La Concapa señala que el Ministerio de Educación pretende «imponer» su nuevo proyecto de ley «sin diálogo y consenso» y que con su contenido el Gobierno español «quiere introducir una nueva desmembración de España en los aspectos históricos, religiosos y de la enorme riqueza transmitida por nuestros mayores. Buscan un acelerado adoctrinamiento en tendencias claramente destructivas y controvertidas de la educación de los alumnos, nuestros hijos»
A la Concapa se ha unido la Confederación Española de asociaciones de antiguos alumnos de la enseñanza católica (CEAAAEC), con presencia en más de 300.000 centros educativos de todo el mundo y que engloba algo más de 150 millones de antiguos alumnos, según señalan en la misiva.
Los padres de la concertada advierten de que la «ley Celaá» propone un sistema de enseñanza «contrario a la libertad de educación, de elección y libertad religiosa y moral de las familias; a pesar de estar recogido en el artículo 18.4 Asamblea General de Naciones Unidas». También denuncian que se vulneran las libertades y derechos fundamentales, reconocidos en el artíulo 27 de la Constitución Española, y en el 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pero llaman la atención sobre el ambiguo texto de la ley sobre los centros de educación especial. En la iniciativa legislativa se incluye un polémico y ambiguo apartado -disposición adicional cuarta-, del que puede desprenderse un intento de cerrar los centros de educación especial. Al respecto, la carta dice que «colegios, universidades y centros de educación especial, que además están bajo amenaza de cierre al ir traspasando poco a poco al alumnado de dichos centros alsistema ordinario general. Decisión que ha sido tomada no sólo sin contar con los padres, sino además sin los medios y recursos necesarios para la atención personal de dichos alumnos y sus familias, un verdadero despropósito».
Por último, enumeran cómo y a quién afecta la vulneración de derechos que denuncian: a la gratuidad de la enseñanza obligatoria, a la libre elección de las familias o la inversión y los recursos educativos.
La Concapa también ha enviado una carta al Defensor del Pueblo, con el mismo contenido, pidiend ayuda y amparo.
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