La Educación vuelve a agitar la vida
política navarra. En esta ocasión, son las horas de religión impartidas
en los centros educativos de la Comunidad foral el asunto que ha
dividido al Parlamento, al Gobierno, a los partidos de la oposición, al
Arzobispado, a las familias y a los sindicatos educativos.
EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra trabajan en una proposición de
ley admitida a trámite en el Parlamento de Navarra el pasado 7 de mayo
para establecer que la asignatura de Religión y sus alternativas tengan
la carga lectiva mínima establecida en la normativa de ámbito estatal.
Pero la iniciativa ni siquiera cuenta con el apoyo de todos los socios
de Gobierno, ya que Geroa Bai considera que “no se dan las condiciones”
para ese cambio.
"Las cosas se hacen de forma progresiva y no a bote
pronto", ha afirmado el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde. En su
opinión, "pasar de dos horas semanales a una hora a estas alturas de la
película tiene efectos considerables que deben ser medidos". No
obstante, advierte de que su partido puede "compartir los objetivos" de
la iniciativa presentada.
De aprobarse esta ley, la
asignatura de religión pasaría en Educación Primaria y en Educación
Secundaria de dos sesiones semanales a una, y en Bachillerato, donde es
asignatura optativa, de tres a una. Estos cambios entrarían en vigor en
el curso 2018-2019 y respetarían la legislación española básica al
respecto: el Concordato de 1979 y los acuerdos de 1992 con las iglesias
evangélicas y las comunidades judías y musulmanas.
Según datos del Departamento de Educación, este año escolar cursan
Religión 10.311 alumnos de Educación Infantil (el 53%) y 25.234 en
Primaria (el 60%). Un total de 35.545 estudiantes, a los que imparten
doctrina 133 profesores, seleccionados por el Arzobispado de Pamplona y
Tudela y contratados y pagados por el Gobierno de Navarra. De entrar en
vigor la reducción, 54 de esos docentes se quedarían sin trabajo,
calculan desde el Ejecutivo navarro.
De hecho, los
sindicatos con representación en el profesorado de Religión de Navarra
(ANPE, USO y Afapna) y la Plataforma Navarra Religión en la Escuela
anunciaron que sus “servicios jurídicos están ya trabajando para
recurrir a los tribunales en el caso de que se materializara la
reducción horaria" de la asignatura de Religión.
Defienden que la enseñanza de Religión "es un derecho de las familias
que está recogido en la legislación internacional y en la Constitución".
Asimismo, han reclamado "respeto" para las familias que "tienen
prioritariamente el derecho a la educación de sus hijos y optan
libremente por la enseñanza religiosa escolar".
Una
posición muy en línea con la argumentación del Arzobispado de Pamplona,
que ha iniciado una campaña de movilización con cientos de cartas
enviadas a los profesores de Religión, los centros concertados y a los
sacerdotes. La misiva pide que ante un momento “verdaderamente crítico”
coordinen una recogida de firmas que demuestre de forma “masiva” la
oposición al cambio legislativo. Las horas liberadas de doctrina
católica se dedicarían, además, “para impartir educación sexual y
educación para la ciudadanía”, que van en contra de la “sensibilidad y
conciencia de muchas familias en Navarra”.
Fuentes
del Arzobispado expresan que “limitar las horas de Religión es limitar
un derecho de los padres”. Y los Gobiernos “deben potenciar derechos, no
restringirlos”, consideran. En su opinión, “no es una cuestión
numérica, sino de derechos”. “La Constitución dice que los padres tienen
derecho a elegir el modelo de educación para sus hijos, y nosotros
creemos que con esa reducción el derecho quedaría muy limitado, no da
para más el asunto”, sentencian. “Esto no es una cuestión de religión,
sino un derecho de los padres recogido en la Constitución, en el
artículo 27.3. Los padres de confesión islámica tienen el mismo derecho,
es lógico”. Adelantan que en el caso de colisión de derechos “serán los
tribunales los que decidan”.
La consejera de
Educación y portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, se manifestó
partidaria de una educación laica en un foro reciente organizado por la
Cadena Ser en Navarra, si bien reconoció que en el próximo curso la
mitad del alumnado ha elegido la clase de religión por lo que no tendría
sentido una reducción del tiempo de clase a la mitad.
Solana defiende "leer en cada momento lo que está diciendo la sociedad
navarra". Se ha referido así a las 11.000 firmas que piden que no se
reduzca -y que podrían aumentar en los próximos días debido a la campaña
orquestada por el Arzobispado- o a que no existe ninguna petición por
parte de centros, asociaciones de padres y madres o familias para que
así se haga.
Solana, no obstante, ha manifestado que
"desde el cuatripartito y también desde el Gobierno hemos hablado muchas
veces de que la mejor situación sería aquella en la que la religión
estuviera fuera de las aulas". Un deseo contradictorio con el devenir de
los hechos pues, lejos de limitar las horas de doctrina católica en las
aulas, el próximo curso Navarra se convertirá en la novena comunidad
del Estado en comenzar a impartir religión islámica.
Los socios de Gobierno, enfrentados
Son argumentos que no convencen a sus socios de Gobierno. La
parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha explicado en
concreto que el acuerdo programático establecía que se estudiarían "vías
legales para no impartir religión confesional en el currículum escolar,
lo cual no excluirá el estudio del hecho religioso y de las religiones
como parte de dicho currículum".
La parlamentaria de
EH Bildu Esther Korres ha afirmado que la "religión debe estar fuera de
la escuela, es un tema que hay que trabajar y desarrollar en el ámbito
familiar", pero ha apuntado que "por desgracia, la legislación española
no nos permite tomar decisiones propias en Navarra y en consecuencia
sacar la religión de las aulas". Así, aunque "la legislación actual solo
nos permite reducir las sesiones de religión", es algo que "hay que
llevar a la práctica".
En la misma línea, la
parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha afirmado que su grupo defiende
"una escuela pública laica, porque la religión tiene que ser algo de la
conciencia personal, pero nunca como adoctrinamiento dentro de un
espacio escolar".
UPN y PP, contra el recorte; el PSN, a favor
El el presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha
defendido "la libertad de las familias" y ha criticado que la presidenta
Uxue Barkos "guarde silencio" y "no diga nada" mientras un Parlamento
de Navarra "quiere impulsar que se recorten las libertades" y se
"recorten las horas de Religión", lo que, en su opinión, supone "un
ataque a las familias".
"¿Generaba algún problema?
No, es una cuestión de libertad. Ya vale de no respetar la libertad de
las familias. Eso es convivir, pues no, se pisotean derechos y recortan
libertades", ha argumentado el regionalista.
Alberto
Catalán, en la misma línea, se refirió a la "aconfesionalidad" del
Estado y recordó que "España no es un país laico como pretenden imponer
algunos". "La Carta Magna establece que ninguna confesión tendrá
carácter estatal, pero garantiza la libertad religiosa y asegura la
cooperación entre los poderes públicos y las confesiones religiosas,
algo que no reconocen países laicos como puede ser el caso de Francia",
ha reiterado.
En un comunicado, la presidenta del
PPN, Ana Beltrán, ha señalado que "ya anunciamos que pondríamos en
marcha todos los mecanismos a nuestro alcance para impedir que estos
partidos sigan intentando perjudicar a un 67% de las familias que eligen
religión en nuestra Comunidad".
La socialista María
Chivite ha terciado en la polémica recordando que Geroa Bai "se mostró
partidario el año pasado en el Parlamento de reducir al mínimo legal la
carga horaria de la enseñanza de Religión en una moción que salió
adelante con el único voto en contra de UPN y PP". Por ello, preguntará
este jueves en el Parlamento a la presidenta navarra "si van a respaldar
la propuesta legislativa de sus socios de gobierno como ya hicieron en
su momento con dicha moción".
Además, Chivite ha
remarcado que la reducción de la asignatura de Religión en las aulas es
"una realidad en otras comunidades autónomas", ya que "es algo posible y
factible dentro del marco legal". "Lo que hace falta es voluntad", ha
sostenido.
