Religión Confidencial
Los obispos españoles tienen delante un difícil desafío: la nueva Ley de Educación (LOMLOE), impulsada por la ministra Isabel Celáa, que entra en cuestiones especialmente delicadas para la enseñanza católica.
La estrategia diseñada por la Conferencia Episcopal en la relación
con el Gobierno de Pedro Sánchez pasa por dos ideas principales. En la
dimensión pública, hacer todo lo posible para no tensar las relaciones,
por ejemplo con declaraciones que puedan molestar al Gobierno.
Y en la práctica, abrir un cauce permanente de diálogo, una vez que
el Gobierno socialista y comunista está muy satisfecho con la actitud
que la Iglesia ha tomado durante la pandemia.
Una ley de Educación lesiva
Muestra de este doble comportamiento es el caso de la nueva Ley de
Educación (LOMLOE), una ley claramente lesiva con algunos derechos de
los padres, y que afecta directamente, de forma negativa, a la Escuela
Católica.
También se podría añadir la propuesta legislativa sobre la eutanasia.
Según ha podido saber Religión Confidencial, el cardenal Juan José Omella
ha solicitado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, una entrevista
para iniciar conversaciones sobre aquellos aspectos que la Educación
Católica considera inaceptables. Un encuentro para el que todavía no hay
fecha.
La ministra da largas
Todo parece indicar que la Ministra está dando largas a los obispos,
como una forma de ganar tiempo y avanzar en la tramitación legislativa.
También hay que contar con la negativa influencia del “alma comunista”
del Gobierno a toda cesión a la Iglesia.
De hecho, en una entrevista este fin de semana, el obispo secretario
general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, señaló que
“tenemos pendientes bastantes cuestiones en diálogo que el propio
presidente del Gobierno y la vicepresidenta han anunciado, cuando tuvo
su entrevista con el nuncio, pero me imagino que debido a las
circunstancias que hemos vivido desde marzo hasta aquí, no ha sido
posible todavía tener estos encuentros”.
Contención en las declaraciones
La instrucción del Presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José
Omella, es la de la contención de las declaraciones públicas, al menos
las de carácter colegial.
Pero ya se han empezado a escuchar voces de algunos obispos, como el
cardenal Antonio Cañizares o el obispo de Getafe, monseñor Ginés Ramón
García Beltrán. Le tocaría el turno a la Comisión Episcopal de Educación
y Cultura, antes llamada de Enseñanza y Catequesis.
Destacados miembros
La Comisión de Educación y Cultura tiene como presidente al obispo de
Lugo, monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Cuenta con obispos importantes
como monseñor Juan Antonio Martínez Camino, monseñor Juan José Asenjo,
monseñor Javier Martínez y monseñor Fidel Herráez.
Este último es un destacado especialista en materia educativa desde
sus años de negociador con los sucesivos Gobiernos cuando era
colaborador del cardenal Cañizares y Delegado de Enseñanza de la
archidiócesis de Madrid.
Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la interlocución con la
Ministra de Educación por parte de la Conferencia Episcopal se ha
llevado habitualmente por parte del obispo presidente de la citada
Comisión, junto con los técnicos de los Servicios jurídicos, y en
ocasiones el obispo Secretario general de la Conferencia Episcopal.
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