñanzas religiosas
no puede conllevar la obligación de otros a estudiar algo que no han
elegido", ha resaltado la ministra.
Valores cívicos y éticos
En cuanto a la asignatura de Valores cívicos y éticos, se impartirá
esta materia en un curso tanto de la Educación Primaria como de la
Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de que además, por su
carácter transversal, estos aprendizajes estén presentes en todas las
materias.
"La educación en valores es un pilar básico del desarrollo personal y
la piedra angular de una sociedad moral y democrática. Un aprendizaje
imprescindible para formar ciudadanos, que la escuela tiene por tanto
que garantizar para todos los alumnos y alumnas", ha declarado la
ministra y portavoz del Gobierno.
Participación de la comunidad educativa
El anteproyecto también pretende restaurar la participación de toda
la comunidad educativa en la planificación y gestión de los centros. Por
ello, se establece un equilibrio entre sus representantes en los
Consejos Escolares y se les otorga una mayor responsabilidad en la
elección del director o directora y la gestión y evaluación de los
centros escolares.
"Queremos que el aprendizaje de la cultura democrática para los
alumnos empiece desde la participación e implicación en la gestión de la
vida interna de las escuelas. Si vivimos en una democracia, nuestros
alumnos también deben aprender en escuelas democráticas organizadas como
tales", ha subrayado Celaá.
Se propone también acercarse a un perfil de director que, además de
garantizar su competencia para la gestión del centro, pueda asumir
realmente el papel de liderazgo pedagógico y de impulsor de la
innovación educativa, papeles que sabemos que contribuyen decididamente a
la mejora de los centros.
Evaluaciones de diagnóstico
La ministra ha señalado que la descentralización autonómica exige una
adecuada evaluación del sistema educativo por parte del Estado. Por
ello, en el último curso de Educación Primaria y de Educación Secundaria
Obligatoria las administraciones educativas llevarán a cabo, con
carácter muestral y plurianual, una evaluación de diagnóstico de las
competencias básicas alcanzadas por los alumnos y alumnas.
"Este instrumento permitirá al Estado disponer de una información
valiosa para velar por el adecuado equilibrio territorial que establece
nuestra Constitución", ha señalado la titular de Educación.
Tratamiento de las lenguas cooficiales
Respecto a las competencias educativas del Estado y las comunidades
autónomas, en el marco del respeto constitucional, la cooperación y la
lealtad institucional, el texto plantea volver a la distribución de
competencias en relación con el currículo en todas las etapas del 55%
marcado por el Gobierno en comunidades con dos lenguas oficiales y del
65% del Ejecutivo en regiones con una sola lengua oficial. A las
comunidades les corresponden los porcentajes restantes (45% y 35%
respectivamente), que completarán con los aprendizajes que consideren
necesarios. "Este reparto competencial ha estado funcionando en los 17
años anteriores a la LOMCE sin generar ningún tipo de polémica", ha
recalcado Celaá.
En cuanto al tratamiento de las lenguas cooficiales, la propuesta
trata de combinar de manera equilibrada la necesidad de garantizar el
aprendizaje del castellano con la presencia adecuada de las lenguas
propias de cada comunidad autónoma. "Se hace hincapié en la necesidad de
que todo el alumnado termine la educación básica con el nivel adecuado
en la capacidad de expresarse oralmente y por escrito en una y otra
lengua", ha subrayado Celaá.
Además, la propuesta incluye la previsión de que el nivel de
competencia logrado en cada una de las lenguas, el castellano y la
lengua cooficial, sea objeto de un análisis permanente por parte de los
centros que permita detectar y corregir las disfunciones en su
aprendizaje.
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