Mons. Braulio Rodríguez Estimados profesores:
El
pasado 2 de marzo de 2012 en el transcurso de la Visita Pastoral a la
parroquia de Santa María de Benquerencia, visité el Instituto de
Educación Secundaria Alfonso X el Sabio. No lo hice para reconocer la
colaboración que este centro llevó a cabo en un “mercadillo solidario”
en el mes de diciembre pasado, cuya recaudación se entregó a Cáritas
Diocesana. Muchas gracias por esa colaboración con Cáritas, cuya
actividad social a favor de los más necesitados es notoria, pero mi
visita fue para estar con los alumnos, cuyos padres libremente eligieron
para sus hijos la Enseñanza Religiosa Escolar. “Clase de Religión” es
conocida esta asignatura, optativa para ellos y obligatoria para los
centros.
La visita fue muy agradable y transcurrió toda ella con cordialidad.
Al salir del centro, y despedirme del Director, de los profesores de
Religión y otros docentes, un profesor joven me saludó amablemente y me
entregó una carta firmada por aproximadamente 16 ó 17 profesores. Era
una carta abierta. “¿Se puede responder?” dije al profesor. “Puede
hacerlo, por supuesto”, me respondió él. Ahora lo hago, y como la carta
es abierta y ha aparecido en la red y en Informativo “Vecinos” de la
Asociación de Vecinos “El Tajo” en ese barrio toledano, pueden los
lectores tener delante el texto al leer mi respuesta. La carta abierta
de estos profesores es en todo momento correcta. Yo lo agradezco, pues
pienso que ellos estarán también dispuestos a leer con atención mis
argumentos. Sus consideraciones las he leído yo atentamente, por
supuesto.
Después de hablar de la educación pública como espacio de encuentro
plural –también lo es el ámbito de la educación de iniciación privada-,
sostienen que la pública es “un patrimonio que no puede ser conculcado
ni mermado por las creencias, dogmas o sensibilidades particulares”. En
mi opinión, lo que afirman estos profesores es que están en contra de
que se utilicen los centros educativos públicos para desarrollar
creencias particulares y les parece un desacierto la injerencia en
sentido contrario. Afirmación respetable pero no necesariamente
indiscutible, porque caería en dogmatismo. Ciertamente no atacan el
derecho a “difundir los principios de la verdad revelada”, pero en su
opinión existen otros escenarios para ello. Es decir, la “impartición de
Doctrina Católica” en la Escuela de iniciativa pública les parece un
error de las autoridades académicas, que, sin embargo, es aceptado por
la Iglesia Católica. Ante esta opinión se me ocurre pensar que no son
solamente las autoridades académicas quienes permiten esto. Ha sido el
Parlamente que aprobó la última Ley de Educación, la ejecutó y puso en
práctica el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se promulgó un
Real Decreto sobre la aplicación de dicha Ley. Ya sabemos desde entonces
cómo quedó la asignatura de Religión en los Reales Decretos: libre para
los alumnos; obligatorio para el Centro; no evaluable y sin
alternativa.
La carta de los profesores aduce, como es lógico, toda una serie de
argumentaciones en contra de que la Enseñanza Religiosa Escolar Católica
tenga lugar en el ámbito de la Escuela de iniciativa pública; algo que
luego comentaré brevemente. Pero nuestros profesores olvidan algo
fundamental en este tema: no mencionan nunca en su carta a los padres,
como fundamentales responsables de la educación de sus hijos; también de
la dimensión moral y religiosa de la educación de sus hijos. La
Escuela, de iniciativa pública y privada, es un servicio a esta
responsabilidad en la educación de sus hijos. El artículo 27.3 de
nuestra Constitución es palmario. ¿Acaso hay que dejarlo sin vigencia?
Esos padres quieren, en proporción bastante alta, que sus hijos reciban
Religión y Moral Católica en la Escuela, lugar muy importante para su
educación y crecimiento personal. La Escuela no es laica o creyente: lo
son las personas y la opción de los padres debe ser respetada.
Lo que el obispo hace es responder a esa demanda de los padres,
prepara profesores idóneos, que mantienen una relación laboral con el
Estado o Consejería, no con el Arzobispado, porque esos padres católicos
son ciudadanos que pagan los mismos impuestos que los demás padres.
Pero lo mismo pasa con otras confesiones religiosas, pues cristianos
evangélicos, judíos y musulmanes firmaron acuerdos en 1992 en las mismas
condiciones que el Acuerdo firmado por la Iglesia Católica. El olvido
de los padres en este tema es, cuanto menos, curioso y significativo.
Paso ahora a las afirmaciones de la carta que pueden ser contestadas siguiendo una lógica al alcance de todos:
1. La educación es global y los humanos somos seres que no
funcionamos en compartimentos estanco. ¿Cómo no ver que en el espacio
Escuela no puede faltar la enseñanza razonada de la Religión Católica?
La clase de Religión no es impartir doctrina; no es Catequesis, ésta se
celebra en la parroquia. Es una afirmación gratuita que la Iglesia
Católica utilice el centro educativo para la catequización.
2. Las negociaciones para los Acuerdos Iglesia-Estado, no Concordato,
tal vez se hicieran antes de la promulgación de la Constitución, pero
no la firma de dichos Acuerdos. Pienso claramente, pues, que la
Asignatura de Religión impartida en la Escuela de iniciativa pública no
va en contra de la aconfesionalidad del Estado. Les aseguro que en mis
casi 25 años de obispo he luchado siempre por esa separación
Iglesia-Estado, y son muchas las veces que tal separación no es
respetada por los poderes públicos y otros grupos. Que puedan finalizar
esos Acuerdos Iglesia-Estado de 1976 es posible. Pero para ello hay que
dar los pasos convenientes, como es que los denuncie una de las partes
razonando, pues son acuerdos internacionales.
3. El Estado o las Autonomías pagan en efecto, a los profesores aptos
–con su titulación correspondiente- de Religión Católica, como a los
profesores de otras asignaturas optativas; algo que no sucede con la
Educación para la Ciudadanía, asignatura que en tantos casos atenta
contra la libertad religiosa, al aceptar los poderes públicos textos que
enseñan la moral del gobierno de turno. La Iglesia Católica no recibe
fondos públicos para el mantenimiento de los centros educativos
concertados. Paga a esos profesores porque imparten un servicio público a
hijos de ciudadanos que pagan impuestos. Es sabido que esos centros
concertados salen más baratos a la Consejería que los centro de
Iniciativa pública. Podemos cotejar las cifras. No todas las
afirmaciones, pues, de estos profesores son indiscutibles; contienen
juicios respetables, pero tal vez también pre-juicios.
4. Yo seguiré aceptando cuanto sea dialogo o posturas diferentes a mi
modo de pensar; me parece razonable, pero no tengo por qué aceptar que
siempre las posturas distintas a las mías son verdad y razonables. Por
ejemplo, cuando se interpreta la laicidad como laicismo se está cayendo
en otra opción de algún modo confesional.
Agradezco, por supuesto, los consejos y las sugerencias que estos
profesores me indican, pero veo algo de amenaza velada en alguna frase
de la carta. Y, desde luego, nada tiene que ver con el integrismo
defender la presencia de la enseñanza razonada de la fe y moral católica
en la Escuela de iniciativa pública, cuando ésta es optativa para los
padres que quieren que sus hijos la reciban y, además, no es evaluable
ni tiene alternativa. Los padres que elijan esta asignatura ejercen la
libertad que la Constitución y la objetividad les reconoce.
Espero, en cualquier caso, que vuestra tarea educadora sea fructífera.
Con mi reconocimiento y cordial saludo.
+ Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
