Qué es el pin parental: la herramienta para que los padres puedan vetar contenidos en las aulas

OLGA R. SANMARTÍN@olgarsanmartinMadrid

El pin parental de Vox se ha convertido en el epicentro de un encendido debate escolar. El Gobierno va a recurrirlo allá donde se implanta mientras que se avecina una rebelión: Vox dice que "los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos" y la organización Hazte Oír anuncia que denunciará a los directores de los colegios que lo "obstaculicen". Otros padres, sindicatos, estudiantes y asociaciones están movilizándose para protestar contra la herramienta, ya puesta en marcha en Murcia. En Andalucía y la Comunidad de Madrid también podría aplicarse.

 

¿Qué es el pin parental?

El pin parental, tal y como lo plantea Vox, es una solicitud escrita que va a dirigida a los directores de los centros educativos en la que los padres piden que les informen previamente, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI, de tal forma que los progenitores puedan dar su consentimiento para que su hijo asista o no. Este partido considera que estos contenidos pueden ser "intrusivos" para la "conciencia" y la "intimidad" de los menores.

¿Funciona ya el pin parental en alguna comunidad autónoma?

Desde el pasado mes de septiembre, está implantado en Murcia. En agosto, la Consejería de Educación, del PP, dictó una resolución con las instrucciones de comienzo de curso 2019/2020 en las que se establece que "se dará conocimiento a las familias" al comienzo de curso de "las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular" y son impartidas por personal ajeno al centro educativo "con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades".
Esta resolución, según explican en la Consejería, fue uno de los requisitos para que Vox apoyara la investidura del PP. Ahora ha servido para alcanzar un acuerdo, con Ciudadanos, para cerrar los presupuestos de la región. La condición que había puesto la formación de Santiago Abascal es que la resolución adquiriera rango de decreto, además de que se creara un documento oficial y estandarizado para que todos los centros educativos tengan el mismo documento que se mandará a las familias. Al final, se ha llegado a un término medio: Cs respalda que haya una autorización previa expresa de las familias "en base a los preceptos consagrados en la Constitución". Este partido, de forma paralela, ha anunciado que va a recurrir las instrucciones de Murcia porque las ve "ilegales".

¿El pin parental se va a implantar en más comunidades autónomas?

También es arma de negociación en el marco de la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid: Ciudadanos se opone, pero la Consejería de Educación es del PP, como en Murcia. En Andalucía también fue condición de Vox para aprobar los presupuestos y aún no se ha implantado. El Gobierno andaluz ha defendido este viernes la libertad de los padres a la hora de opinar sobre la educación de sus hijos y ha dicho que cualquier medida al respecto se haría con respeto a lo que marca la Ley de Educación, en sintonía con el acuerdo alcanzado en Murcia.

¿Cuál es la postura del Gobierno central?

Pedro Sánchez e Isabel Celaá han anunciado que lo combatirán con firmeza. En el Consejo de Ministros, Celaá ha llegado a decir que "los hijos no pertenencen a los padres". Para empezar, el Ministerio de Educación va a llevar a los tribunales las instrucciones de Murcia, por considerarlas una especie de "censura previa" para las actividades de los colegios que "socava" el derecho de los alumnos a la educación y "censura la actuación de los centros docentes y su profesorado".

¿Qué argumentos jurídicos aporta?

Su razonamiento es que el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales no pueden estar por encima del derecho de los niños a recibir una educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución y en los artículos 1, 78, 84.3 y 124.2 de la Ley de Educación y en sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Memorándum de la CE contra el Racismo y la Intolerancia.
Sostiene, por otro lado, que los profesores y los directores son los que tienen "autonomía pedagógica" y "la competencia para diseñar las actividades complementarias que crean convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido a los currículos correspondientes". Si no, la educación sería "a la carta", en función de las preferencias de los padres.
Añade, además, que el pin va en contra de la Ley de Violencia de Género y de las leyes autonómicas LGTBI, que expresamente dicen que se tiene que dar formación en los colegios sobre este tipo de contenidos.

¿Qué alegan los defensores del pin parental?

El PP dice que estos contenidos son "adoctrinadores" y debe haber alguna forma de evitarlos pues se atenta contra la libertad ideológica de los menores. "Al igual que hay un sector de la izquierda está en contra de que se les enseñe Religión a sus hijos, en la derecha están en contra de perder el control de la educación de los menores. Hay conflicto de intereses entre los padres que quieren que sus hijos se eduquen correctamente y los profesores que tienen la obligación de enseñar, pero sin traspasar la línea roja del adoctrinamiento", sostienen fuentes de la Inspección.
La clave del asunto va a ser, por un lado, determinar si estos contenidos perjudican o no a los niños y, por otro, delimitar si las charlas son extracurriculares o no. El PP sostiene que son contenidos extracurriculares y el Gobierno dice que, por el contrario, se trata de "actividades complementarias programadas por los centros educativos, que además son evaluables"; es decir, dentro del currículo. La Ley de Educación deja claro que todos los alumnos deben participar en estas actividades complementarias. Si el juez determina que estas actividades, como cuando un policía o un bombero visita el colegio y da una charla, no afectan al contenido de la programación, los padres podrían sacar a sus hijos de esas materias.

¿Pueden apelar los padres a la objeción de conciencia para usar el pin parental?

La objeción de conciencia la contempla el ordenamiento jurídico para casos muy concretos, según las fuentes consultadas, y no parece que sea éste el caso. En 2009, el Tribunal Supremo determinó que no se podía objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que tenía contenidos parecidos a los que se ponen en cuestión ahora. Es por eso por lo que Vox se ha inventado el nombre de pin parental y no habla de objeción de conciencia.

¿Tiene sentido que se hable de sexualidad, género e identidad LGTBI en horario escolar?

Vox, PP y las familias defensoras del pin parental argumentan que ese tipo de contenidos son delicados y prefieren enseñárselos en casa, en vez de confiarlos a personas que, en muchos casos, son ajenas al centro educativo. En el otro lado, se argumenta que, en una sociedad donde la pornografía irrumpe cada vez con más fuerza en edades muy tempranas y los padres muchas veces no están en casa para hablar con sus hijos, es conveniente que en los colegios se imparta esta formación, en beneficio de la convivencia de todo el alumnado.

Fuente: https://www.elmundo.es/espana/2020/01/17/5e219fcc21efa0f6078b45a6.html