Nicolás Fernández, presidente de Anpe: "La enseñanza pública es la que puede corregir las desigualdades sociales"

"La enseñanza de la religión es una cuestión objetiva: existe un Concordato y una Constitución"

Jesús Bastante, 30 de marzo de 2012 a las 09:21

Los que no quieran religión, tendrán que estudiar ética, pero no puede ser que la asignatura de religión dependa de la simpatía o antipatía del poder público y tenga que ser la última del horario

(Jesús Bastante).- Nicolás Fernández es presidente de Anpe, uno de los principales sindicatos dedicados a la enseñanza pública en nuestro país, y mayoritaria en el ámbito de los profesores de Religión. "La enseñanza pública es la que puede corregir las desigualdades sociales", sostiene Nicolás, quien entiende que "España necesita reformas estructurales en la economía, el mercado laboral ... y también en la educación", y apunta que "hay que recuperar la disciplina en sentido positivo".
-¿Es Anpe uno de los principales sindicatos dedicados a la enseñanza pública en nuestro país?
-Así es. Es la segunda fuerza a nivel de representatividad en todo el Estado, y en algunas comunidades, la primera.
-Recalcáis mucho lo de sindicato "independiente". ¿Qué quiere decir esto?
-El sentido de la independencia es muy importante, no sólo para las organizaciones sindicales. Lo decía muy bien María Moliner en su diccionario: el sentido de la independencia es obrar en justicia, sin importarnos ni el halago ni el vituperio. Independencia es no tener vínculos ni con partidos políticos ni con organizaciones de ningún otro tipo. No tener dependencia más que de nuestros propios órganos. Ser libres a nivel profesional, en el sentido de que no nos mueven más ataduras para nuestra acción que las que acaban y empiezan en la profesión.
-¿Es un sindicato centrado en el ámbito educativo?
-En la enseñanza pública. Nacimos para defender a los maestros, y luego ya en los años 80 extendimos nuestra representatividad a los profesores de instituto y de universidad. En en 85 se integró en Anpe una parte importante de catedráticos. Hoy somos un referente en la educación, con la que tenemos un compromiso permanente. Defendemos la enseñanza pública de calidad, porque entendemos que es la que puede corregir las desigualdades sociales, porque responde al principio de igualdad de oportunidades entre todos. Es a través de la educación como la gente más desfavorecida puede realizar su proyecto personal.
-¿No está un poco desprestigiada la educación pública de nuestro país?
-Nosotros creemos justo lo contrario: que debe estar considerada. Es verdad que ha habido un desprestigio, por muchas razones, pero fundamentalmente por la rebaja de la calidad. En los años 90 se resolvió el problema de la universalidad y de la gratuidad de la enseñanza, pero no hemos sabido resolver el reto de la calidad. Es el paso que hay que dar. En ese sentido, nosotros creemos que hay que conciliar la equidad y la calidad. Eso es lo que animamos a los gobiernos a hacer a través de reformas educativas
-¿No parece, en cambio, que lo primero que hace un gobierno al tomar el poder es cambiar la ley de Educación?
-Es una falsa percepción. Es otro de los mantras que se han instalado en la conciencia de la sociedad, y que no responden a la realidad. Desde la constitución del 78 hasta hoy, no ha habido más reforma educativa en profundidad que la que hizo el gobierno socialista a partir del año 85, con una ley que intentó democratizar y dar participación a la escuela: la LODE. El segundo paso fue la ley que reordenó las enseñanzas en España, que es la LOGSE. Nació en el año 90 para organizar y estructurar el modelo educativo. La UCD no pudo promulgar su propia ley, y el gobierno del Partido Popular tampoco obtuvo mayoría para acometer su reforma hasta la segunda legislatura, de manera muy tardía. Además el partido socialista derogó la ley al llegar de nuevo al poder, así que no llegó a aplicarse, fue una ley non nata. E inmediatamente se puso en marcha la reforma de la LOE, que es la ley actual, que abunda en los principios de la LOGSE. Ése es el modelo que tenemos. Luego, es verdad que cada ministro ha intentado dejar sus improntas, pero las reformas profundas y de calado son las del modelo socialista.
Ahora el PP ha anunciado una reforma educativa. Nosotros compartimos el postulado de que es necesario un cambio en el diseño educativo y en el profesorado (que es el factor clave del éxito escolar). Estamos esperando a que se pase de las grandes declaraciones programáticas a los documentos. Le hemos pedido al ministro que adelante el debate, que abra la reflexión, y que las reformas vayan acompañadas del mayor consenso posible. Del mayor acuerdo social, para que se facilite su implantación. Queremos que cambie el modelo hacia la enseñanza comprensiva.
En todos los países de Europa se ha superado el falso igualitarismo que pretende que todos los alumnos pueden aprender al mismo ritmo. Hay poca búsqueda del rigor y de la excelencia, y escasa evaluación. Los alumnos prácticamente pasan de curso con asignaturas suspensas. Hay que recuperar los valores del esfuerzo, la superación, la responsabilidad, el respeto. Sobre todo, buscando un mayor nivel de calidad y de excelencia, de acuerdo a los indicadores internacionales. Creo que la OCDE ha hecho un buen diagnóstico de la situación del sistema educativo en España. Es un dato objetivo que tenemos una tasa de abandono y fracaso de en torno al 30%, y eso de por sí requiere adoptar cambios importantes. También es importante el nivel de excelencia, que en España corresponde sólo a un 3% de los alumnos, mientras que la media de Europa es del 8%. Eso hay que cambiarlo, al igual que la mentalidad. Y yo creo que ahora es el momento de hacerlo.
Otro dato fundamental es que, en medio de la situación económica que vivimos actualmente, tenemos una tasa de desempleo juvenil rayando ya en el 50%. Así que algo nos tendremos que plantear partiendo de que si nuestros jóvenes no tienen salida en el mercado laboral, menos aún lo van a tener los que tiene peor nivel educativo. En ese sentido, desde Anpe venimos apostando por estos cambios en la educación, sobre todo en la Formación Profesional, que debe ser la gran apuesta de las reformas educativas. Así se lo hemos trasmitido a las autoridades del Ministerio: España necesita reformas estructurales en la economía, el mercado laboral, el mercado financiero, la competitividad, el modelo productivo... y también en la educación. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Resistirse a hacer cambios en educación supone inmovilismo. No entiendo cómo posiciones supuestamente progresistas se resisten a la innovación, sobre todo en educación. La sociedad cambia muy rápido, y hay que adaptarse a esos cambios para poder avanzar.
-¿Cómo están los profesores en España? ¿Les falta protagonismo o autoridad?
-Están también expectantes ante los cambios. Es verdad que su figura está devaluada, pero el problema de la autoridad no sólo es del sector educativo o de los profesores, también es de la familia. Por eso decía yo que hay que recuperar valores esenciales para el hecho educativo y la convivencia. Recuperar la disciplina en sentido positivo, en el sentido más primigenio de los valores. Recuperar la autoridad magistral del profesor que sabe y al que la sociedad apoya, sin equipararla con el autoritarismo o con figuras del pasado que no tienen nada que ver.
En España nos hemos dejado llevar mucho por la ley del péndulo, pasando de un autoritarismo rígido a una permisividad total. Hay que situar las cosas en sus justos términos: la autoridad bien entendida va en beneficio de los alumnos.
-¿No hacen más caso los padres a lo que les dicen sus hijos que a la autoridad del profesor?
-Los padres también están sufriendo en su hogar estos problemas de la falta de autoridad y de la ausencia de norma, que hace que muchas veces no sepan dar respuesta a la educación delos hijos. Cuando un padre se hace amigo de su hijo, ha perdido su papel. Por supuesto que deben tener una relación basada en el respeto y el afecto, pero al igual que el profesor y el alumno, no pueden confundir sus papeles. Tenemos normas en la sociedad, en la familia, en la escuela. Y cada uno debe responder la papel que tiene. Yo creo que la sociedad ya está lo suficientemente madura como para entender esto, y muchos nos lo reclaman.
Hay reformas que han hecho mucho daño a la sociedad. Cuando el gobierno anterior suprimió el artículo 154 del Código Civil, que decía que los padres podían corregir moderadamente a sus hijos. Eso es un auténtico disparate. Nosotros no defendemos ni el castigo físico ni la represión, pero la corrección moderada es necesaria en la escuela y en la familia, porque si la sociedad no tiene criterios, es imposible mejorar. Nosotros, a través del Defensor del Profesor, reclamábamos que hubiera derechos y deberes para los alumnos y un catálogo de normas de convivencia. Las autonomías, con mayor o menor dificultad, se negaban a implantarlo, pero cuando lo han implantado se han dado cuenta de que mejora la convivencia. También reclamamos a nivel estatal que se hiciera una ley que confiera al profesor la condición de autoridad pública. Madrid, Galicia, La Rioja, Castilla la Mancha y otras comunidades se están sumando a la iniciativa, porque ven que darle al profesor esa facultad mejora la convivencia, y mejora el derecho a la educación de los alumnos. No hay derecho a que en una clase se tengan que perder entre 15 y 45 minutos para imponer silencio y orden. Los principales perjudicados son los alumnos, que son los que tienen que aprender. Por eso al profesor hay que darle herramientas para que pueda corregir moderadamente y dar respuesta a los problemas. Creo que en ese sentido, ya la sociedad lo está entendiendo. Se están perdiendo las reticencias, y yo creo que en esta legislatura vamos a tener ya esa consideración de autoridad en sentido positivo.
-¿Los profesores de Religión en la enseñanza pública han sido un sector maltratado?
-Sí, se puede definir así. Desde luego, socialmente nunca han estado bien considerados. Desde el Concordato para acá, en los centros públicos no se le dio la importancia que debía a la asignatura, que la daban los propios funcionarios. Cuando se decidió que la materia fuera evaluable pero no computable, jurídicamente estaba en el limbo. No se sabía si estaba adjudicada a la función pública, porque la dispensa de idoneidad la daba la Iglesia, pero pagaba la Administración. Nosotros, desde Anpe, interpusimos muchos recursos, administrativamente, siempre defendiendo a la asignatura, y defendiendo al profesor como un profesional. Para que sus retribuciones fueran equiparables al resto de profesores interinos del mismo nivel.
-¿Qué pensáis del procedimiento de nombramiento, cese, no renovación...?
-Al responder los profesores a una confesión religiosa (la católica) que es la mayoritaria, naturalmente que la autoridad religiosa tiene que tener la oportunidad de otorgar la habilitación especial para el ejercicio. Una vez que se tiene ese documento, y que, formando parte de una relación laboral, el profesor es seleccionado, deben aplicarse los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, como con cualquier otro profesional. Defendemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. El mismo régimen laboral, el reconocimiento de trienios, que puedan ser miembros del claustro... que todo sea equiparable. Que también puedan participar en concursos de traslado, y mejorar como cualquier profesional, en función de un baremo.
Ha habido dos o tres casos de profesores en que se han producido desajustes, y nosotros siempre hemos defendido al profesor cuando ha podido demostrar su titulación y su idoneidad. El procedimiento para apartar a un profesor de religión de su puesto debería ser más objetivo, y estar en consonancia con el reglamento disciplinario de derechos y deberes que tiene el resto de funcionarios. Y, a no ser por una causa muy grave, no se le debería quitar el derecho a dar clases. Porque si se entiende que es válido y tiene la capacidad para ello, no debemos hacer de sus circunstancias personales un requisito para poder seguir siendo profesor de religión.
Todavía hay desajustes, ya digo. Hemos pasado del limbo jurídico a una relación laboral mal definida, y actualmente, como sindicato mayoritario de profesores de religión, nosotros estamos tratando de hacer una negociación mediante un convenio colectivo, que es la carta de naturaleza que regula los derechos y deberes. En esa regulación tiene que tener cabida las tres partes: el Ministerio (porque la mayoría de profesores de religión aún no han sido transferidos), la Conferencia Episcopal, y los representantes de los profesionales, es decir, los sindicatos de profesores. Así se evitarían problemas.
-¿Hay futuro para la asignatura de religión en la escuela pública, o debería desaparecer?
-Nosotros somos firmes defensores (lo hemos sido siempre) de la enseñanza de la religión en la escuela pública. Es una cuestión muy objetiva, porque existe un concordato entre la Iglesia y el Estado, y existe una Constitución que ampara ese derecho que tienen los padres de dar una formación moral a sus hijos. Actualmente un 71% de los padres, según los últimos datos, eligen religión en la enseñanza pública. Por tanto, la formación religiosa es una opción muy muy mayoritaria. Hay una demanda social muy importante, pero no sólo es una cuestión de derecho. Cuando hablamos de educación, hablamos de valores. Y no se pueden entender los valores sin entender de dónde venimos. Incluso como fenómeno cultural, no se puede desgajar lo religioso, porque está presente en todo: en la literatura, en el arte... por esos sus principios no se pueden desconocer. Es decir, que hay una parte del fenómeno religioso que debe acercarse a la escuela porque tiene que ver con la cultura; y hay otra parte que tiene que ver con el derecho, con que los padres tengan la libre opción de elegir esa enseñanza. No es una opción, sino una obligación de los poderes públicos, porque es una materia mayoritariamente respaldada. Nuestra cultura no se puede conocer realmente sin conocer los valores que inspira la civilización judeo-cristiana. Somos un estado aconfesional, pero nuestra constitución reconoce expresamente que hay que atender a la religión mayoritaria. Y en España, el 70 u 80% de la gente, desde que nace hasta que muere, imbrica sus actos vitales con lo religioso. Estas cosas fundamentales no se pueden desgajar de la vida por "pseudo-progresismo". Por eso nosotros pensamos que hay futuro. Tendremos que regular todo lo que sea necesario para respetar el derecho de unos, y de los otros. Lo que sí es importante es jugar con las mismas cartas.
-¿Debe haber alternativa?
-Sí. Por una razón de equilibrio. Los que no quieran religión, tendrán que estudiar ética, pero no puede ser que la asignatura de religión dependa de la simpatía o antipatía del poder público y tenga que ser la última del horario. Tiene que equiparase al resto de materias. Desde luego que las materias instrumentales básicas son la lengua y las matemáticas, pero el conocimiento del fenómeno religioso también merece su estima conveniente dentro del horario académico.
Fuente: http://www.periodistadigital.com/religion/educacion/2012/03/30/religion-iglesia-educacion-anpe-nicolas-fernandez-sindicato-ensenanza-publica-profesores.shtml