La
consejera de Educación, Adelaida de la Calle, confirmó ayer los temores
de la enseñanza concertada. La Junta de Andalucía sólo renovará los
conciertos «estrictamente necesarios» para asegurar la escolarización.
Una amenaza que pone en jaque a cientos de colegios repartidos por toda
la comunidad, que ya habían anunciado movilizaciones en todas las
provincias a mediados de este mes y una gran manifestación el 1 de abril
en Sevilla.
La prioridad del Gobierno andaluz será «fortalecer y defender siempre la escuela pública» porque entiende que es «la mejor manera de garantizar la igualdad en el acceso y la universalización de la educación». En respuesta a una pregunta del PP en el Parlamento, De la Calle apuntó a una «decisión política inamovible», de consecuencias difíciles de cuantificar. Una cuestión ideológica, por tanto, que provocará a priori una confrontación directa con su gran aliado político, Ciudadanos, defensor del derecho a elegir de los padres dentro del modelo educativo actual, según el ideario de Albert Rivera. De hecho, hoy mismo hay prevista una reunión de C’s con las Escuelas Católicas de Andalucía (ECA).
El significativo descenso de la natalidad permite a la Junta justificar su posición. La ratio media en Primaria en el curso 2015/16 fue de 21,7 alumnos y 21,2 en Infantil. Resultaría bastante simple interpretar que sobran más de tres plazas por unidad en las escuelas públicas –la ratio máxima permitida es 25– y desconocer el amplísimo y variopinto territorio andaluz. Pero la consejería deja claro que en igualdad de condiciones en un municipio, nunca se suprimirán unidades (clases) de la pública, aunque el centro concertado con el que conviva tenga mayor demanda. Y aquí es donde el recelo se multiplica. La eliminación de las lista de espera en el proceso de escolarización, una medida adoptada esta misma semana para modificar un decreto de 2011, deja a los centros concertados sin uno de sus principales argumentos de defensa. «Los padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, recogido en el artículo 27 de la Constitución. Dicha elección corresponde únicamente a ellos y por consiguiente, la demanda de las familias debe ser respetada y tenida en cuenta», explica el manifiesto de la ECA, ya movilizada.
El plazo de presentación de solicitudes de los centros concluyó el 31 de enero. Los conciertos que se acuerden tendrán una duración de seis años en Primaria y cuatro años en el resto de enseñanzas. El artículo 3 de la Orden de 30 de diciembre de 2016 establece que la renovación podrá concederse para un número de unidades «inferior, igual o superior» al que el centro tuviese concertado en el curso 2016/17, en función de lo que resulte del estudio y valoración de las solicitudes presentadas. La discrecionalidad final es un hecho. Ahora corresponde a las comisiones provinciales, hasta el 9 de febrero, formular la propuesta de concertación y, posteriormente, a la dirección general elaborar una propuesta de resolución.
La incertidumbre es total tanto en los padres del alumnado como en los docentes.
Los sindicatos y el PP –habla de «acoso» al modelo concertado– contemplan la coyuntura actual como una «oportunidad» para reducir ratios en todos los centros, públicos y concertados, y mejorar la calidad de los resultados y atender a la diversidad del alumnado. Los demoledores datos del informe PISA están muy frescos, pero la Junta de Andalucía continúa apelando a la «responsabilidad» del gasto. «Nuestros principios deben ser la eficacia del servicio educativo, la rentabilidad y la optimización de los recursos públicos», reiteró ayer De la Calle.
Con esta filosofía, los centros afectados sólo ven «más recortes» sobre un modelo que funciona. De hecho, la enseñanza concertada supone un ahorro para la sociedad andaluza al cifrarse en 6.000 euros el precio de un puesto escolar público frente a los 3.000 euros del concertado.
Desde laECA, patronal que agrupa a más de 400 colegios, invitan a la Consejería de Educación a «realizar un estudio profundo sobre los pobres resultados en nuestra región» y también a ser «valientes y autocríticos» para adoptar las «medidas adecuadas y poner los medios necesarios». Y desmienten otro argumento muy extendido: «La concertada no ha crecido a costa de la pública en los últimos años, al contrario. El porcentaje de un 80% de la pública y un 20% de la concertada ha pasado a un 81,5% y un 18,5%, respectivamente». Individualmente, los centros también se mueven, concienciando a las familias porque «pueden retirar unidades incluso a centros como el nuestro donde las plazas están cubiertas e incluso hay más demanda que plazas disponibles», explican desde Escuelas Profesionales Sagrada Familia. El componente ideológico se antepone incluso a la labor social realizada.
Fuente: http://www.larazon.es/local/andalucia/la-junta-confirma-los-temores-de-la-concertada-PF14441248
La prioridad del Gobierno andaluz será «fortalecer y defender siempre la escuela pública» porque entiende que es «la mejor manera de garantizar la igualdad en el acceso y la universalización de la educación». En respuesta a una pregunta del PP en el Parlamento, De la Calle apuntó a una «decisión política inamovible», de consecuencias difíciles de cuantificar. Una cuestión ideológica, por tanto, que provocará a priori una confrontación directa con su gran aliado político, Ciudadanos, defensor del derecho a elegir de los padres dentro del modelo educativo actual, según el ideario de Albert Rivera. De hecho, hoy mismo hay prevista una reunión de C’s con las Escuelas Católicas de Andalucía (ECA).
El significativo descenso de la natalidad permite a la Junta justificar su posición. La ratio media en Primaria en el curso 2015/16 fue de 21,7 alumnos y 21,2 en Infantil. Resultaría bastante simple interpretar que sobran más de tres plazas por unidad en las escuelas públicas –la ratio máxima permitida es 25– y desconocer el amplísimo y variopinto territorio andaluz. Pero la consejería deja claro que en igualdad de condiciones en un municipio, nunca se suprimirán unidades (clases) de la pública, aunque el centro concertado con el que conviva tenga mayor demanda. Y aquí es donde el recelo se multiplica. La eliminación de las lista de espera en el proceso de escolarización, una medida adoptada esta misma semana para modificar un decreto de 2011, deja a los centros concertados sin uno de sus principales argumentos de defensa. «Los padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, recogido en el artículo 27 de la Constitución. Dicha elección corresponde únicamente a ellos y por consiguiente, la demanda de las familias debe ser respetada y tenida en cuenta», explica el manifiesto de la ECA, ya movilizada.
El plazo de presentación de solicitudes de los centros concluyó el 31 de enero. Los conciertos que se acuerden tendrán una duración de seis años en Primaria y cuatro años en el resto de enseñanzas. El artículo 3 de la Orden de 30 de diciembre de 2016 establece que la renovación podrá concederse para un número de unidades «inferior, igual o superior» al que el centro tuviese concertado en el curso 2016/17, en función de lo que resulte del estudio y valoración de las solicitudes presentadas. La discrecionalidad final es un hecho. Ahora corresponde a las comisiones provinciales, hasta el 9 de febrero, formular la propuesta de concertación y, posteriormente, a la dirección general elaborar una propuesta de resolución.
La incertidumbre es total tanto en los padres del alumnado como en los docentes.
Los sindicatos y el PP –habla de «acoso» al modelo concertado– contemplan la coyuntura actual como una «oportunidad» para reducir ratios en todos los centros, públicos y concertados, y mejorar la calidad de los resultados y atender a la diversidad del alumnado. Los demoledores datos del informe PISA están muy frescos, pero la Junta de Andalucía continúa apelando a la «responsabilidad» del gasto. «Nuestros principios deben ser la eficacia del servicio educativo, la rentabilidad y la optimización de los recursos públicos», reiteró ayer De la Calle.
Con esta filosofía, los centros afectados sólo ven «más recortes» sobre un modelo que funciona. De hecho, la enseñanza concertada supone un ahorro para la sociedad andaluza al cifrarse en 6.000 euros el precio de un puesto escolar público frente a los 3.000 euros del concertado.
Desde laECA, patronal que agrupa a más de 400 colegios, invitan a la Consejería de Educación a «realizar un estudio profundo sobre los pobres resultados en nuestra región» y también a ser «valientes y autocríticos» para adoptar las «medidas adecuadas y poner los medios necesarios». Y desmienten otro argumento muy extendido: «La concertada no ha crecido a costa de la pública en los últimos años, al contrario. El porcentaje de un 80% de la pública y un 20% de la concertada ha pasado a un 81,5% y un 18,5%, respectivamente». Individualmente, los centros también se mueven, concienciando a las familias porque «pueden retirar unidades incluso a centros como el nuestro donde las plazas están cubiertas e incluso hay más demanda que plazas disponibles», explican desde Escuelas Profesionales Sagrada Familia. El componente ideológico se antepone incluso a la labor social realizada.
Fuente: http://www.larazon.es/local/andalucia/la-junta-confirma-los-temores-de-la-concertada-PF14441248
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