El diario de Prisa publicó un artículo contra la Conferencia Episcopal y posteriormente se ha negado a publicar un escrito de rectificación.
El
diario El
País vuelve a estar inmerso en una polémica con la Iglesia Católica, ya que
no es la primera vez que esto ocurre en las páginas del diario de Prisa. El
último choque se ha producido por un artículo publicado el pasado 26 de febrero
por el encargado de la información religiosa del periódico y que se titulaba:
"Jaque
al paraíso fiscal". En él se arremetía contra la Conferencia Episcopal por los supuestos
beneficios fiscales que disfruta la Iglesia y que no le deberían
corresponder.
Ante
los hechos publicados, y al considerar que el texto estaba lleno de "falsedades", la Conferencia Episcopal decidió
tomar medidas y envió a El
País un escrito el pasado 29 de febrero ejerciendo el derecho de
rectificación con el que pretendía aclarar los datos vertidos en el artículo.
Sin embargo, la carta redactada por el órgano
de los obispos no ha sido publicada ni se ha recibido contestación con
los motivos por los cuales la dirección del periódico ha tomado dicha
decisión.
Pese
a ello, la Oficina de Información de la
CEE no se resignó y posteriormente envió otra misiva al Defensor del
Lector de El
País con "la intención de que pudiera mediar dada su función de
‘vigilancia' para que el tratamiento de las informaciones sea acorde con las
reglas éticas y profesionales del periodismo".
Tal
y como cuenta ahora el jefe de prensa de la Conferencia Episcopal, Isidro Catela, el Defensor del Lector les
contestó asegurando que las invocaciones al derecho de rectificación no le
correspondían a él. Tampoco hizo mención a las "implicaciones éticas" del
asunto.
Ante
el silencio del diario de Prisa, este martes la Conferencia Episcopal ha tomado
la decisión de dar a conocer el asunto a la opinión pública a través de un
comunicado, mostrando tanto las "falsedades" del artículo como la actitud de El
País ante las peticiones de la Iglesia.
En
este sentido, la Conferencia Episcopal ha afirmado que "hoy, 25 días después de la publicación del artículo,
ante el incumplimiento de la obligación del diario de dar cauce
adecuado al ejercicio del derecho de rectificación, y dado el interés general
que tiene el contenido de la carta, la damos a conocer a la opinión
pública".
El
servicio de información muestra el escrito de rectificación enviado al diario
desmontando datos concretos ofrecidos en el artículo en cuestión. En el texto
dirigido al director afirma que "le solicito
que rectifique lo publicado en la página 32 de la edición de El
País del domingo 26 de febrero, donde se afirma que el Estado
‘tiene en nómina a obispos y curas como si fuesen funcionarios’".
"Es falso", sentencia categóricamente la
Conferencia Episcopal, que explica que "son las diócesis las que retribuyen
mensualmente a los sacerdotes". Y asegura que podrían hacerlo con el Fondo Común
Interdiocesano que distribuye la CEE y que entre otras partidas proviene de la
casilla que marcan los españoles a favor de la Iglesia Católica en su
Declaración de la Renta.
Del
mismo modo, el escrito de rectificación se refería a otro dato dado por El
País, que aseguraba, según la CEE, que "la Iglesia católica está exenta del
IBI ‘en virtud de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede’". "Tampoco es cierto", responde el jefe de
prensa, que aclara que "ese régimen fiscal está regulado por la Ley de Mecenazgo
49/2002" y que se da "en virtud de lo que allí se recoge por lo que la Iglesia
disfruta de las mismas exenciones que otras instituciones sin fines
lucrativos".
Sin
embargo, no es la primera vez que la Conferencia Episcopal envía una
carta de rectificación a este diario. Hace poco más de un año ocurrió lo
mismo por un editorial titulado "Púlpitos en las aulas" y que obligó a otro
escrito en el que se decía a El
País que "la discrepancia en las ideas, en este caso expresadas en forma de
editorial, es legítima. Lo que no se sostiene es que esas ideas se basen en
hechos que no son verdad".
Este
es el escrito íntegro envíado por la Conferencia Episcopal al diario
El País:
RECTIFICACIÓN
Sr.
Director:
Le
solicito que rectifique lo publicado en la página 32 de la edición de “El País”
del domingo 26 de febrero, donde se afirma que el Estado “tiene en nómina a
obispos y curas como si fuesen funcionarios”. Es falso. Son las diócesis quienes
retribuyen mensualmente a los sacerdotes. Lo podrían hacer con el dinero que
procede de una parte del Fondo Común Interdiocesano, distribuido anualmente por
la Conferencia Episcopal Española y que a su vez, se compone, entre otras
partidas, del dinero que los contribuyentes, de forma libre y voluntaria,
asignan cada año en su Declaración de la Renta a favor de la Iglesia. Pero ni
siquiera todas las diócesis pagan los sueldos con el dinero del mencionado
Fondo, porque en él se incluyen partidas de asignación y no de distribución
directa a los interesados.
En
la misma información también se asegura que la Iglesia católica está exenta del
IBI “en virtud de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede”. Tampoco es
cierto. Ese régimen fiscal está regulado por la Ley de Mecenazgo 49/2002. Es en
virtud de lo que allí se recoge por lo que la Iglesia disfruta de las mismas
exenciones que otras instituciones sin fines lucrativos.
Isidro Catela Marcos
Director Oficina de
Información
Conferencia Episcopal
Española
