Hace unos días, en un diario cordobés (
www.eldiadecordoba.es),
se podían leer las mezquindades de estómagos agradecidos
respecto, una vez más, a los profesores de religión de educación primaria de Andalucía, y a sus previsibles condiciones laborales.
El citado diario trae, negro sobre blanco, que la responsable de la
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba, Dª
Manuela Gómez Camacho, ha realizado las siguientes manifestaciones: “
Al no ser personal contratado por nosotros, no podemos hacer nada”.
Se está refiriendo a la situación a la que la Junta está abocando a este colectivo, en virtud de lo contenido en el
proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía, que desarrolla la LOMCE para este concreto nivel educativo, y
que reduce la asignación horaria de la asignatura de religión,
lo que, consecuentemente, provocará la reducción de este profesorado en
parecida proporción, es decir, podrán ser despedidos o se les mantendrá
con un contrato y unas retribuciones ínfimas para la dignidad de
cualquier persona.
Y dice aquello, porque
estos docentes de religión de
educación primaria, al no estar transferidos a la Junta de Andalucía,
dependen contractual y retributivamente del Ministerio de Educación,
quien deberá asumir estas consecuencias arbitrarias y caprichosas, en
una curiosa situación que cubre de mayor ignominia a los dirigentes
andaluces, que sin vergüenza alguna dicen que tendrá que ser el “
Ministerio de Educación quien dé respuesta a qué va a hacer con ellos y buscar una solución”.
Tamaña desvergüenza sólo es comprensible desde la bajeza moral y la despreocupación de quien está bien alimentado, aunque sus justificaciones se revistan con florituras como que, “
se
ha optado por reforzar y equilibrar los tiempos de las materias
instrumentales como las matemáticas y las áreas de comunicación
lingüística, tanto la Castellana como los idiomas extranjeros, áreas que
son básicas por sí mismas, así como para que el alumnado pueda
desarrollar las restantes áreas del currículo sin dificultad”.
En Andalucía, como en otros lugares, siempre se ha recurrido a que
eran las administraciones públicas las que pagaban las decisiones de la
jerarquía eclesiástica respecto a ciertos “despidos” de profesores de
religión, pero ahora, a esa misma administración autonómica, no le
duelen prendas en provocar una situación mucho más grave, en términos
cuantitativos, más allá del incumplimiento de una norma de carácter
supra legal como es un Acuerdo internacional.
El problema añadido, es que ese Ministerio de Educación que respecto a estos docentes hace de empresario,
tiene una actitud parecida en el territorio en el que controla la fijación del horario
correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques de
asignaturas específicas (Ceuta y Melilla), por lo que expresar, como
hace la administración autonómica “
el deseo de que tanto el
Ministerio de Educación, que es quien contrata a este personal, como las
autoridades eclesiásticas, adopten las medidas necesarias para que no
se perjudiquen sus derechos laborales y profesionales como consecuencia
de la regulación planteada por la LOMCE”, supera los confines del cinismo y de la falta absoluta de empatía.
En el presente caso, hay un despropósito de gravísimas y
dolorosas consecuencias, tal y como se atisba el panorama, esto es, como
una relación triangular o cuadrangular, donde primero se da
una propuesta para enseñar (Obispos), luego una administración contrata
(MEC) y la otra controla los centros públicos e impone los horarios y
las jornadas (Junta de Andalucía),
por lo que se rompe toda la
lógica bilateral consustancial al contrato de trabajo, produciendo
confusión y desconcierto en el papel desempeñado por cada uno de los
sujetos, a costa de los trabajadores.
Esta situación “
kafkiana”,
deberán resolverla los Tribunales si así lo deciden los propios profesores, probablemente
previa
petición como medida cautelar, de la suspensión del apartado del
Decreto que reduce el horario de la asignatura de religión,
acreditando la difícil o imposible reparación del daño causado de
aplicarse el mismo. Los recurrentes, tendrán sobrados motivos, los que a
nadie se nos escapan, pero que pueden ampliarse tanto como la
creatividad de los recurrentes.
También es cierto y más que probable, que las discrepancias bien
conocidas, entre la Junta de Andalucía y los Obispos del Sur, hayan
tenido estas consecuencias, a las que
siempre ha estado sometido como moneda de cambio, el profesorado de religión, además del guiño simplista de los dirigentes de la Junta, en año electoral, para sus presuntos fieles. En definitiva,
se mercantiliza la dignidad de las personas y se ignora el bien común con eufemismos vacíos.
En cualquier caso, pese a quien le pese,
la clase de religión elegida por los padres de alumnos y, en su caso, por ellos mismos,
es mucho más libre, coherente y democrática que la elección de la Presidenta de la Junta de Andalucía y todos sus asesores y cargos de “
confianza”.
Todavía están a tiempo para rectificar: Por favor, háganlo.
Fuente:
http://blogs.periodistadigital.com/speculum.php/2015/02/11/religion-en-andalucia
Queridos
amigos,