No han sido pocos los mensajes políticos y sociales que, desde el pasado lunes, han recibido los obispos españoles reunidos en Asamblea Plenaria. Las alarmas de un serio conflicto entre la Iglesia y el Gobierno de Sánchez han empezado a sonar.
Víctimas de la pederastia
La sensación que se ha tenido en la calle Añastro, durante estos días de trabajo, es que arrecia una campaña de presión mediática y social contra la Iglesia que tiene dos ejes con un mismo foco, las víctimas de la pederastia y las amenazas más o menos veladas que está lanzando el Gobierno para que, entre otras cuestiones, la Iglesia acepte un organismo conjunto para la indemnización de las víctimas de la pederastia.
Un organismo que supondría la intromisión ilegítima del Estado en asuntos internos de la Iglesia, una evidente pérdida de la obligada neutralidad constitucional del Gobierno.
En román paladino, ¿está amenazada la libertad de la Iglesia hoy por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios? ¿Está utilizando el Gobierno la cuestión de la pederastia, y de las víctimas de la pederastia, para una estrategia de más largo alcance como la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado? ¿Existe una colaboración, o a lo sumo, una connivencia, de ciertos sectores eclesiales en esta estrategia gubernamental?
Discurso clarificador de Luis Argüello
Vayamos a la secuencia de los hechos ocurridos hasta hoy viernes.
El lunes, después de un discurso clarificador del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, del que Félix Bolaños en su calidad de interlocutor de las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia sabe que no es precisamente una persona maleable, se celebró la ceremonia de entrega de los premios Premio Save the Kids, un galardón que responde a una iniciativa promovida por Justice Initiative, plataforma que aglutina a diversas asociaciones de víctimas como ANIR, AVA, LulaCris y la Fundación Guido Fluri.
Una ceremonia con un protagonismo destacado de la familia Cuatrecasas, padre e hijo. Cuatrecasas padre fue el presentador de un acto al que se incorporaron sobre la marcha el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, José Cobo y el arzobispo de Pamplona. Florencio Roselló. También estaba allí el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Un acto en el que se emitió un vídeo de agradecimiento del Papa Francisco que recibió uno de los premios.
El trabajo de los obispos con las víctimas
Cuatrecasas, fundador de Infancia Robada, dijo en un momento que “el premio al papa Francisco es porque en estos años hemos visto un rayo de esperanza”. En cambio dijo que “la Iglesia española está yendo marcha atrás con la nueva Ejecutiva” en materia de lucha contra esta lacra. ¿Acaso quiso contraponer al Papa con el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española?
Esta frase, que no tuvo aclaración, ni respuesta por ninguno de los eclesiásticos presentes, hizo saltar las alarmas en Añastro. La pregunta que se hacían no pocos obispos es: ¿de verdad el Papa Francisco sabe lo que la Conferencia Episcopal Española está haciendo en lo referido al acompañamiento y reparación a las víctimas? ¿Quién esta informando al Papa Francisco sobre esta materia?
A lo largo de las jornadas de trabajo en esta intensa semana, los obispos iban abordando específicamente los trabajos del Plan PRIVA, el Plan Integral de Reparación de las Víctimas (PRIVA), y los siguientes pasos de acompañamiento y reparación a las víctimas, de los cuales informará hoy el obispo secretario general de la CEE, monseñor Cesar García Magán.
Ángel Gabilondo
Llegamos a ayer jueves, día en el que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, compareció en el Congreso de los Diputados para presentar las conclusiones del “Informe sobre los abusos ene el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”.
Presencia trece meses después de haber concluido el estudio y semanas después de que compareciera en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, coincidiendo con la reunión de los obispos en Madrid. Curiosa coincidencia, que permite, entre otras cuestiones, la continuidad de los titulares de prensa.
Creación de un fondo estatal
El Defensor del Pueblo, hombre de talante dialogante, sabedor de por qué ocupa ese cargo, presentó 24 recomendaciones en el marco de una línea argumental que se sintetiza de esta manera: la importancia de crear un órgano independiente encargado de la reparación de las víctimas junto con la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a las víctimas.
Es decir, obligar a la Iglesia a formar parte de un organismo conjunto con el Gobierno. Una especie de duplo de la Comisión PRIVA a través del cual se tomaran decisiones que afectaran a la autonomía y libertad de la Iglesia.
Un organismo que sirviera de “mecanismo de coordinación” entre las oficinas de protección del menor y prevención de abusos de la Iglesia y las oficinas de víctimas de delitos dependientes del Ministerio de Justicia o de los gobiernos autonómicos.
Compromisos conjuntos
“Por el bien de las víctimas, es imprescindible que ambas instituciones adopten compromisos conjuntos”, dijo Gabilondo, instando a los poderes Legislativo y Ejecutivo a implementar de inmediato las recomendaciones del informe.
Durante la sesión de intervenciones posteriores a la del Defensor del Pueblo, la izquierda de Podemos y Sumar recordaron implícitamente al PSOE la negativa inicial del Gobierno a que se monte una Comisión parlamentaria sobre las víctimas de la pederastia en la Iglesia.
Mientras, el PP defendía que el estudio de la pederastia no se debía hacer sólo en el ámbito de la Iglesia, cuando es un problema social, y recordaba que la Conferencia Episcopal ya cuenta con el Plan PRIVA.
Está claro que el Gobierno no ha digerido que la Iglesia se adelantara con el Plan PRIVA y su organismo de decisión sobre indemnizaciones para víctimas cuyos victimarios han muerto o cuyas denuncias no tiene recorrido en los ámbitos del derecho civil y canónico.
Acuerdo educación Iglesia-Estado
Pero la historia no acaba aquí.
En el diario El País, destacado medio del denominado “equipo de opinión sincronizada” del Gobierno, se publicaba ayer una página, firmada por el periodista Ángel Munárriz, encargado de las informaciones intencionales sobre la Iglesia en ese periódico, en la que se recogía la propuesta del PSOE, en la ponencia del congreso federal que se va a celebrar en Sevilla entre el 29 de septiembre al 1 de diciembre próximos, de denunciar el Acuerdo de Educación entre la Iglesia y el Estado español. Palabras mayores.
Un aviso claro a los obispos por si no se habían dado cuenta de que el Gobierno de Sánchez va a por todas. Como la Conferencia Episcopal no se le está haciendo el juego al Gobierno en lo referido a la pederastia, ahora llega la amenaza en forma de ponencia del congreso federal en una materia como la educación, clave para la presencia evangelizadora de la Iglesia.
Poner en peligro el sistema de conciertos
Denunciar el Acuerdo sobre Educación supondría, entre otras cosas, la desaparición de la religión de la escuela, además de poner en peligro el sistema de los conciertos educativos.
La cartas están sobre la mesa. Toca que el Gobierno, tomando como referencia lo dicho por el Defensor del Pueblo, se ponga a legislar sobre esta materia. Legislación que también podría vulnerar los Acuerdos Iglesia-Estado.
Monseñor Luis Argüello tendrá que lidiar con esta situación inusual. La pregunta es con qué apoyos efectivos cuenta el presidente de la Conferencia Episcopal para garantizar la libertad e independencia de la Iglesia. Apoyos en Roma y en Madrid, por supuesto.
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