La comunidad educativa rechaza «una reforma de la Lomce «por imposición»

La patronal de escuelas concertadas, los padres de alumnos y los profesores de Religión anuncian movilizaciones y acciones judiciales si el Gobierno sigue adelante «sin diálogo, ni consenso»

El Gobierno socialista no resucitará el Pacto por la Educación y afrontará en solitario una amplia reforma de la Lomce. Los llamamientos al diálogo y al consenso que el PSOE le lanzó al Ejecutivo del Partido Popular se han esfumado. Desde este miércoles han sido sustituidos por un golpe de mano para cambiar los «elementos perturbadores», en palabras de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de la polémica ley Wert. Unos cambios que se realizarán, de forma «urgente» e «inmediata», y que afectarán, fundamentalmente, a la escuela concertada, a la religión, a la educación diferenciada por sexos, a la asignatura de valores cívicos, a los consejos escolares y a los itinerarios a partir de los 13 años.
En ningún momento hizo referencia al pacto, solo tímidamente a la necesidad de dialogar. La portavoz del PP, Sandra Moneo, le advirtió de los peligros de legislar, «unilateralmente», de «reformar una ley y después que se sumen los demás. No se trata ni de lo mío, ni de lo tuyo, sino de lo de todos». También la portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, mostró su temor a otro «decretazo» como el que han aplicado en la RTVE.
A esta decisión de reformar en solitario el sistema educativo, en contra de la posición que habían mantenido los socialistas, se une también el incumplimiento de una de las medidas de presión que utilizaron contra el PP para justificar su retirada del citado pacto: destinar el 5% del PIB a Educación. Pues ayer, la ministra, solo se atrevió a decir que «vamos a ver, vamos a intentarlo».

El Ejecutivo había estado durante las últimas semanas soltando con cuentagotas algunas de estas medidas. Pero este miércoles, la ministra desveló todas sus cartas durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso,para explicar las líneas generales de su gestión. Celaá dejó sorprendido al PP y a Ciudadanos por el volantazo que los socialistas van a dar a lo que ha sido su posición política.
Estos son los cambios anunciados por la ministra y las duras críticas que han recibido del sector educativo por «utilizar la imposición para legislar»:

Eliminar «la demanda social» de la concertada

El Gobierno modificará el artículo 109.2 que afecta a la educación concertada. En este punto, están dispuestos a eliminar el requisito de «demanda social», que se aplica para abrir nuevas líneas de educación concertada en los centros escolares. A mayor demanda, más educación concertada. La ministra llegó a afirmar que la educación pública estaba considerada como «subsidiaria de la concertada» y que ésta última «puede estar, o no estar».
El anuncio ha provocado una «enorme preocupación» en la patronal de la educación concertada. El portavoz de Escuelas Católicas, Luis Centeno, explicó ayer a ABC que el Gobierno «pretende hacer una planificación de los puestos escolares de manera unilateral». «Esto va en contra de los principios de la libertad de enseñanza», indicó Centeno, cuya organización representa al 60% de la escuela concertada.
Según indicó, la enseñanza concertada «no pide que se le favorezca sí o sí, sino que se respete el deseo y derecho de las familias a poder elegir la educación que quieren para sus hijos». Además aseguró que el Gobierno se equivoca si cree que solo debe apoyar a la escuela pública cuando ambas ofrecen un servicio a la sociedad y garantiza la libertad de enseñanza que consagra la Constitución.

La Religión no tendrá valor académico

La religión dejará de computar para la nota media de los alumnos. No tendrá alternativa, como sucedía hasta ahora con valores cívicos. Podemos aplaudió esta medida. «No se pueden mantener privilegios de hace cuarenta años», aseguró su portavoz, Javier Sánchez. Por su parte, el PP le recordó que tiene que cumplir el artículo 27.3 de la Constitución y los acuerdos Iglesia-Estado. La ministra subrayó que «tenemos que cumplir los tratados internacionales».

Desde Aprece, la organización que representa a los profesores de Religión, aseguraron este miércoles que la presencia de la asignatura de Religión en el currículum es «perfectamente constitucional». Su presidente, José María de la Guardia, recordó ayer a ABC que si el Gobierno pretende cumplir con los Acuerdos Iglesia-Estado la asignatura deberá tener valor académico y contar con una asignatura alternativa. «Pero si el Gobierno finalmente decide ir adelante con estas medidas anticonstitucionales acudiremos a la Justicia», advirtió De la Guardia, al tiempo que señaló que «los mensajes de la ministra Celaá generan desconcierto en la sociedad».

La asignatura Valores Cívicos será obligatoria

El sistema educativo tendrá una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos», que no será alternativa ala religión. El contenido serán los «derechos humanos y las virtudes cívico-democráticas».
La Concapa no ve con buenos ojos esta nueva asignatura. «Podría recuperar lo peor de Educación para la Ciudadanía, que provocó el enfrentamiento de muchas familias con el Ministerio de Educación», aseguró el presidente de la Concapa( Confederación de Padres Católicos), Pedro Caballero a ABC. «Todo lo que se salga de las opciones de educación cívica será adoctrinamiento», apuntó.

Cambiar el modelo de la educación diferenciada

El Ejecutivo abrirá un diálogo con los centros concertado que practican la separación de niños y niñas». La ministra afirmó que «contravienen los principios generales de la educación inclusiva y la coeducación». Celaá confía en poder «acordar el modelo organizativo más igualitario».
Alfonso Aguiló, presidente de CECE la patronal de centros de enseñanza que aglutina a la educación diferenciada, recordó este miércoles a ABC que esta cuestión «está zanjada tras la sentencia del Tribunal Constitucional» del pasado mes de abril. Dicho fallo avala que las aulas en las que se separan a los alumnos y a las alumnas se subvencione con dinero público, ya que «no constituye discriminación». «Invitamos a la ministra a dialogar para conocer mejor la educación diferenciada», indicó Aguiló, quien a la par lamentó que el debate educativo se centre en aspectos secundarios y no en los temas importantes como son el fracaso escolar, mejorar el nivel de idiomas de los alumnos o la FP.

No contempla un Pacto por la Educación

La ministra no habló en ningún momento del Pacto por la Educación, solo de diálogo. Sin embargo, afirmó que las medidas de reforma de la Lomce se aplicarán de forma «inmediata y urgente».
La comunidad educativa consultada este miércoles por ABC lamentó que la ministra «hable de diálogo» y luego pretenda reformar la Lomce «sin consenso». «Desde Concapa le hemos pedido una reunión y la respuesta ha sido el silencio. Con este anuncio de la ministra, el Gobierno vuelve a tomar la peor de las políticas que es la de la imposición», aseguró Pedro Caballero, presidente de la Concapa. El representante de los padres católicos advirtió además de que si la ministra sigue el camino marcado sin diálogo ni consenso «nos tendrá en la calle en septiembre» porque «vulnera el derecho de los padres a elegir la edudación que quieren para sus hijos».

Fuente: https://www.abc.es/sociedad/abci-comunidad-educativa-rechaza-reforma-lomce-imposicion-201807112023_noticia.html