La separación de niños y niñas en las aulas o la asignatura de religión y su nueva alternativa académica
son algunos de los 14 preceptos de la 'ley Wert' incluidos en el
recurso de inconstitucionalidad que el PSOE presentará esta semana y al
que ha tenido acceso la Cadena SER. Son 156 páginas en las que han
trabajado una decena de constitucionalistas de distintas universidades y
que se basan sobre todo en la presunta vulneración de principios de
igualdad, equidad y participación democrática en el sistema educativo.
En su recurso, el PSOE avanza en sus posiciones políticas al pedir
que se declare inconstitucional el modelo de educación diferenciada por
sexo, por vulneración del principio de igualdad entre hombres y mujeres, y secundariamente reclama que en ningún caso se permita financiar con fondos públicos este tipo de centros.
También considera inconstitucional equiparar al mismo nivel académico la asignatura de religión y su nueva alternativa de valores sociales y cívicos, cuando los contenidos de la primera los fija la Conferencia Episcopal y los de la segunda la administración pública. Además, entiende que los alumnos que opten por la religión se verán discriminados por no recibir una formación en valores constitucionales que deberían cursar sin excepción todos los estudiantes.
El recurso también considera vulnerada la participación de padres, profesores y alumnos en el sistema educativo, al despojar los consejos escolares de poder de decisión y relegarlos a meros órganos consultivos. Igualmente cuestiona la separación por itinerarios en la educación básica obligatoria, al no justificar los motivos para derivar a alumnos a la nueva FP Básica sin tener en cuenta la opinión del estudiante y denuncia el riesgo de guetos educativos y la ruptura en la equidad y cohesión del sistema que puede suponer el hecho de que los centros de Bachillerato puedan incorporar criterios de rendimiento para la admisión de alumnos, además de los motivos de cercanía al domicilio o escolarización de hermanos.
También considera inconstitucional equiparar al mismo nivel académico la asignatura de religión y su nueva alternativa de valores sociales y cívicos, cuando los contenidos de la primera los fija la Conferencia Episcopal y los de la segunda la administración pública. Además, entiende que los alumnos que opten por la religión se verán discriminados por no recibir una formación en valores constitucionales que deberían cursar sin excepción todos los estudiantes.
El recurso también considera vulnerada la participación de padres, profesores y alumnos en el sistema educativo, al despojar los consejos escolares de poder de decisión y relegarlos a meros órganos consultivos. Igualmente cuestiona la separación por itinerarios en la educación básica obligatoria, al no justificar los motivos para derivar a alumnos a la nueva FP Básica sin tener en cuenta la opinión del estudiante y denuncia el riesgo de guetos educativos y la ruptura en la equidad y cohesión del sistema que puede suponer el hecho de que los centros de Bachillerato puedan incorporar criterios de rendimiento para la admisión de alumnos, además de los motivos de cercanía al domicilio o escolarización de hermanos.
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