Los
profesores de Religión de los colegios e institutos públicos
valencianos también cobrarán los sexenios, el complemento salarial que
reconoce el esfuerzo realizado en la
formación continua del colectivo docente a través de cursos y jornadas de perfeccionamiento.
El
Supremo acaba de pronunciarse sobre el recurso que presentó la
Conselleria de Educación contra la primera sentencia que reconocía este
derecho, del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat,
y ha desestimado todos los argumentos de la administración para
oponerse al pago. Así, se confirma el primer fallo en todos sus términos
y se iguala a los docentes que se encargan de la asignatura confesional
con los
funcionarios interinos, que los cobran desde
2017, y con los funcionarios de carrera, que los perciben desde 1992.
Desde la Conselleria de Educación señalaron ayer que la
Abogacía de la Generalitat estudiará el fallo y determinará cómo proceder.
Plurilingüismo, conciertos y prácticas universitarias, los otros mazazos judiciales
El
fallo que reconoce el derecho del profesorado de Religión de los
centros públicos a cobrar los sexenios se suma a decenas de sentencias
que se han ido conociendo a lo largo de la legislatura. La gran mayoría
tienen que ver con el recorte de conciertos educativos, especialmente en
Bachillerato, y con el fallido decreto de plurilingüismo publicado en
2017.
En cuanto a la red sostenida con el concierto, son 25 los
pronunciamientos que anulan la reducción de fondos públicos en otros
tantos centros (20 en relación a la citada etapa postobligatoria), y se
suman a otras seis sentencias que tumbaron parcialmente la normativa
marco que regula el proceso de renovación y acceso. Todas han sido
recurridas en casación. Respecto al modelo lingüístico, fueron cinco los
fallos que anularon parte del articulado del decreto, haciendo inviable
su aplicación. De hecho la conselleria acabó derogándolo.
Otro
varapalo importante tiene que ver con la exclusión de los alumnos de las
universidades privadas de las prácticas sanitarias en hospitales
públicos. El TSJCV reconoció el derecho de la Católica a suscribir
convenios para que pudieran realizarlas, y poco después ha sido el
Tribunal Constitucional el que ha anulado el artículo de la Ley
Valenciana de Salud que recoge esta exclusión tras un recurso de
inconstitucionalidad impulsado por el PP. La previsión es que el curso
que viene puedan disponer de estos periodos formativos obligatorios.
El
TSJCV también ha anulado la reducción de las ratios en Infantil por
debajo del mínimo legal (a instancias de Escuelas Católicas), ha
obligado a facilitar las facturas de las cajas fijas de las
universidades públicas (a petición de un diputado del PP) y ha
reconocido el derecho a que los becarios de inglés cobren el sueldo
correspondiente a un maestro. Además, ha decretado como medida cautelar
que los colegios oferten la asignatura de Religión en 2º de
Bachillerato.
Fuentes de la
Unión Sindical Obrera de la Comunitat
(USO CV), la organización que ha liderado esta batalla judicial,
estiman que son alrededor de un millar los profesionales que actualmente
dan Religión. Y en cuanto a las cuantías complementarias a percibir
derivadas del fallo, oscilan
entre los 108 y los 580 euros mensuales,
tal y como se desprende de la información facilitada y de las tablas
salariales publicadas en las leyes de presupuestos (que varían
ligeramente de un año a otro).
Cabe recordar que los sexenios son
los mismos para todas las categorías docentes, se refieren a la
formación continua recibida en un
periodo de seis años y son acumulativos.
El profesor que tiene reconocido uno percibe la cuantía más baja de la
horquilla citada, y el que tiene dos suma a la primera cantidad -108
euros- la siguiente de la tabla -220-. La máxima -los 580 euros- se
aplica a aquellos que han acumulado cinco sexenios, el máximo posible.
La
primera sentencia favorable se dictó en abril de 2017, después de que
el sindicato USO presentara un conflicto colectivo reclamando el
reconocimiento y el pago del complemento. La sala de lo Social del TSJCV
rechazó todos los planteamientos de la administración, desde los
formales (que la cuestión a dirimir no encajaba con un conflicto
colectivo) hasta los que entraban en el fondo de la cuestión. Por
ejemplo, la Abogacía de la Generalitat alegó que al
depender la formación de estos trabajadores de la diócesis, incluidos los contenidos,
la administración no podía «valorar la formación» de unos profesionales
cuyos conocimientos «no controla ni vigila». También señaló que en la
Comunitat existe un convenio colectivo para los profesores de Religión
que no reconoce el pago de sexenios, pues sólo se citan expresamente los
trienios (por antigüedad).
«Es una satisfacción que se reconozca el mimso trato que a otros compañeros», defiende USO CV
La sala de lo Social expuso por su parte diferente
jurisprudencia que avalaba la petición de USO, entre ella la doctrina
fijada por el Supremo, que en 2016 defendió que la retribución de los
docentes de Religión de Andalucía debía ser similar a la de los
interinos tras una s
entencia similar al caso valenciano.
El fallo favorable a USO CV aludió además al caso de Asturias, también
similar, y se refirió a la postura del Constitucional, que interpretó
que lo dispuesto en la
Ley Orgánica de Educación (LOE)
sobre el régimen laboral del colectivo (son profesionales contratados,
no funcionarios) ha de entenderse como «una opción que persigue lograr
la máxima equiparación posible en su estatuto jurídico y económico».
Jurisprudencia europea
Otra
de las sentencias citadas es la del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, de 2012, que rechazó que sólo los funcionarios de carrera -y no
lo interinos- pudieran cobrar los sexenios, pues ambas categorías
docentes desempeñan funciones similares. En resumen, la idea que se
desprende de los diferentes pronunciamientos es que todo lo que se
aplica a los interinos en cuanto a
condiciones laborales debe afectar en plano de igualdad a los profesores de Religión, pese a que su relación sea laboral y no funcionarial.
En
base a este fallo europeo y otras sentencias nacionales que emanaron
del mismo, la Conselleria de Educación modificó a finales de 2017 la
normativa autonómica que regulaba los sexenios con el objetivo de que
los profesores que ocupan puestos de manera temporal en centros públicos
los percibieran. No se incluyó a los de Religión pese a que ya existía
jurisprudencia del Supremo -por
ejemplo el caso andaluz, cuyo fallo se dictó en diciembre de 2016- y ya
se conocía la sentencia del TSJCV que daba la razón a USO CV en
relación al colectivo valenciano, que llegó en abril de 2017 aunque se
recurrió en casación.
Los padres defienden los centros de educación especial
La
ministra de Educación, Isabel Celaá, se mostró interesada en los
planteamientos de la 'Plataforma Educación Inclusiva Sí Especial
También', formada por familiares de personas con discapacidad
intelectual que estudian en centros educativos especiales, cerca de
112.000 niños y jóvenes en España.
Celaá los recibió recientemente
en su despacho a petición de los temerosos padres, que crearon esta
plataforma a mediados del año pasado ante algunos avances políticos para
eliminar este tipo de centros y obligar a esos alumnos a entrar en
colegios ordinarios en toda España. La tendencia es que no existan «dos
modalidades separadas», como lo define la ONU en un informe de mayo de
2018, que considera que existe «segregación y exclusión». Una línea a la
que se adhiere el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi).
Ese día, la ministra comunicó a los
miembros de la plataforma que el Gobierno no tenía ningún interés en
cerrar esos centros aunque sí quería reducir el porcentaje de alumnos en
educación especial (16,5% de los niños que presentan alguna
diferencia). Pero el temor a que cierren los centros, sin embargo, no se
diluye ni siquiera con la nueva ley educativa, por lo que casi una
centenar de asociaciones agrupadas en la plataforma se manifestarán este
sábado en Valladolid.
Sin embargo, el Alto
Tribunal no ha modificado ni una coma del argumentario desplegado por el
órgano judicial de la Comunitat. «Son muy numerosos los
pronunciamientos de esta sala en los que hemos venido a reconocer el
mismo derecho en litigio a favor de los profesores de Religión de
distintas comunidades que se encuentran en situaciones sustancialmente
idénticas», dice la sentencia, fechada a 31 de enero. El Supremo cita su
último pronunciamiento, de 2016, a favor de una trabajadora del
Principado de Asturias, así como otros sobre profesionales de la
comunidad de Madrid o de Castilla la Mancha.
Además, la
equiparación se acepta independientemente de lo que estipulen los
convenios colectivos. Por ejemplo, en el caso valenciano, la conselleria
argumentó que el derecho a los sexenios no se contemplaba de manera
expresa para sostener su tesis contraria a la demanda. Sin embargo, fue
refutada por el Supremo, que le recordó que dice, exactamente, que los
profesores de Religión «percibirán las retribuciones que correspondan,
en el mismo nivel educativo, a los funcionarios interinos, incluidos los
trienios». Para el Alto Tribunal esto no quiere decir que queden fuera
de los sexenios, como planteaba la administración, sino que supone «una
clara expresión de la voluntad de ambas partes de igualar a todos los
efectos y en todos los conceptos las retribuciones de uno y otro
colectivo».
La sentencia implicará el cobro de un complemento salarial de hasta 580 euros al mes
La sentencia del Supremo, que no es recurrible ni
incluye el pago de costas, supone «una gran satisfacción» para el
sindicato USO CV. «Llevamos muchos años trabajando para mejorar las
condiciones laborales de los profesores de Religión, y es especialmente
satisfactorio que se les reconozca el mismo derecho que a otros
compañeros, y más teniendo en cuenta que el futuro parece incierto»,
señalaron desde la organización. No sólo se referían a los postulados de
la nueva ley orgánica respecto a la asignatura (de momento
quedará en stand by tras la disolución de las Cortes Generales),
sino también a medidas como la minoración de la carga horaria de la
materia en la ESO y la posibilidad de que los centros reduzcan las
sesiones al mínimo en Primaria.
Fuente:
https://www.lasprovincias.es/comunitat/supremo-obliga-pago-sexenios-profesores-religion-20190219093014-nt.html 
La Coordinadora de Plataformas de
Profesores de Religión ha reclamado al Gobierno una regulación estatal
que "no permita desigualdades flagrantes" entre docentes en las
diferentes comunidades autónomas.
El misionero salesiano español Antonio César Fernández es una de las seis víctimas mortales del supuesto atentado yihadista perpetrado el viernes en Burkina Faso.