Miguel González
Musulmanes contra la Islamofobia,
una asociación que lucha contra la discriminación por motivo de
religión y defiende los derechos civiles de las personas de credo
islámico, ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el conseller de
Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló i Valls,
al que atribuye los presuntos delitos de fomento del odio contra los
musulmanes y prevaricación. La asociación, que aporta con su denuncia el
audio de una mesa redonda que, bajo el título “la cultura religiosa en
los centros educativos”, se celebró el pasado día 17 en el Seminario
Conciliar de Barcelona, reclama el inmediato cese del conseller,
militante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
“Yo no quiero enseñanza confesional de Religión islámica en las escuelas de Cataluña y, con el actual marco normativo, si no llegamos a un acuerdo al respecto, en general, nos veremos abocados…”, confiesa el conseller en un encuentro organizado por Junts, el sindicato de los profesores de Religión Católica de Cataluña.
“He puesto el ejemplo de Torredembarra”, continúa, narrando una conversación sobre la localidad tarraconense de la que es originario, “donde la mayoría de ciudadanos y ciudadanas son de religión católica, practicantes o no, pero hay un número importante de confesión islámica y le dije: yo estoy convencido de que, si hiciéramos en las escuelas de Torredembarra la asignatura de confesión católica y la de confesión musulmana, tendríamos más alumnos de confesión musulmana; porque todos los padres de religión musulmana inscribirían a sus hijos y no todos los padres de religión católica inscribirían a los suyos. Y le dije a esta persona: ¿qué cara nos quedaría a todos para defender la identidad que decimos defender?”
Para Musulmanes contra la Islamofobia es especialmente grave que
Bargalló diera a entender que la confesión musulmana “es contraria a la
identidad catalana que quiere defender. Una identidad excluyente de la
que no formarían parte las personas musulmanas, trasladando con sus
palabras a los asistentes la idea de que los musulmanes no serían nunca
verdaderos catalanes”.
Más grave aún, a juicio de la asociación, es lo que el conseller sugirió a continuación: “El día que fui a Ripoll a hablar del pacto educativo […], a comienzos de septiembre, tras el shock que volvió a haber en Ripoll con todos los programas de televisión que hubo en agosto […], la prensa me sacó la cantidad de peticiones que teníamos en Ripoll para hacer una asignatura confesional que no era la católica… porque claro ¿quién hace de profesor de religión católica? Personas que el obispado nos propone. ¿Quién sería el profesor de religión islámica?... ¿Os pasa por la cabeza?”
Bargalló aludía implícitamente a los atentados del 17 de agosto de 2017, obra de la denominada célula de Ripoll, “dando a entender que serían gente afín a los terroristas quienes designarían a los profesores de religión islámica”, según la denuncia. En realidad, los profesores de confesión islámica, igual que los religión católica, son contratados por el Estado a propuesta de la jerarquía religiosa; en este caso, la Comisión Islámica de España.
El objetivo del conseller era convencer a los profesores de religión católica de que aceptasen su proyecto de implantar una asignatura de “cultura religiosa”, en lugar de la actual enseñanza confesional. Para ello, según la denuncia, utilizó el miedo al musulmán y las negativas consecuencias que, para la construcción de la identidad nacional catalana, tendrían a su juicio las clases de religión islámica.
La exclusión de los musulmanes de la identidad catalana implica, para la asociación denunciante, un delito de odio, previsto en el artículo 510 del Código Penal, que castiga con hasta cuatro años de prisión a “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente a la discriminación contra un grupo […] por motivos de religión o creencias”.
Pero, según la denuncia, también supone un delito de prevaricación, castigado con hasta 15 añso de inhanibilitación, pues demuestra que Bargalló tiene paralizadas las solicitudes de implantación de las clases de religión musulmana en Cataluña por motivos ideológicos. La Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y el Acuerdo de Cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de 1992 garantizan el derecho de los alumnos musulmanes a recibir enseñanza de religión islámica si así lo solicitan sus padres.
Aunque la normativa obliga a impartir clase de religión islámica cuando lo solicitan más de 10 alumnos del mismo centro educativo, en España solo hay 76 profesores para más de 300.000 escolares musulmanes. Al menos seis comunidades no tienen ningún profesor de religión islámica: Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra, Murcia y Cataluña. El caso catalán es el más sangrante, pues se trata de la comunidad con mayor número de alumnos musulmanes de España, más de 85.000.
Fuente: https://elpais.com/politica/2019/11/25/actualidad/1574674923_432823.html.
Musulmanes contra la Islamofobia,
una asociación que lucha contra la discriminación por motivo de
religión y defiende los derechos civiles de las personas de credo
islámico, ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el conseller de
Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló i Valls,
al que atribuye los presuntos delitos de fomento del odio contra los
musulmanes y prevaricación. La asociación, que aporta con su denuncia el
audio de una mesa redonda que, bajo el título “la cultura religiosa en
los centros educativos”, se celebró el pasado día 17 en el Seminario
Conciliar de Barcelona, reclama el inmediato cese del conseller,
militante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).“Yo no quiero enseñanza confesional de Religión islámica en las escuelas de Cataluña y, con el actual marco normativo, si no llegamos a un acuerdo al respecto, en general, nos veremos abocados…”, confiesa el conseller en un encuentro organizado por Junts, el sindicato de los profesores de Religión Católica de Cataluña.
“He puesto el ejemplo de Torredembarra”, continúa, narrando una conversación sobre la localidad tarraconense de la que es originario, “donde la mayoría de ciudadanos y ciudadanas son de religión católica, practicantes o no, pero hay un número importante de confesión islámica y le dije: yo estoy convencido de que, si hiciéramos en las escuelas de Torredembarra la asignatura de confesión católica y la de confesión musulmana, tendríamos más alumnos de confesión musulmana; porque todos los padres de religión musulmana inscribirían a sus hijos y no todos los padres de religión católica inscribirían a los suyos. Y le dije a esta persona: ¿qué cara nos quedaría a todos para defender la identidad que decimos defender?”
Más grave aún, a juicio de la asociación, es lo que el conseller sugirió a continuación: “El día que fui a Ripoll a hablar del pacto educativo […], a comienzos de septiembre, tras el shock que volvió a haber en Ripoll con todos los programas de televisión que hubo en agosto […], la prensa me sacó la cantidad de peticiones que teníamos en Ripoll para hacer una asignatura confesional que no era la católica… porque claro ¿quién hace de profesor de religión católica? Personas que el obispado nos propone. ¿Quién sería el profesor de religión islámica?... ¿Os pasa por la cabeza?”
Bargalló aludía implícitamente a los atentados del 17 de agosto de 2017, obra de la denominada célula de Ripoll, “dando a entender que serían gente afín a los terroristas quienes designarían a los profesores de religión islámica”, según la denuncia. En realidad, los profesores de confesión islámica, igual que los religión católica, son contratados por el Estado a propuesta de la jerarquía religiosa; en este caso, la Comisión Islámica de España.
El objetivo del conseller era convencer a los profesores de religión católica de que aceptasen su proyecto de implantar una asignatura de “cultura religiosa”, en lugar de la actual enseñanza confesional. Para ello, según la denuncia, utilizó el miedo al musulmán y las negativas consecuencias que, para la construcción de la identidad nacional catalana, tendrían a su juicio las clases de religión islámica.
La exclusión de los musulmanes de la identidad catalana implica, para la asociación denunciante, un delito de odio, previsto en el artículo 510 del Código Penal, que castiga con hasta cuatro años de prisión a “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente a la discriminación contra un grupo […] por motivos de religión o creencias”.
Pero, según la denuncia, también supone un delito de prevaricación, castigado con hasta 15 añso de inhanibilitación, pues demuestra que Bargalló tiene paralizadas las solicitudes de implantación de las clases de religión musulmana en Cataluña por motivos ideológicos. La Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y el Acuerdo de Cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de 1992 garantizan el derecho de los alumnos musulmanes a recibir enseñanza de religión islámica si así lo solicitan sus padres.
Aunque la normativa obliga a impartir clase de religión islámica cuando lo solicitan más de 10 alumnos del mismo centro educativo, en España solo hay 76 profesores para más de 300.000 escolares musulmanes. Al menos seis comunidades no tienen ningún profesor de religión islámica: Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra, Murcia y Cataluña. El caso catalán es el más sangrante, pues se trata de la comunidad con mayor número de alumnos musulmanes de España, más de 85.000.
Fuente: https://elpais.com/politica/2019/11/25/actualidad/1574674923_432823.html.
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