Benedicto XVI aprueba leyes para impedir el lavado de dinero y aplicar las directivas europeas e internacionales
a larga batalla de Benedicto XVI para normalizar las finanzas vaticanas ha llegado a su objetivo con la promulgación de dos leyes para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través del banco del Vaticano, incorporar las directivas de la Unión Europea y crear un «banco central» del Vaticano que coordinará la vigilancia con las autoridades internacionales. Las nuevas normas, que serán publicadas hoy, convertirán el Estado Vaticano en un ejemplo de transparencia. Del mismo modo que, a base de instalar paneles solares sobre el aula de las audiencias y de plantar un gran bosque para la absorción de dióxido de carbono en Europa central, Benedicto XVI convirtió el Vaticano en el Estado mas ecológico del mundo, el Papa ha terminado sus «deberes» para convertirlo también en el más transparente desde el punto de vista de las leyes financieras internacionales.
El Instituto para las Obras de Religión (IOR), que actúa en la práctica como el banco oficial del Vaticano tendrá que poner fin al uso de cuentas corrientes anónimas por personas que no sean entidades oficiales católicas como son las diócesis y las órdenes religiosas, o empleados de la Santa Sede. El IOR actuará también de modo más transparente en la administración de los fondos del Vaticano y de muchas entidades católicas, que invierten sus fondos en las bolsas internacionales para obtener una rentabilidad.
Entrar en la «lista blanca»
El Vaticano presenta hoy jueves una novedosa Carta Apostólica de Benedicto XVI sobre «prevención y lucha contra las actividades ilegales en los terrenos financiero y monetario», así como una «ley sobre prevención y lucha contra el lavado de dinero procedente de actividades criminales y contra la financiación del terrorismo», según adelantó ayer la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
La temática es completamente distinta, por no decir opuesta, a la actividad habitual de Benedicto XVI, centrada en documentos sobre espiritualidad, Sagrada Escritura, actividades asistenciales, derechos humanos, evangelización, etc.
Pero en el Estado más pequeño del mundo, el Papa es el legislador único, y por lo tanto le corresponde a él promulgar las normas que pondrán en práctica la «Convención monetaria» firmada el 19 de diciembre de 2009 con la Unión Europea en Bruselas y también las medidas consensuadas con la OCDE a lo largo de numerosas reuniones en París para que el Vaticano pueda entrar en la «lista blanca» de países que cooperan plenamente en la lucha contra el blanqueo de dinero de organizaciones criminales y contra la financiación de organizaciones terroristas, prioritaria a partir del 11 de septiembre de 2001.
El pequeño Estado de la Ciudad del Vaticano tendrá su «banco central» como autoridad de vigilancia y de coordinación internacional. Hoy se hará público el estatuto de la Autoridad de Información Financiera (AIF) que se encargara de esas tareas.
El Vaticano empezará a cumplir también las directivas europeas relativas a la acuñación de euros con la efigie del Papa en cantidad suficiente para que no tengan un precio superior al nominal como objetos para coleccionistas numismáticos.
Hasta ahora el Estado Vaticano utilizaba el euro y acuñaba sus monedas mediante acuerdos bilaterales con Italia que permitían seguir aprovechando los euros para coleccionistas como una fuente de ingresos, igual que hace con los sellos del Vaticano, muy apreciados por filatélicos de todo el mundo.
Los «euros del Papa» entrarán en circulación a través de pagos a los empleados del Vaticano, el supermercado y la farmacia del pequeño Estado, así como las oficinas de correos de la plaza de San Pedro, la tienda de la Librería Editorial Vaticana, etc.
El Vaticano reiteró hace unas semanas que mantendrá su independencia económica «fuera de la jurisdicción de otros bancos centrales», léase el de Italia, y también su autonomía. Lo que abandonará, en cambio, es la opacidad, que ha llevado a muchos disgustos en el pasado y a intervenciones recientes de la Justicia italiana para poner fin a actividades que no están permitidas en su territorio nacional.
