Texto
SENTENCIA
Madrid, a veintiuno de febrero de dos mil
trece.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los
Sres. Magistrados citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
Ha
dictado la siguiente
SENTENCIA
En el
procedimiento 0000382/2012seguido por demanda de SECC.SIND.CC.OO EN LA COMISION
NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (Letrado Sr.Miguel Angel Crespo); FEDERACION DE
SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE CC.OO (FSC-CC.OO) (Letrado Sr.Miguel Angel
Crespo);contra COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES CNMV) (Abogado Del
Estado); CTE. EMP.COM. NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES(Letrado Sr.Miguel Angel
Crespo);sobre conflicto colectivo.Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. MARIA
CAROLINA SAN MARTIN MAZZUCCONI
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Según consta en autos, el día de 28 de Diciembre
de 2012 se presentó demanda por SECC.SIND.CC.OO EN LA COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES; FEDERACION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE CC.OO (FSC-
CC.OO); contra COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV); CTE. EMP.COM.
NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES; sobre conflicto colectivo
Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y
designó ponente, con cuyo resultado se señaló el día 19 de Febrero de 2013 para
los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se
accedía a lo solicitado en los otrosies de prueba
Tercero.- . Llegado el día y la hora señalados tuvo
lugar la celebración del acto del juicio, previo intento fallido de avenencia, y
en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el
acta levantada al efecto.
Cuarto . - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , por la que se aprobó la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, debe destacarse que las partes debatieron
sobre los extremos siguientes:
El legal representante de la Sección Sindical
de Comisiones Obreras en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, (CNMV) y
la FEDERACION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE COMISIONES OBRERAS, se ratificó en
el contenido de su demanda, en cuyo suplico solicita que "se declare la obligación de la demandada, CNMV, a cumplir en su totalidad
el acuerdo suscrito por la empresa y el comité de empresa, incluidos los
artículos 52 y 53, reconociendo el derecho de los trabajadores de la CNMV a
percibir las cuantías correspondientes por dichos conceptos que no se han
abonado desde el momento de la suspensión de dicho acuerdo".
El
sindicato manifestó que la demandada incumple el Acuerdo de Relaciones Laborales
(en adelante ARL), que firmó el 9 de octubre de 2012 junto con el comité de
empresa, basándose en la supuesta nulidad de pleno derecho de sus arts. 52 y 53,
así informada por la Abogacía del Estado, por contravenir lo dispuesto en los
arts. 37 y 39 de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010
. Según la parte actora, no hay contravención alguna de estos preceptos legales
en el ARL, y en caso de haberla, a su juicio debería entenderse nula la
totalidad del acuerdo y no únicamente dos de sus disposiciones.
Se detuvo en
la naturaleza jurídica del ARL, defendiendo que se trata de un pacto de empresa
de eficacia contractual y no de un convenio colectivo, no habiéndose registrado
ni publicado oficialmente. Seguidamente, mantuvo que los conceptos recogidos en
los arts. 52 y 53 del ARL son indemnizatorios y no salariales, de modo que no
les son de aplicación las restricciones contenidas en los arts. 37 y 39 de la
Ley 26/2009 .
Finalizó trayendo a colación el principio de confianza
legítima, que habría inspirado la actuación de los representantes de los
trabajadores en la negociación del ARL, viéndose ahora quebrada, y concluyó
razonando que la inaplicación del ARL debería haberse tramitado, en su caso,
mediante el expediente de lesividad, o bien por la vía del art. 41 ET .
El
Abogado del Estado se opuso a la demanda, si bien reconoció el relato fáctico
que en ella consta. Explicó que el ARL contemplaba un incremento de los vales de
comida y una ayuda al transporte que antes no existía, lo que resulta
contrario a lo dispuesto en la Ley 26/2009, que impedía incrementos de gastos de
personal.
A continuación, defendió la aplicación al caso del art. 37
de la citada Ley, cuya alusión a los convenios colectivos debería entenderse en
un sentido amplio, comprensivo de cualquier acuerdo colectivo, y mantuvo que
tanto este precepto como el art. 25 de la misma norma resultan de aplicación a
las retribuciones extrasalariales. Concluyó subrayando que, en cualquier caso, se trata de un incremento del
gasto que el art. 39 de la Ley 26/2009 declara nulo de pleno derecho si no se
obtiene el preceptivo informe ministerial favorable. Esa nulidad
de pleno derecho sólo afecta a las disposiciones que plasmen el incremento del
gasto, y opera directamente.
Finalmente, expuso que no cabía hablar de causa
torpe imputable a la CNMV por aplicar una Ley cuyos destinatarios son todos los
ciudadanos y no específicamente la demandada.
Quinto . - De conformidad con lo dispuesto en el art. 85.6
de la Ley 36/2011, de 10 de octubre se precisa el único hecho controvertido fue
si el coste del acuerdo en los puntos señalados supone 600.000 €.
Se
consideraron hechos pacíficos e incontrovertidos los siguientes:
-En el ARL
se pactaron incrementos para ayuda de comida superiores a los que se venían
disfrutando y se introdujo una ayuda de transporte de 330 € al año.
-La
Intervención General del Estado en el informe de las cuentas de 2010 puso
reparos respecto de los arts. 52 y 53.
-El ARL no tiene autorización de la
CECIR.
-Ha habido una reunión sin acuerdo para resolver el problema de la
devolución del dinero indebidamente percibido.
Resultando y así se declaran,
los siguientes
HECHOS PROBADOS
PRIMERO .- La Comisión Nacional del Mercado de
Valores, con una plantilla de 500 trabajadores y centros de trabajo en Madrid y
Barcelona, es un organismo regulador de los previstos en la Disposición
Adicional Décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y
funcionamiento de la Administración del Estado, creado por la Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores. SEGUNDO .- Las relaciones laborales en
el seno de la empresa están reguladas, aparte de la normativa legal, por el
Acuerdo de Relaciones Laborales de la CNMV firmado por la representación de
dicho organismo y el comité de empresa con fecha 10 de diciembre de 2010.
Este Acuerdo incorpora un incremento de los tiques de comida y contempla una
ayuda de transporte que antes no existía.
El art. 52 del Acuerdo
establece: "Ayuda de comida:
Los trabajadores, con independencia de
la dotación del Plan de Acción Social, tendrán derecho a percibir una ayuda de
comida instrumentada mediante la entrega de tiques de comida u otro medio
similar, incluidos los festivos trabajados conforme a lo establecido en el art.
24, en las cuantías y condiciones siguientes:
-9 euros diarios, de
lunes a viernes, por días efectivamente trabajado durante la jornada de
invierno.
- 6 euros diarios, de lunes a viernes, por día
efectivamente trabajado durante la jornada de verano. Si, por razones de
trabajo, fuera necesario realizar, de manera adicional, jornada de tarde la
cuantía del tiquet de comida será de 9 euros por día efectivamente
trabajado.
- 6 euros diarios, por día efectivamente trabajado, en los
supuestos de reducción de jornada, siempre que esta tenga una duración superior
a 6 horas.-9 euros diarios, de lunes a viernes, por día efectivamente trabajado
durante todo el año para los empleados con horarios especiales a que se refiere
el art. 21.5.a).
Esta ayuda se percibirá siempre y cuando el gasto de
comida del trabajador no sea asumido por la CNMV por cualquier otra
circunstancia."
Y el art. 53 tiene la siguiente redacción:
"Ayuda
de transporte.
La CNMV compensará una parte del coste del transporte
una vez que se desarrolle el art. 42.2.h) de la Ley 35/2006 del IRPF. La
compensación será de 30 euros por empleado y mes durante 11 meses al año y se
articulará a través de alguna de las fórmulas indirectas de pago que prevea el
desarrollo reglamentario para su consideración como no retribución en
especie.
La disponibilidad de plaza de aparcamiento de la CNMV será
incompatible con la percepción de esta ayuda."
TERCERO .- Con
fecha 26 de abril de 2012, la CNMV comunica al Comité de Empresa la suspensión
de la aplicación del acuerdo en sus artículos 52 y 53 y hace pública una nota a
los trabajadores, con el siguiente contenido:
"La CNMV, por razones de
prudencia en el uso de los recursos públicos, ha decidido:
1° Someter
a informe de la Abogacía General del Estado las dudas de legalidad puestas de
manifiesto por la IGAE y sus posibles consecuenciasjurídicas.
2° En
tanto se recibe el informe de la Abogacía General del Estado y se analizan las
posibles actuaciones, suspender la aplicación del Acuerdo de Relaciones
Laborales en sus artículos 52 y 53, cuya legalidad cuestiona la IGAE. Esto
supone que, desde el mes de mayo de 2012, la asignación de tickets de comida se
hará por el importe establecido con anterioridad a la firma del Acuerdo y de
acuerdo con los criterios de asignación que se aplicaban anteriormente. Queda
también suspendida la ayuda de transporte desde el mes de mayo."
Así,
desde el mes de mayo de 2012, se ha suspendido la aplicación de los citados
artículos 52 y 53, manteniendo la cuantía de los tiques de comida en la
cuantía anterior a la firma de dicho acuerdo, a la vez que se ha suspendido el
abono de la ayuda de transporte.
CUARTO .- Con fecha 13 de
septiembre de 2012, el Secretario General de la CNMV, en escrito dirigido a la
presidenta del Comité de Empresa, comunica la "nulidad radical del
Acuerdo de Relaciones Laborales en lo relativo a la actualización de las ayudas
de comedor y al establecimiento de la ayuda de transporte a favor de su personal
y la decisión de iniciar el proceso para la restitución íntegra de las
cantidades indebidamente percibidas..." , para lo que fija un
periodo de negociación de 10 días, "con el objeto de establecer de mutuo
acuerdo un sistema de compensación de las cantidades indebidamente
percibidas" .
QUINTO .- El 13 de noviembre de 2012 tuvo lugar
intento de conciliación ante la Dirección General de Empleo, con resultado de
intentada sin efecto, al no comparecer representación alguna de la CNMV.
Se
han cumplido las previsiones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,
en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2, g de la Ley 36/2011, de
10 de octubre , compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional.
SEGUNDO. - De conformidad con lo previsto en el
artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, los hechos declarados
probados se han deducido de las pruebas siguientes:
-El primero, el segundo,
el tercero y el cuarto no fueron controvertidos.
-El quinto se desprende del
acta que obra como documento núm. 6 adjunto a la demanda (descripción 7 de
autos).
TERCERO.- El relato fáctico desvela que la CNMV suscribió
con el comité de empresa, en diciembre de 2010, un acuerdo que, en sus arts. 52
y 53, incrementaba el valor de los tiques de comida e incorporaba una nueva
ayuda al transporte. Sobre la base de lo dispuesto en los arts. 37 y 39 de la
Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010 , en mayo de 2012 la
empresa dejó de cumplir con los arts. 52 y 53 del Acuerdo, abonando los tiques
de comida en la cuantía anterior a la firma del mismo y suspendiendo el abono de
la ayuda de transporte.
La cuestión a determinar por esta Sala es si la CNMV
podía dejar de cumplir el Acuerdo tal como lo ha hecho, para lo que adelantamos
una respuesta positiva. No sólo podía, sino que
debía.
Aunque tanto en la demanda como en el acto del juicio se
vertieron alegaciones por ambas partes relativas a la naturaleza del Acuerdo y
de los tiques de comida y ayuda de transporte, en orden a argumentar sobre la
aplicabilidad al caso de los arts. 25 y 37 de la Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010 , a juicio de la Sala
hay un precepto en esta norma que ofrece un criterio absolutamente claro y
manifiesto: El art. 39 de la citada norma legal, relativa a la
competencia del Ministerio de Economía y Hacienda en materia de costes del
personal al servicio del sector público, establece que "Todos los acuerdos, convenios,
pactos o instrumentos similares, así como las medidas que se adopten en su
cumplimiento o desarrollo, adoptados en el ámbito de los Departamentos
ministeriales, Organismos, Agencias Estatales, entidades públicas empresariales
y demás entes públicos del sector público estatal de los que deriven
incrementos, directa o indirectamente, de gasto público en materia de costes de
personal requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable
del Ministerio de Economía y Hacienda siendo nulos de pleno
derecho los que se alcancen sin dicho informe". Por
tanto, todos los acuerdos -incluido, obviamente, el que aquí nos ocupa, con
independencia de su naturaleza normativa o contractual- de los que deriven
incrementos, directa o indirectamente, de gasto público en materia de costes de
personal -y es indudable que los arts. 52 y 53 del citado acuerdo suponen
incrementos de gasto en costes de personal, al margen de cuál sea la naturaleza
jurídica de los conceptos abonados- requieren informe previo y favorable del
Ministerio de Economía y Hacienda. La falta de este informe, que no se solicitó
ni obtuvo en relación con el Acuerdo de Relaciones Laborales de la CNMV,
determina la nulidad de pleno derecho de los concretos acuerdos que supongan tal
incremento del gasto, es decir, de los preceptos que lo disponen.
Como
mantuvimos en nuestra sentencia de 10-5-10 (proc. 41/2010 ), con cita, por
todas, de STS 22-12-2008, la
exigencia en las Leyes de Presupuestos, "como requisito constitutivo para la validez de los
convenios o acuerdos colectivos suscritos por la Administraciones Públicas, so
pena de nulidad de lo acordado, el informe favorable de la CECIR (Ministerio de
Hacienda y Ministerio Presidencia)", "tiene una clara finalidad garantizadora de
carácter limitativo, tendente a evitar, que puedan sobrepasarse las
retribuciones del personal laboral por la vía de la negociación colectiva, (las
cláusulas vulneradoras del límite se sancionan con la nulidad de pleno
derecho)" . En
nuestro caso, de lo que se trata es de limitar y controlar el gasto público en
materia de personal.
CUARTO.- Contrariamente a lo alegado por la parte actora,
la nulidad de pleno derecho opera de modo directo, sin
necesidad de que la CNMV tuviera que articular procedimiento alguno para dejar
de cumplir el Acuerdo. La nulidad de pleno derecho de una disposición la deja
sin efecto y la expulsa del mundo jurídico ( SSTS-CA 31-1-13 rec. 4931/2009 ;
31-1-13, rec. 5821/2009 ).
QUINTO.- Por último, procede responder la alegación de la
actora según la cual la solicitud del correspondiente informe debía, en su caso,
cursarse por la CNMV, de modo que, para no vulnerar la confianza legítima y
buena fe del comité de empresa, debería mantenerse la aplicación del Acuerdo. En
su sentencia de 17-5-12 (rec. 4003/2008), la Sala Tercera del Tribunal Supremo
mantiene que "el principio de buena fe, que contempla expresamente el
artículo 3.1 in fine de la Ley 30/92 y que resulta plenamente aplicable en el
ámbito de la contratación administrativa, está aludiendo a un concepto jurídico
que se apoya en la valoración de una específica conducta deducida de unos
hechos, y se concreta en una acción basada en una confianza legítima y en un
proceder lógico y razonable, y no abusivo o fraudulento, que conduce a actuar de
determinada manera en la creencia racional y fundada de estar obrando
correctamente. En este sentido, la Sala ha venido manteniendo -por todas, en
las sentencias de 22 de marzo de 1991 (recurso 2467/1988 ) y 17 de
febrero de 1999 (recurso 3440/1993 )- la necesidad de respetar el principio
constitucional de seguridad jurídica, proclamado en el artículo 9º.3 de la
Constitución, amparado por la buena fe del administrado y la confianza
legítima, o fundada esperanza, creada en el destinatario de una actuación
administrativa como consecuencia precisamente de un acto externo y concreto de
la Administración o de sus agentes, del que puede desprenderse una manifestación
de voluntad de la misma, con la consecuencia obligada de inducirle a realizar
determinada conducta."
Ahora bien, igualmente advierte esta misma
sentencia que sólo podría concluirse que la norma o acto en cuestión infringe el
principio de seguridad jurídica y, en consecuencia, el de confianza legítima,
"si el régimen jurídico de la concesión, y teniendo en cuanta las reglas de
interpretación admisibles en Derecho, el contenido y las omisiones de un
determinado texto normativo que en el caso no concurren, produjeran confusión,
dudas o incertidumbre, que generasen en sus destinatarios esa incertidumbre
razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento,
o sobre la previsibilidad de sus efectos".
Claramente concluye:
"Lo que nada tiene que ver con una eventual y pretendida "confianza" del
concesionario en que no se actúe por la Administración con arreglo a Derecho,
toda vez que las esperanzas en una decisión deben ser debidamente fundadas y, en
todo caso, la posición que se espera adquirir debe ser legal y no contraria al
Ordenamiento."
En suma, no resulta invocable la legítima confianza
del comité de empresa para perpetuar un acuerdo contrario a la legalidad
vigente.
Ahora bien, no escapa a la Sala que el dejar sin efecto estos
preceptos pudiera, tal vez, debilitar el equilibrio interno del Acuerdo, en cuyo
caso la parte actora podrá valorar la posibilidad de articular el procedimiento
correspondiente en orden a instar la total nulidad del mismo. Pero en lo que a
este proceso se refiere, no cabe dar más respuesta que la desestimatoria, porque
el elemental sometimiento a la Ley así lo exige.
Por lo expuesto y
razonado, procede desestimar la demanda.
Sin costas por tratarse de conflicto
colectivo y no apreciarse temeridad en ninguno de los
litigantes.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que desestimamos la demandas interpuesta por SECC.SIND.CC.OO EN
LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES; FEDERACION DE SERVICIOS A LA
CIUDADANIA DE CC.OO (FSC-CC.OO); contra COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(CNMV); CTE. EMP.COM. NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, y en consecuencia
absolvemos a la demandada de todos sus pedimentos.
Notifíquese la presente
sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de
Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante
esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS
hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de la
parte o de su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta
Sala dentro del plazo arriba señalado.
Al tiempo de preparar ante la Sala de
lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el recurrente, si no
goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el
deposito de 600 euros previsto en el art. 229.1.b de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social , en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta en
Banesto, Sucursal de la calle Barquillo 49, con el nº 2419 0000 000382 12.
Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación
contra esta resolución judicial, que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20
de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia, con el escrito de interposición del recurso habrán
de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre que no concurra
alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se
refieren los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la misma, ascendiendo su importe
fijo con carácter general a 750 euros, salvo en el caso de trabajadores, sean
por cuenta ajena o propia, en cuyo caso su montante será de 300 euros, amén de
la cuota variable de la citada tasa en atención a la cuantía del recurso a que
hace méritos el artículo 7.2 de la misma norma , con una exención, también en
este caso, del 60 por 100 si se trata de trabajadores, tasa que se satisfará
mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo
695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por
acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se
determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, norma
reglamentaria en vigor desde el 17 de diciembre de 2012, en el bien entendido de
que, caso de no acompañar dicho justificante, no se dará curso al escrito de
interposición del recurso hasta que se subsane la omisión producida, debiendo
ser requeridos formalmente por el Secretario Judicial para su aportación
Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la
misma al libro de sentencias.
Así por nuestra sentencia lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
