El Pleno del Consejo Escolar del Estado no considera que la «ley Celaá» margine el castellano al darle vía libre a la Generalitat para que decida cuántas asignaturas imparte en castellano y cuántas en catalán. Tampoco reprende al Gobierno por el hecho de que su anteproyecto de ley educativa impide a las autoridades religiosas decidir sobre el currículo y los libros de texto en la asignatura de Religión.
En su informe final, al que ha tenido acceso ABC, el Consejo Escolar del Estado obvia estas consideraciones que, sin embargo, sí se habían hecho previamente en el texto elaborado por su Comisión Permanente. Dicha comisión, denunciaba un uso marginal de la lengua oficial del Estado e, incluso, veía un incumplimiento «del artículo 3 de la Constitución Española cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». ¿Por qué, entonces, ahora la defensa del castellano y de la Religión brillan por su ausencia?
El informe de la Comisión Permanente recibió una serie de enmiendas de afines al Gobierno, como Comisiones Obreras, que pidió que se elimine la defensa del castellano del texto. «El anteproyecto es perfectamente garantista del derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, así como en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios».
Esta enmienda fue aprobada mientras se rechazaron las que pedían que las autoridades religiosas decidieran sobre el currículo y los libros de texto en la asignatura de Religión. También se tumbaron las peticiones que demandaban que esta asignatura no quedara relegada (como pretende la «ley Celaá») y esté junto al resto de materias de cada nivel.
Anula el papel de los padres
Por otro lado, el informe final del máximo órgano consultivo del Estado en educación critica la pretensión del Gobierno de eliminar de su anteproyecto el reconocimiento de la importancia de los padres en la educación de los hijos. «No enunciar este principio parece pretender anular este papel fundamental», sentencia el informe. El Consejo Escolar también le exige al Gobierno que el anteproyecto con el que reformará la LOE y eliminará la Lomce o «Ley Wert», se acompañe de una memoria económica «que no nos ha facilitado», que incluya un compromiso «explícito de incremento del gasto público en educación». Concretamente, piden un inversión de, al menos, el 5,5% del PIB.
Si bien no se alude a la delegación total que la Administración Central hace a las comunidades en cuanto al uso del castellano, el Consejo Escolar sí pide «una regulación mínima estatal» de los contenidos de la educación infantil de primer ciclo. También insiste en la necesidad de homogenizar entre comunidades las pruebas de Selectividad «para evitar la discriminación en el acceso a las universidades por la diferencia de fecha en la que se realiza la convocatoria de la prueba extraordinaria». Y, como lo ha hecho en otras ocasiones, pide un pacto educativo para procurar una regulación de la educación estable «y conforme a una política de Estado que asegure su continuidad más allá de la alternancia de gobierno».
Reclama, también, una asignatura de Filosofía (en consonancia con una PNL aprobada por unanimidad en el Congreso y que el Gobierno dijo que incluiría pero al final no lo hizo), y otra de Historia del Mundo Contemporáneo en todas las modalidades de Bachillerato. Por último, piden que se garantice la coeducación y se impida la segregación por sexos.
Fuente: https://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-logra-eliminar-defensa-castellano-y-religion-informe-consejo-escolar-201901190246_noticia.html
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