El Gobierno de Mazón recupera la asignatura de Religión y reduce la materia Valores Cívicos y Éticos
El sindicato STEPV rechaza la reincorporación por considerar que los cultos forman parte de la esfera «privada» de las personas y reivindica volver a la situación estipulada por Ximo Puig
Una de las últimas novedades introducidas por el Gobierno autonómico de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana es la recuperación de Religión como asignatura, con tiempo de aprendizaje en clase, al tiempo que se reduce el dedicado a impartir la materia de Valores Cívicos y Éticos.
El cambio se ha incluido en la modificación del currículum de Secundaria para aplicar las sentencias que eliminaban la obligatoriedad de los denominados «ámbitos» en primer curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y de la asignatura de Proyectos Interdisciplinares en primero, segundo y tercero de esta etapa educativa.
Potenciar la enseñanza de la Religión -una cuestión tradicionalmente sensible y con partidarios y detractores- entre los adolescentes ha vuelto a suscitar rechazo en alguna parte de la comunidad educativa, si bien en esta ocasión la noticia ha pasado más desapercibida que en otras ocasiones.
«La incorporación de esta materia en la parrilla de las horas lectivas ha comportado la reducción de esta hora de Valores Cívicos y Éticos», han lamentado desde el sindicato de docentesSTEPV, que se «ratifica» en que «la religión confesional pertenece al ámbito privado de las personas y, por lo tanto, no debería de constar como asignatura en los centros educativos».
En cambio, «este sindicato ha defendido la redacción anterior respecto a la oferta de Religión», con el anterior Gobierno de la Generalitat Valenciana, presidido por el socialista Ximo Puig y en coalición con Compromís y Podem.
Una afinidad también patente en otro aspecto en proceso de cambio en la política educativa, la reversión de la inmersión lingüística del catalán en las aulas como lengua vehicular, iniciada por Mazón y con la que el STEPV se ha mostrado especialmente crítico. «Los términos establecidos por la Conselleria de Educación no son otros que arrinconar el valenciano», valoraron, además de presentar alegaciones en contra, en este caso, de la derogación parcial de la Ley de Plurilingüismo en las zonas de predominio castellanohablante para que las familias puedan elegir idioma en que sus hijos aprenden las materias troncales, no de lengua.
Acerca de esta posición del STEPV, desde la asociación de familias y docentes Idiomas y Educación, señalan que «hay un gran número de profesores, entre los que se encuentran miembros de equipos directivos, que han demostrado, en la experiencia del periodo 2015 a 2023, que no representan a cada comunidad educativa».
Asimismo, opinan que «existe una gran influencia del sindicato, que con más del 53% de cuota monopoliza la enseñanza y cuenta con un objetivofinal de imposición lingüística con segundas intenciones: la creación de los Países Catalanes».
Frente a este afán, la plataforma alicantina reivindica que «el derecho del alumno está, hasta su mayoría de edad, en los padres, en nadie más», para decidir en qué lengua quiere aprender el conjunto de materias de su plan de estudios.
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