En
ReL estamos repasando las propuestas de los
cinco principales partidos de ámbito nacional que concurren a las
elecciones generales del 28 de abril en torno a los tres "
principios que no son negociables" para la Iglesia en "sus intervenciones en el ámbito público". Así
los definió Benedicto XVI en su discurso del 20 de marzo de 2006 en unas jornadas de estudio sobre Europa organizadas por el Partido Popular Europeo.
Tras abordar la posición de dichas formaciones políticas en torno a la "
protección de la vida en todas sus etapas" y el "
reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia", llega el turno del tercero, formulado así por el Papa Joseph Ratzinger: "
Protección del derecho de los padres a educar a sus hijos". O, según lo expresó en la exhortación apostólica postsinodal
Sacramentum Caritatis
de 22 de febrero de 2007 al hablar de la "coherencia eucarística" de
los políticos católicos: "La libertad de educación de los hijos".
Una visión general
En España, ese derecho de los padres está
garantizado por la Constitución en su artículo 27.3: "Los poderes públicos garantizan el
derecho
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Del mismo modo, "se reconoce a las personas físicas y jurídicas la
libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los
principios constitucionales" (art. 27.6).
Sin embargo, el mismo artículo establece que "la enseñanza básica es
obligatoria y gratuita" y que "los poderes públicos garantizan el
derecho de todos a la educación, mediante una
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la
creación de centros docentes".
Esto ha permitido al Estado y a las comunidades autónomas -que tienen
transferidas las competencias educativas- una intervención muy amplia en
la ordenación de ese derecho de los padres y de los titulares de
centros, dando lugar a
numerosos conflictos que han debido dilucidar los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y, en su caso, el Tribunal Supremo.
Básicamente, el sistema educativo español responde hoy a los
criterios académicos, docentes y organizativos establecidos por el PSOE durante las dos primeras legislaturas de Felipe González,
por medio de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985
y, sobre todo, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo (Logse) de 1990, cuyo espíritu siguió animando las posteriores
leyes del PSOE (Ley Orgánica de Educación, LOE, 2006) y, con leves
retoques, del PP (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa,
Lomce, 2013).
Dichos criterios son los de
la "nueva pedagogía", denunciados por la experta sueca Inger Enkvist, quien lamentó no hace mucho que hubiesen llegado a España (uno de los países con mayor
abandono escolar de Europa y con peores resultados en los
informes PISA)
cuando ya se había constatado su fracaso en los países escandinavos:
"Se da mucha importancia a la iniciativa del alumno, se trabaja en
equipo y, mientras desaparecen los exámenes, aparecen los proyectos y el
uso de las nuevas tecnologías. En general, parece que se va a la
escuela a hacer actividades, no a trabajar y estudiar. Se da más énfasis
a lo social que a lo intelectual.
En España esa tendencia empezó a llegar más tarde, con la LOGSE en 1990. Creo que es un error.
Por una parte, los alumnos con más capacidades no desarrollan todo su
potencial y, por otra parte, los que tienen una menor curiosidad natural
por aprender no avanzan. Además, muchos gustos son adquiridos, como la
historia, la lectura o la música clásica. Al principio pueden resultar
aburridos, pero, si alguien insiste para que tengamos una primera toma
de contacto, es posible que acaben gustándonos. Ahora muchos jóvenes
eligen sin haber conocido y, claro, eligen lo fácil".
Una nueva ley en marcha
Nada más llegar a La Moncloa tras ganar la moción de censura contra
Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018,
Pedro Sánchez puso
en marcha una reforma de la Lomce pactada con Podemos. Su tramitación
quedó en suspenso con la convocatoria de las elecciones, pero
será retomada si la izquierda radical puede reeditar su acuerdo de gobierno.
La nueva ley suscitó la alarma en varios ámbitos educativos por sus
recortes a los derechos de los padres a formar a sus hijos según sus convicciones
y por la amenaza a la libertad de los centros educativos mediante el
establecimiento de una suerte de comisariado político (bajo la figura de
representantes municipales y sociales) en los consejos escolares y la
eliminación de la demanda social
como factor para el establecimiento de los conciertos con entidades
privadas, que de esta forma quedan a discreción de las autoridades.
La asignatura de Religión no tendría valor académico ni contaría para la nota media ni se ofrecería una alternativa en horario lectivo, declaró la titular de Educación,
Isabel Celaá. Sin embargo, se restauraría la adoctrinadora Educación para la Ciudadanía ideada por el ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero: "
Crearemos una asignatura de valores cívicos y éticos, y no será optativa",
añadió la ministra. Lo cual es "una atrocidad contra la libertad de las
familias y una vulneración flagrante de su libertad", según afirmó en
respuesta el presidente de la Concapa (Confederación Católica de Padres
de Familia y Padres de Alumnos),
Pedro Caballero.
Por lo tanto, y exclusivamente desde el punto de vista del principio,
no negociable para los católicos, de la "protección del derecho de los
padres a educar a sus hijos", los puntos sobre los que hay que examinar
las intenciones y programas de los partidos son: la imposición de la
ideología de género
(bajo el eufemismo de "valores cívicos") en colegios públicos,
concertados de iniciativa social y privados; el valor académico de la
asignatura de Religión; y el mantenimiento del sistema de
educación concertada, que es el que afecta mayoritariamente a los colegios religiosos.
Imposición de la ideología de género
Los cuatro partidos nacionales que tienen actualmente representación parlamentaria coinciden en
imponer en los colegios la ideología de género, y eso independientemente de la titularidad pública o privada del centro y de su ideario.
La ley de protección integral contra la discriminación por diversidad
sexual y de género de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor en
julio de 2016, es la más célebre de las normas autonómicas en materia de
privilegios y multas LGTBI. Conocida como Ley Cifuentes porque fue
aprobada siendo presidenta de la región y del PP la popular
Cristina Cifuentes
(quien tuvo que dimitir al ser imputada por presuntos delitos de
cohecho y falsificación documental en la obtención de un máster),
establece en su artículo 29.2 que "la Comunidad de Madrid elaborará una
Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o
expresión de género. Las medidas previstas en este plan
se aplicarán en todos los niveles y etapas formativas y serán de obligado cumplimiento para todos los centros educativos", ya sea públicos, concertados o privados.
El
programa socialista para las elecciones generales
de 2019 recoge la propuesta de una nueva ley educativa que incluirá,
entre sus "enfoques transversales" (esto es, que se aplican en todas las
asignaturas y ámbitos educativos), "
la igualdad de género a través de la coeducación,
que ayude a prevenir la violencia de género", una expresión calcada de
la propuesta de reforma que quedó pendiente en esta legislatura. Al
presentarla en febrero de este año (un mes antes de la disolución de las
Cortes), la ministra Celaá recalcó que uno de sus enfoques
fundamentales sería "la igualdad de género a través de la coeducación y
fomenta[r]
el aprendizaje de la igualdad entre hombres y
mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la
diversidad afectivo-sexual".
Esta ley está pactada con Podemos, y tanto Ciudadanos como el Partido
Popular han reiterado su acuerdo en ese punto. La Convención que
celebró el PP en enero, ante la posibilidad de que el partido pudiese
reconsiderar su postura sobre la cuestión durante la negociación de la
investidura del nuevo gobierno andaluz, decidió "blindar" las políticas
de género y el vicesecretario de Organización,
Javier Maroto, proclamó que "la ley LGTB se queda".
De hecho, el Partido Popular, junto con PSOE, Ciudadanos y Podemos,
aprobaron en la Región de Murcia blindar la ideología de género
incluyéndola en su reforma de la estatuto de autonomía, vía el
establecimiento del "derecho de las personas a su identidad de género" y
a "la no discriminación por este motivo o por la orientación sexual", y
a las "medidas preventivas" contra la "violencia de género". Ambos
aspectos, la prevención de la violencia y la lucha contra la
discriminación, son los argumentos utilizados para incorporar la
ideología de género en la escuela como formación en "
valores cívicos".
El único partido que se desmarca de esta imposición de la ideología de género es Vox. La formación liderada por
Santiago Abascal propone, como número 63 en su programa (
100 medidas para la España viva), "instaurar el PIN Parental y Autorización Expresa con objeto de que
se
necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad
con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales".
Con una medida de esta naturaleza se evitaría
que los colegios pudiesen programar, sin conocimiento ni consentimiento de los padres, sesiones de adoctrinamiento
impuestas por las Administraciones a través de acuerdos que suscriben
al efecto con fundaciones y ONG afines al lobby LGBTI, subvencionadas
con fondos públicos, en aplicación de supuestas políticas de "no
discriminación".
ReL denunció en diciembre de 2016, con pruebas obtenidas in situ, la forma de proceder de estas asociaciones en los colegios.
Asignatura de Religión
PSOE, Podemos y Ciudadanos concuerdan en su objetivo de
marginar la asignatura de Religión.
Dado que los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979
obligan a ofertarla si los padres la demandan, un objetivo de estos
partidos es quitarle todo valor académico (que la nota no cuente en la
media de las calificaciones del alumno) para desincentivar dicha
demanda.
Socialistas y podemitas coinciden además en que los alumnos deben ser
educados según una ideología de Estado, independientemente de las
convicciones de los padres: "Debemos
educar en valores constitucionales y cívicos que promuevan el libre desarrollo de la persona dentro de los valores democráticos", señaló
en un reciente debate al respecto, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid, la secretaria de Justicia del PSOE en Madrid,
Macarena Elvira Rubio. "Necesitamos
una asignatura que transmita los valores del Estado", confirmó en ese foro
José Manuel López, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid.
Por su parte,
Juan Trinidad Martos, portavoz de
Justicia de Ciudadanos en el parlamento regional madrileño, propuso una
asignatura evaluable de Historia de las Religiones que impartan "
profesores funcionarios"
(actualmente los profesores de Religión católica los designan las
diócesis), y que "la materia confesional -ya sea católica, islámica o de
otra confesión- sea optativa siempre que haya un número suficiente de
alumnos para que la cursen”, como ya sucede.
En cuanto al Partido Popular, se ha mostrado partidario de mantener
el actual sistema, en el que la asignatura de Religión es de oferta
obligada por los centros y matriculación voluntaria por los padres,
evaluable, y con una alternativa en horario lectivo: "La situación
actual, en la que la asignatura de Religión está incardinada en la
educación y recibe unas calificaciones, me parece bien", señala
Álvaro Vallarín, viceonsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, porque
la religión, "ya sea como hecho de fe, como hecho cultural o como fenómeno de construcción de la ciudadanía, está en la persona,
y mientras la persona sea persona, va a haber una trascendencia
detrás", y los alumnos que la estudian acaban formando parte "de una
sociedad que está hoy impregnada del hecho religioso”.
En una posición similar se encuentra Vox, cuyo responsable de Educación en el Consejo Político,
Antonio de Miguel Antón,
señala además
que "es paradójico e ilógico que por un lado se esté pidiendo eliminar
la religión católica del currículo, del horario lectivo y del ámbito
escolar y por otro lado se esté reivindicando la introducción del islam y
otras religiones en las escuelas españolas... Es inadmisible que siendo
la religión católica tan mayoritaria en España dejemos que se
introduzcan otras confesiones en los planes de enseñanza". Su partido
denuncia que las administraciones educativas se hayan dedicado a
"acorralar y ningunear a
la Religión católica", olvidando "que
fue, era y sería imprescindible para comprender una serie de hechos de
la historia de la humanidad, de la filosofía y de la cultura española".
Educación concertada
El modelo de
conciertos económicos entre la Administración y colegios de titularidad privada fue
acordado entre el Gobierno socialista y la Iglesia en 1985 para
permitir el acceso a la enseñanza católica en condiciones de igualdad
con la enseñanza pública y garantizar así el derecho de los padres a
elegir la educación que deseen para sus hijos. La "
demanda social",
esto es, la existencia de un número suficiente de solicitudes
suficientes en colegios concertados, faculta a los centros para exigir
la dotación del concierto.
Desde hace años, sin embargo, el mismo PSOE que estableció el sistema
lo ha estado boicoteando en algunas comunidades autónomas donde
gobierna, sobre todo en Andalucía, donde muchos colegios religiosos
vieron denegado el concierto a pesar de contar con solicitudes
suficientes para tenerlo, teniendo que acudir a los tribunales para que
les diesen la razón. La razón de esta actitud socialista es ideológica:
según la ministra de Educación,
Isabel Celaá, la
demanda social es "un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos
casos que la escuela pública pueda ser considera subsidiaria de la
concertada".
Es un punto donde la doctrina de la Iglesia es clara, y es exactamente la que rechaza la ministra socialista:
la escuela pública debe ser subsidiaria de la privada. El papel del Estado en la educación es un "deber subsidiario
cuando falta la iniciativa de los padres y de otras sociedades, atendiendo los deseos de éstos",
afirma el Concilio Vaticano II, "excluyendo, por tanto, cualquier monopolio de las escuelas". Y perfila aún más el
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia:
"Ha de considerarse una injusticia el rechazo de apoyo económico
público a las escuelas no estatales que tengan necesidad de él y
ofrezcan un servicio a la sociedad civil... El Estado no puede, sin
cometer injusticia, limitarse a tolerar las escuelas llamadas privadas.
Éstas presentan un servicio público y
tienen, por consiguiente, el derecho a ser ayudadas económicamente".
Precisamente para evitar la situación de que los tribunales estén
dando la razón a los colegios concertados contra las decisiones
arbitrarias de las consejerías autonómicas de Educación,
la ley nueva ley socialista de Educación pretende eliminar la demanda social como criterio a la hora de conceder los conciertos, que de esta forma quedarían al arbitrio de los partidos políticos. Y así consta también en su programa electoral.
Podemos apoya ese punto y además propone ilegalizar las cuotas
voluntarias ("supuestamente voluntarias", según los podemitas) que
numerosos colegios concertados piden a las familias. Según la formación
que lidera
Pablo Iglesias, esas cuotas "esconden una
barrera de entrada para las familias con menos recursos y un coste
añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está
financiada al 100% con dinero público". Lo cierto es que los conciertos
no cubren buena parte de los gastos reales de los centros, por lo que la
ilegalización de esas ayudas voluntarias solo serviría para estrangular
económicamente a cientos de colegios religiosos.
Ciudadanos mantendría el actual sistema, aunque el partido de Albert
Rivera se apunta a la campaña de Podemos contra las cuotas voluntarias:
"Garantizaremos la gratuidad de la educación concertada, evitando el
cobro por parte de los centros de cuotas injustificadas. Haremos que la
Agencia Tributaria deje de perseguir a las familias que se desgravan las
donaciones que realizan a los colegios concertados de sus hijos".
Asimismo, respaldan "el derecho de las familias a elegir la educación de
sus hijos" y que "
se tenga en cuenta la demanda social a la hora de decidir la renovación de conciertos".
El Partido Popular, por su parte, defiende que "
las familias tienen el derecho de elegir qué educación quieren para sus hijos"
y apoyarán que los centros, tanto públicos como concertados, puedan
"incrementar su oferta de plazas escolares en aquellos casos en los que
sea inferior a la demanda", esto es, mantener la vigencia de la demanda
social como criterio para los conciertos. Del mismo modo, proponen
ampliar la educación concertada, que hasta ahora solo financia la enseñanza obligatoria, al bachillerato y la formación profesional.
La propuesta más innovadora es la de Vox, que propone implantar un sistema de cheque escolar,
que ya llevaba en su programa de 2015 y reitera en el de 2019, con la
finalidad de "devolver a los padres una auténtica libertad para elegir
la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio".