ARAINFO REDACCIÓN
En el año 2015, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón establecía mediante una orden que la materia de Religión pasaba de 90 a 45 minutos en la etapa de primaria. Un día antes del inicio de curso 2015-16, y tras una demanda de varios obispados aragoneses, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) suspendía como medida cautelar este recorte horario. Se iniciaba un periplo judicial de cuatro años en los que diversas demandas, medidas cautelares y sentencias han ido modificando los horarios de los centros de infantil y primaria aragoneses. Estas modificaciones han llegado en ocasiones con el curso ya iniciado con el consiguiente “trastorno” a la hora de organizar los horarios de los centros.
Cuatro años después de la mencionada orden, se empieza a preparar el comienzo del curso 2019/20 después de que los tribunales hayan avalado que la reducción a 45 minutos no conculca ni la Constitución española ni el el concordato con la Santa Sede de 1979.
En este escenario, el profesorado de religión ve cómo, al reducirse el horario de la única materia que pueden impartir en los centros, sus contratos con el Ministerio español de Educación pueden ser modificados o rescindidos.
“Es evidente que, al reducirse su carga horaria, hace falta menos profesorado o que se les contrate por menos horas. Tomar medidas en este sentido, que parecen de sentido común y que se aplicarían, y se han aplicado, con el resto de profesorado, con el de Religión no está pasando”, explican desde CGT Enseñanza.
Y es que desde 2015 -añaden-, cuando en Andalucía se redujo el horario de Religión a 45 minutos de manera efectiva, el Ministerio español de Educación ha mantenido el mismo contrato a dicho profesorado, con el mismo horario y retribuciones, a pesar de que en buena parte de ese horario no realizan ninguna labor docente. “Es decir, siguen cobrando por horas de clase que llevan años sin impartir”.
“Que esta situación continúe es lo que han pedido cuatro sindicatos al Gobierno de Aragón para el profesorado de Religión; uno de ellos CSIF, autoproclamado defensor de la escuela pública. Quieren que en Aragón, donde insistimos se va a pasar de 90 a 45 minutos de Religión católica, también se mantengan los actuales contratos del profesorado encargado de la materia. Esto, para empezar, no es competencia de la DGA sino de quien hace los contratos y paga sus salarios: el Ministerio de Educación”, recuerdan desde la formación sindical.
“CSIF pide que la asignatura de Religión tenga unas ratios más reducidas que el resto de materias para que el número de profesorado necesario para impartir las clases no disminuya. Es decir, donde hay un grupo de 22 alumnos hacer dos de once. Esto es un agravio comparativo flagrante con el resto del profesorado de la escuela pública. Efectivamente, es necesario destinar recursos a la escuela pública para bajar ratios, pero resulta indecente solicitarlo solo en la materia de Religión y en esas proporciones”, aseveran.
“De no aceptar la DGA esta propuesta -continúan-, CSIF propone que al profesorado de Religión, que no ha pasado por ningún concurso-oposición sino que está nombrado a dedo por los obispados, se le atribuyan otras actividades como ayudar en las bibliotecas, control de recreos, apoyo a las diferentes coordinaciones o proyectos de innovación”.
Por ello, CGT entiende que “la solución a este conflicto laboral no puede ser a costa del resto del profesorado de la escuela pública, ya que asignar al profesorado de Religión católica tareas que son propias del resto del profesorado del centro podría implicar la reducción del número de docentes que, estos sí, han pasado por un proceso público y transparente de selección”.
“Tampoco parece una solución viable -recalcan- que se contrate con dinero público personal docente que no tiene tareas asignadas. Incluso se podría aducir que es un fraude”. Por tanto, desde la formación sindical “exigen” al Gobierno de Aragón “que se niegue a las propuestas de los sindicatos CSIF, ANPE, USO y Apprece de permitir tareas impropias del profesorado de Religión por las posibles consecuencias negativas que puedan tener para el resto del profesorado, así como a reducir las ratios en dicha materia para mantener su carga horaria por el agravio comparativo que supondría”.
Argumentan que el profesorado de Religión católica tiene sus derechos como cualquier otro trabajador o trabajadora, “pero también como cualquier otro trabajador está expuesto a que una modificación de su carga potencial de trabajo modifique su contrato laboral sin que ello suponga un perjuicio para el resto del profesorado. Es el Ministerio de Educación quien debe solucionar la manifiesta disfunción entre horario en contrato y horario a realizar”, apuntan.
En su opinión, “la oposición a la presencia de la asignatura de Religión dentro de la escuela pública es una cuestión que tiene un claro consenso entre el profesorado de dicha escuela pública, y también entre toda la comunidad educativa. Es hora de abordar la salida definitiva del adoctrinamiento religioso del currículo escolar. Tratar de ampliar los privilegios con los que el profesorado de Religión accede y desarrolla su labor docente no parece ser la mejor manera de hacerlo”.
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