El Proyecto de Ley de Educación –de la
LOMLOE–, que ha sido publicado en circunstancias tan extraordinarias como las
de un “estado de alarma”, afecta sin duda a toda la sociedad, verdadera
protagonista de la educación, de la que formamos parte como Iglesia católica. Por ello, consideramos
responsabilidad nuestra participar en el debate público en orden a su
tramitación.
Punto de partida es, sin duda, el compromiso
con este bien inmenso que es la educación, uno de los tesoros más valiosos de
la sociedad, pues afecta a la vida de los seres más queridos y, de muchas
maneras, al futuro de todos.
Tras examinar con atención el actual
Proyecto de Ley, nos parece tener que insistir en la necesidad de proteger y promover
el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en
la Constitución y en su interpretación jurisprudencial.
Nos preocupa que se recojan plenamente las
consecuencias de estos principios en la nueva Ley, y en primer lugar el respeto
por la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de los
hijos. Si el Estado tiene una tarea principal en la defensa y la promoción del
bien de la educación para todos, no es sin embargo el sujeto del derecho
educativo.
En este mismo sentido parece necesario que,
a diferencia del actual Proyecto, la futura Ley siga recogiendo la “demanda
social” en todas las etapas del proceso educativo, desde la libertad de
elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin
discriminaciones, al trato en igualdad de condiciones de los diversos centros y
a la libertad para su creación.
La formación integral es un principio
educativo recogido también por la Constitución. En consecuencia, no puede
excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de
la persona, de modo que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre. En
este ámbito de conocimientos se sitúa la asignatura de Religión, como es habitualmente reconocido en los
sistemas educativos europeos.
Queremos insistir en que esta asignatura no
puede plantearse de manera ajena a la identidad cultural, moral y religiosa de
la persona. Pues esta identidad forma parte esencial de la realidad a cuyo conocimiento
la escuela ha de introducir a la persona concreta. Conocer y comprender la
propia realidad es el método adecuado para poder luego actuar con libertad.
La persona, además, no existe nunca como individuo aislado, sino como
miembro de un pueblo, partícipe de una cultura, de una tradición. La
cual, en el caso de nuestra sociedad, como en el de los diferentes
países europeos, no se entendería sin conocer y comprender la fe
cristiana.
La asignatura de Religión católica es una
respuesta a estas exigencias en el caso de la mayoría del alumnado. Ciertamente
puede ser integrada de varios modos en el área de conocimiento que le
corresponda en el currículo, de modo que no se generen para nadie agravios
comparativos. De igual manera, habrá de respetarse el conjunto de exigencias
propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas a la metodología o al
estatuto del profesorado. Pero no debe ser considerada ajena al proceso
educativo. Por ello, debe ser una asignatura comparable a otras asignaturas
fundamentales y, por tanto, evaluable de igual manera.
Estos derechos y libertades, estos bienes
relativos a la educación, recogidos en la Constitución, han sido también
confirmados en varias ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Están
contenidos igualmente en los Acuerdos del Estado español con la Santa
Sede.
Del mismo modo que es importante el diálogo
y la participación de todos, no
podemos dejar de tener en cuenta el marco
jurídico fundamental, que, defendiendo los derechos y libertades fundamentales,
constituye la base no sólo de nuestro “pacto social”, sino también de un muy
deseable “pacto escolar”.
La presencia de la Iglesia, del “pueblo
católico” en nuestra sociedad es grande, y ha desarrollado una tradición
educativa secular. Creemos que ha sido y deseamos que siga siendo una riqueza
de nuestra sociedad, que posibilite el crecimiento, la libertad y la pluralidad
de la propuesta educativa y, sobre todo, que sirva así al bien de los alumnos,
las familias y toda la sociedad.
Creemos que estos grandes bienes justifican
suficientemente todo esfuerzo de diálogo y de colaboración leal en el proceso
de preparación de la nueva Ley de Educación, para el cual ofrecemos nuestra
plena disponibilidad.
17 junio 2020
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