"La enseñanza de la religión es una cuestión objetiva: existe un Concordato y una Constitución"
Jesús Bastante, 30 de marzo de 2012 a las 09:21
(
Jesús Bastante).-
Nicolás Fernández es presidente de
Anpe,
uno de los principales sindicatos dedicados a la enseñanza pública en
nuestro país, y mayoritaria en el ámbito de los profesores de Religión. "
La enseñanza pública es la que puede corregir las desigualdades sociales",
sostiene Nicolás, quien entiende que "España necesita reformas
estructurales en la economía, el mercado laboral ... y también en la
educación", y apunta que "
hay que recuperar la disciplina en sentido positivo".
-¿Es Anpe uno de los principales sindicatos dedicados a la enseñanza pública en nuestro país?
-Así es. Es la segunda fuerza a nivel de representatividad en todo el Estado, y en algunas comunidades, la primera.
-Recalcáis mucho lo de sindicato "independiente". ¿Qué quiere decir esto?
-El
sentido de la independencia es muy importante, no sólo para las
organizaciones sindicales. Lo decía muy bien María Moliner en su
diccionario: el sentido de la independencia es obrar en justicia, sin
importarnos ni el halago ni el vituperio.
Independencia es no tener vínculos ni con partidos políticos ni con organizaciones de ningún otro tipo.
No tener dependencia más que de nuestros propios órganos. Ser libres a
nivel profesional, en el sentido de que no nos mueven más ataduras para
nuestra acción que las que acaban y empiezan en la profesión.
-¿Es un sindicato centrado en el ámbito educativo?
-En la
enseñanza pública. Nacimos para defender a los maestros, y luego ya en
los años 80 extendimos nuestra representatividad a los profesores de
instituto y de universidad. En en 85 se integró en Anpe una parte
importante de catedráticos.
Hoy somos un referente en la educación, con la que tenemos un compromiso permanente.
Defendemos la enseñanza pública de calidad, porque entendemos que es la
que puede corregir las desigualdades sociales, porque responde al
principio de igualdad de oportunidades entre todos. Es a través de la
educación como la gente más desfavorecida puede realizar su proyecto
personal.
-¿No está un poco desprestigiada la educación pública de nuestro país?
-Nosotros creemos justo lo contrario: que
debe estar considerada.
Es verdad que ha habido un desprestigio, por muchas razones, pero
fundamentalmente por la rebaja de la calidad. En los años 90 se resolvió
el problema de la universalidad y de la gratuidad de la enseñanza, pero
no hemos sabido resolver el reto de la calidad. Es el paso que hay que
dar. En ese sentido,
nosotros creemos que hay que conciliar la equidad y la calidad. Eso es lo que animamos a los gobiernos a hacer a través de reformas educativas
-¿No parece, en cambio, que lo primero que hace un gobierno al tomar el poder es cambiar la ley de Educación?
-Es
una falsa percepción. Es otro de los mantras que se han instalado en la
conciencia de la sociedad, y que no responden a la realidad. Desde la
constitución del 78 hasta hoy, no ha habido más reforma educativa en
profundidad que la que hizo el gobierno socialista a partir del año 85,
con una ley que intentó democratizar y dar participación a la escuela:
la
LODE. El segundo paso fue la ley que reordenó las enseñanzas en España, que es la
LOGSE.
Nació en el año 90 para organizar y estructurar el modelo educativo. La
UCD no pudo promulgar su propia ley, y el gobierno del Partido Popular
tampoco obtuvo mayoría para acometer su reforma hasta la segunda
legislatura, de manera muy tardía. Además el partido socialista derogó
la ley al llegar de nuevo al poder, así que no llegó a aplicarse, fue
una ley non nata. E inmediatamente se puso en marcha la reforma de la
LOE,
que es la ley actual, que abunda en los principios de la LOGSE. Ése es
el modelo que tenemos. Luego, es verdad que cada ministro ha intentado
dejar sus improntas, pero las reformas profundas y de calado son las del
modelo socialista.
Ahora el PP ha anunciado una reforma educativa.
Nosotros compartimos el postulado de que es necesario un cambio en el
diseño educativo y en el profesorado (que es el factor clave del éxito
escolar). Estamos esperando a que se pase de las grandes declaraciones
programáticas a los documentos. Le hemos pedido al ministro que adelante
el debate, que abra la reflexión, y que las reformas vayan acompañadas
del mayor consenso posible. Del mayor acuerdo social, para que se
facilite su implantación. Queremos que cambie el modelo hacia la
enseñanza comprensiva.
En todos los países de Europa se ha superado
el falso igualitarismo que pretende que todos los alumnos pueden
aprender al mismo ritmo.
Hay poca búsqueda del rigor y de la excelencia, y escasa evaluación.
Los alumnos prácticamente pasan de curso con asignaturas suspensas. Hay
que recuperar los valores del esfuerzo, la superación, la
responsabilidad, el respeto. Sobre todo, buscando un mayor nivel de
calidad y de excelencia, de acuerdo a los indicadores internacionales.
Creo que la OCDE ha hecho un buen diagnóstico de la situación del sistema educativo en España.
Es un dato objetivo que tenemos una tasa de abandono y fracaso de en
torno al 30%, y eso de por sí requiere adoptar cambios importantes.
También es importante el nivel de excelencia, que en España corresponde
sólo a un 3% de los alumnos, mientras que la media de Europa es del 8%.
Eso hay que cambiarlo, al igual que la mentalidad. Y yo creo que ahora
es el momento de hacerlo.
Otro dato fundamental es que, en medio de
la situación económica que vivimos actualmente, tenemos una tasa de
desempleo juvenil rayando ya en el 50%. Así que algo nos tendremos que
plantear partiendo de que si nuestros jóvenes no tienen salida en el
mercado laboral, menos aún lo van a tener los que tiene peor nivel
educativo. En ese sentido, desde Anpe venimos apostando por estos
cambios en la educación, sobre todo en la Formación Profesional, que
debe ser la gran apuesta de las reformas educativas. Así se lo hemos
trasmitido a las autoridades del Ministerio: España necesita reformas
estructurales en la economía, el mercado laboral, el mercado financiero,
la competitividad, el modelo productivo... y también en la educación.
Nosotros no nos podemos quedar atrás. Resistirse a hacer cambios en
educación supone inmovilismo. No entiendo cómo posiciones supuestamente
progresistas se resisten a la innovación, sobre todo en educación. La
sociedad cambia muy rápido, y hay que adaptarse a esos cambios para
poder avanzar.
-¿Cómo están los profesores en España? ¿Les falta protagonismo o autoridad?
-Están
también expectantes ante los cambios. Es verdad que su figura está
devaluada, pero el problema de la autoridad no sólo es del sector
educativo o de los profesores, también es de la familia. Por eso decía
yo que
hay que recuperar valores esenciales para el hecho educativo y la convivencia.
Recuperar la disciplina en sentido positivo, en el sentido más
primigenio de los valores. Recuperar la autoridad magistral del profesor
que sabe y al que la sociedad apoya, sin equipararla con el
autoritarismo o con figuras del pasado que no tienen nada que ver.
En España nos hemos dejado llevar mucho por la ley del péndulo,
pasando de un autoritarismo rígido a una permisividad total. Hay que situar las cosas en sus justos términos: la autoridad bien entendida va en beneficio de los alumnos.
-¿No hacen más caso los padres a lo que les dicen sus hijos que a la autoridad del profesor?
-Los padres también están sufriendo en su hogar estos problemas de la
falta de autoridad y de la ausencia de norma,
que hace que muchas veces no sepan dar respuesta a la educación delos
hijos. Cuando un padre se hace amigo de su hijo, ha perdido su papel.
Por supuesto que deben tener una relación basada en el respeto y el
afecto, pero al igual que el profesor y el alumno, no pueden confundir
sus papeles.
Tenemos normas en la sociedad, en la familia, en la escuela.
Y cada uno debe responder la papel que tiene. Yo creo que la sociedad
ya está lo suficientemente madura como para entender esto, y muchos nos
lo reclaman.
Hay reformas que han hecho mucho daño a la sociedad.
Cuando el gobierno anterior suprimió el artículo 154 del Código Civil,
que decía que los padres podían corregir moderadamente a sus hijos. Eso
es un auténtico disparate.
Nosotros no defendemos ni el castigo
físico ni la represión, pero la corrección moderada es necesaria en la
escuela y en la familia, porque si la sociedad no tiene criterios,
es imposible mejorar. Nosotros, a través del Defensor del Profesor,
reclamábamos que hubiera derechos y deberes para los alumnos y un
catálogo de normas de convivencia. Las autonomías, con mayor o menor
dificultad, se negaban a implantarlo, pero cuando lo han implantado se
han dado cuenta de que mejora la convivencia. También reclamamos a nivel
estatal que se hiciera una ley que confiera al profesor la condición de
autoridad pública. Madrid, Galicia, La Rioja, Castilla la Mancha y
otras comunidades se están sumando a la iniciativa, porque ven que darle
al profesor esa facultad mejora la convivencia, y mejora el derecho a
la educación de los alumnos.
No hay derecho a que en una clase se tengan que perder entre 15 y 45 minutos para imponer silencio y orden.
Los principales perjudicados son los alumnos, que son los que tienen
que aprender. Por eso al profesor hay que darle herramientas para que
pueda corregir moderadamente y dar respuesta a los problemas. Creo que
en ese sentido, ya la sociedad lo está entendiendo. Se están perdiendo
las reticencias, y yo creo que en esta legislatura vamos a tener ya esa
consideración de autoridad en sentido positivo.
-¿Los profesores de Religión en la enseñanza pública han sido un sector maltratado?
-Sí, se puede definir así. Desde luego,
socialmente nunca han estado bien considerados.
Desde el Concordato para acá, en los centros públicos no se le dio la
importancia que debía a la asignatura, que la daban los propios
funcionarios. Cuando se decidió que la materia fuera evaluable pero no
computable, jurídicamente estaba en el limbo. No se sabía si estaba
adjudicada a la función pública, porque la dispensa de idoneidad la daba
la Iglesia, pero pagaba la Administración. Nosotros, desde Anpe,
interpusimos muchos recursos, administrativamente, siempre defendiendo a
la asignatura, y defendiendo al profesor como un profesional. Para que
sus retribuciones fueran equiparables al resto de profesores interinos
del mismo nivel.
-¿Qué pensáis del procedimiento de nombramiento, cese, no renovación...?
-Al
responder los profesores a una confesión religiosa (la católica) que es
la mayoritaria, naturalmente que la autoridad religiosa tiene que tener
la oportunidad de otorgar la habilitación especial para el ejercicio.
Una vez que se tiene ese documento, y que, formando parte de una
relación laboral, el profesor es seleccionado, deben aplicarse los
principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, como con
cualquier otro profesional. Defendemos los mismos derechos y las mismas
obligaciones.
El mismo régimen laboral, el reconocimiento de trienios, que puedan ser miembros del claustro... que todo sea equiparable. Que también puedan participar en concursos de traslado, y mejorar como cualquier profesional, en función de un baremo.
Ha
habido dos o tres casos de profesores en que se han producido
desajustes, y nosotros siempre hemos defendido al profesor cuando ha
podido demostrar su titulación y su idoneidad. El procedimiento para
apartar a un profesor de religión de su puesto debería ser más objetivo,
y estar en consonancia con el
reglamento disciplinario de derechos y deberes que tiene el resto de funcionarios.
Y, a no ser por una causa muy grave, no se le debería quitar el derecho
a dar clases. Porque si se entiende que es válido y tiene la capacidad
para ello, no debemos hacer de sus circunstancias personales un
requisito para poder seguir siendo profesor de religión.
Todavía hay
desajustes, ya digo. Hemos pasado del limbo jurídico a una relación
laboral mal definida, y actualmente, como sindicato mayoritario de
profesores de religión, nosotros
estamos tratando de hacer una negociación mediante un convenio colectivo,
que es la carta de naturaleza que regula los derechos y deberes. En esa
regulación tiene que tener cabida las tres partes: el Ministerio
(porque la mayoría de profesores de religión aún no han sido
transferidos), la Conferencia Episcopal, y los representantes de los
profesionales, es decir, los sindicatos de profesores. Así se evitarían
problemas.
-¿Hay futuro para la asignatura de religión en la escuela pública, o debería desaparecer?
-Nosotros
somos firmes defensores (lo hemos sido siempre) de la enseñanza de la
religión en la escuela pública. Es una cuestión muy objetiva, porque
existe un concordato entre la Iglesia y el Estado, y existe una
Constitución que ampara ese derecho que tienen los padres de dar una
formación moral a sus hijos. Actualmente
un 71% de los padres, según los últimos datos, eligen religión en la enseñanza pública.
Por tanto, la formación religiosa es una opción muy muy mayoritaria.
Hay una demanda social muy importante, pero no sólo es una cuestión de
derecho. Cuando hablamos de educación, hablamos de valores. Y no se
pueden entender los valores sin entender de dónde venimos. Incluso como
fenómeno cultural, no se puede desgajar lo religioso, porque está
presente en todo: en la literatura, en el arte... por esos sus
principios no se pueden desconocer. Es decir, que hay una parte del
fenómeno religioso que debe acercarse a la escuela porque tiene que ver
con la cultura; y hay otra parte que tiene que ver con el derecho, con
que los padres tengan la libre opción de elegir esa enseñanza.
No es una opción, sino una obligación de los poderes públicos,
porque es una materia mayoritariamente respaldada. Nuestra cultura no
se puede conocer realmente sin conocer los valores que inspira la
civilización judeo-cristiana. Somos un estado aconfesional, pero nuestra
constitución reconoce expresamente que hay que atender a la religión
mayoritaria. Y en España, el 70 u 80% de la gente, desde que nace hasta
que muere, imbrica sus actos vitales con lo religioso. Estas cosas
fundamentales no se pueden desgajar de la vida por
"pseudo-progresismo".
Por eso nosotros pensamos que hay futuro. Tendremos que regular todo lo
que sea necesario para respetar el derecho de unos, y de los otros. Lo
que sí es importante es jugar con las mismas cartas.
-¿Debe haber alternativa?
-Sí. Por una razón de equilibrio.
Los
que no quieran religión, tendrán que estudiar ética, pero no puede ser
que la asignatura de religión dependa de la simpatía o antipatía del
poder público y tenga que ser la última del horario. Tiene que
equiparase al resto de materias. Desde luego que las materias
instrumentales básicas son la lengua y las matemáticas, pero el
conocimiento del fenómeno religioso también merece su estima conveniente
dentro del horario académico.
Fuente:
http://www.periodistadigital.com/religion/educacion/2012/03/30/religion-iglesia-educacion-anpe-nicolas-fernandez-sindicato-ensenanza-publica-profesores.shtml