Redacción Religión
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha cumplido el primer mes de vida, pero todo parece indicar que en las próximas semanas se aprobará en el Consejo de Ministros la nueva ley educativa que derogaría la normativa vigente, la LOMCE, que aprobó el PP en la etapa con Mariano Rajoy al frente de la Moncloa. Se trata de una de las promesas incluidas en el acuerdo que los socialistas alcanzaron con Unidas Podemos.
Una ley que, como viene siendo una constante cuando es el PSOE quien accede al Ejecutivo, implicaría una reducción en las horas lectivas de Religión, eliminar la obligación de cursar una materia alternativa y que sea una asignatura no evaluable, no teniéndola en cuenta para la nota media de acceso a la universidad o para becas. Dicho de otro modo, la asignatura de Religión será voluntaria para los alumnos, aunque los centros tendrán que ofertarla y no será puntuable.
Una nueva reforma educativa que no coge a nadie de improvisto, si nos atenemos a las declaraciones realizadas por la titular de Educación, Isabel Celáa, en los últimos meses. Una de sus afirmaciones más polémicas tuvo lugar en noviembre, tras las elecciones del día 10, cuando negaba que escoger una enseñanza religiosa fuera un derecho constitucional: "De ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza que emana del artículo 27 de la Constitución”, aseguró la por entonces ministra de Educación en funciones.
Estas afirmaciones y la futura ley educativa que propone el Ejecutivo han sido rebatidas en COPE.es por Rafael Martín, profesor jubilado de Religión en diferentes centros de Sevilla, y que actualmente preside la Asociación de Profesores de Religión en Andalucía. Martín ha mostrado su preocupación por lo que pueda ocurrir una vez se tramite la ley y se apruebe en las Cortes: “Si son respetuosos con el Estado de Derecho no tenemos de qué preocuparnos, pero si, como estamos viendo, se juega con la Constitución, la cosa cambia. Hay integrantes del Ejecutivo que por encima de la ley está la política, cuando es al revés. Toda solución política debe estar dentro de la Constitución”, apunta el docente retirado.
De esta manera, Rafael Martín ha recordado que la Constitución reconoce la aconfesionalidad del Estado y el artículo 27 de la Carta Magna es claro cuando reconoce la libertad de enseñanza: “Es muy claro, si nada cambia en el texto, se respeta el acuerdo Iglesia-Estado y los convenios del año 1992 con otras confesiones religiosas, no debe ocurrir nada”.
No obstante, el presidente de la Asociación de Profesores de Religión andaluz alerta sobre el peligro que supone sacar adelante los planes de Celáa: “Propone que no haya alternativa a la Religión y que esta materia no se califique. Es una eutanasia activa y pasiva. Activa en cuanto a que le quitas a Religión la alternativa que constitucionalmente debe tener”.
Precedentes al respecto existe, tal y como recuerda nuestro protagonista, ya que en 2018 el Tribunal Constitucional desestimó el recurso que presentaron un total de 50 diputados socialistas en el año 2014 contra la LOMCE: “El Constitucional establecía que la alternativa a la Religión, que es Educación en Valores, no es solo constitucional, sino que tendría que adoptarse en caso de que no existiese, porque la Religión, al ser voluntaria, debe contar con una alternativa”.
Para el profesor jubilado, lo que pretenden “determinados grupos es imponer la Religión, pero no una religión confesional, sino estatal, que solo existe en países completamente totalitarios”, sentencia Rafael Martín.
Fuente: https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/profesor-que-carga-contra-gobierno-sanchez-que-acusa-querer-imponer-una-religion-estatal-20200127_604821
Una ley que, como viene siendo una constante cuando es el PSOE quien accede al Ejecutivo, implicaría una reducción en las horas lectivas de Religión, eliminar la obligación de cursar una materia alternativa y que sea una asignatura no evaluable, no teniéndola en cuenta para la nota media de acceso a la universidad o para becas. Dicho de otro modo, la asignatura de Religión será voluntaria para los alumnos, aunque los centros tendrán que ofertarla y no será puntuable.
Una nueva reforma educativa que no coge a nadie de improvisto, si nos atenemos a las declaraciones realizadas por la titular de Educación, Isabel Celáa, en los últimos meses. Una de sus afirmaciones más polémicas tuvo lugar en noviembre, tras las elecciones del día 10, cuando negaba que escoger una enseñanza religiosa fuera un derecho constitucional: "De ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza que emana del artículo 27 de la Constitución”, aseguró la por entonces ministra de Educación en funciones.
Estas afirmaciones y la futura ley educativa que propone el Ejecutivo han sido rebatidas en COPE.es por Rafael Martín, profesor jubilado de Religión en diferentes centros de Sevilla, y que actualmente preside la Asociación de Profesores de Religión en Andalucía. Martín ha mostrado su preocupación por lo que pueda ocurrir una vez se tramite la ley y se apruebe en las Cortes: “Si son respetuosos con el Estado de Derecho no tenemos de qué preocuparnos, pero si, como estamos viendo, se juega con la Constitución, la cosa cambia. Hay integrantes del Ejecutivo que por encima de la ley está la política, cuando es al revés. Toda solución política debe estar dentro de la Constitución”, apunta el docente retirado.
De esta manera, Rafael Martín ha recordado que la Constitución reconoce la aconfesionalidad del Estado y el artículo 27 de la Carta Magna es claro cuando reconoce la libertad de enseñanza: “Es muy claro, si nada cambia en el texto, se respeta el acuerdo Iglesia-Estado y los convenios del año 1992 con otras confesiones religiosas, no debe ocurrir nada”.
No obstante, el presidente de la Asociación de Profesores de Religión andaluz alerta sobre el peligro que supone sacar adelante los planes de Celáa: “Propone que no haya alternativa a la Religión y que esta materia no se califique. Es una eutanasia activa y pasiva. Activa en cuanto a que le quitas a Religión la alternativa que constitucionalmente debe tener”.
Precedentes al respecto existe, tal y como recuerda nuestro protagonista, ya que en 2018 el Tribunal Constitucional desestimó el recurso que presentaron un total de 50 diputados socialistas en el año 2014 contra la LOMCE: “El Constitucional establecía que la alternativa a la Religión, que es Educación en Valores, no es solo constitucional, sino que tendría que adoptarse en caso de que no existiese, porque la Religión, al ser voluntaria, debe contar con una alternativa”.
Para el profesor jubilado, lo que pretenden “determinados grupos es imponer la Religión, pero no una religión confesional, sino estatal, que solo existe en países completamente totalitarios”, sentencia Rafael Martín.
Fuente: https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/profesor-que-carga-contra-gobierno-sanchez-que-acusa-querer-imponer-una-religion-estatal-20200127_604821
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