EFE 09/12/2013
El
Gobierno ahorraría cerca de 97 millones de euros si traspasa el coste
total que suponen los profesores de Religión, en Infantil y Primaria, de
Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria, únicas comunidades que aún no
tienen asumidos dichos gastos.
El informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) destaca que en el curso 2012-2013 el Estado costeó las nóminas de 2.988 profesores (2.059 en Andalucía, 563 en Canarias, 264 en Aragón y 102 en Cantabria) y 137 sustitutos, que supusieron un total de 96.671.722 euros.
Por ello, la comisión recomienda ese "traspaso pendiente", al igual que se ha llevado a cabo con las demás autonomías desde 1981.
La medida ya fue anunciada el pasado mes de octubre en el Congreso por el subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Benzo, que afirmó que el Ejecutivo estudiaba incluir en la reforma de las administraciones públicas que el pago de las nóminas de los profesores de Religión sea asumido por las citadas comunidades.
Benzo también dijo que la partida para los profesores de Religión se ha disminuido en los Presupuestos Generales de 2014 en 1,14 millones de euros para adecuar el número de dichos maestros "a la realidad de los centros".
En su análisis, la CORA subraya que dado que el Ministerio de Educación no tiene servicios propios en dicho área fuera del ámbito de Ceuta y Melilla y de lo Servicios Centrales del departamento, "no es factible gestionar adecuadamente desde éstos al profesorado de Religión", lo que da lugar, por ejemplo, a un "control inadecuado" en el caso de las ausencias de trabajo o bajas por enfermedad.
Según esta comisión, también puede haber "consecuencias indeseadas" como el "índice de absentismo elevado" y su consiguiente coste con la contratación de profesores sustitutos.
Para mejorar dicha situación, la CORA recomienda que el control de dicho personal se lleve a cabo dentro del marco natural en el que presta servicios (colegios públicos de las autonomías) y por la Administración correspondiente.
También explica que, en su día, Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria no asumieron el traspaso de los profesores de Religión de Infantil y Primaria por la "discutida condición jurídica" de este colectivo, pues en los últimos años fue pasando desde contratados administrativos y trabajadores autónomos por cuenta propia hasta contratados laborales por cuenta ajena.
Todo ello, junto a que las retribuciones se debían equiparar a la de los profesores interinos a partir de 1999, provocó "una gran conflictividad y litigiosidad" con el colectivo y motivó que esas cuatro comunidades (País Vasco realizó el traspaso en 2011) no quisieran el traspaso de competencias.
Sin embargo, en la actualidad la situación jurídica de este colectivo ha quedado "clara" y se encuentra "pacificada".
No hay, por tanto, "razón alguna que justifique la falta de traspaso a las cuatro comunidades autónomas que aún lo tienen pendiente", según la Comisión.
"La medida no supone sino llevar a su puro y debido efecto la asunción de las competencias que en materia de enseñanza no universitaria establecen los estatutos de autonomía de las mencionadas comunidades", en concordancia con lo dispuesto en la Constitución, concluye los expertos de la CORA.
El informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) destaca que en el curso 2012-2013 el Estado costeó las nóminas de 2.988 profesores (2.059 en Andalucía, 563 en Canarias, 264 en Aragón y 102 en Cantabria) y 137 sustitutos, que supusieron un total de 96.671.722 euros.
Por ello, la comisión recomienda ese "traspaso pendiente", al igual que se ha llevado a cabo con las demás autonomías desde 1981.
La medida ya fue anunciada el pasado mes de octubre en el Congreso por el subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Benzo, que afirmó que el Ejecutivo estudiaba incluir en la reforma de las administraciones públicas que el pago de las nóminas de los profesores de Religión sea asumido por las citadas comunidades.
Benzo también dijo que la partida para los profesores de Religión se ha disminuido en los Presupuestos Generales de 2014 en 1,14 millones de euros para adecuar el número de dichos maestros "a la realidad de los centros".
En su análisis, la CORA subraya que dado que el Ministerio de Educación no tiene servicios propios en dicho área fuera del ámbito de Ceuta y Melilla y de lo Servicios Centrales del departamento, "no es factible gestionar adecuadamente desde éstos al profesorado de Religión", lo que da lugar, por ejemplo, a un "control inadecuado" en el caso de las ausencias de trabajo o bajas por enfermedad.
Según esta comisión, también puede haber "consecuencias indeseadas" como el "índice de absentismo elevado" y su consiguiente coste con la contratación de profesores sustitutos.
Para mejorar dicha situación, la CORA recomienda que el control de dicho personal se lleve a cabo dentro del marco natural en el que presta servicios (colegios públicos de las autonomías) y por la Administración correspondiente.
También explica que, en su día, Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria no asumieron el traspaso de los profesores de Religión de Infantil y Primaria por la "discutida condición jurídica" de este colectivo, pues en los últimos años fue pasando desde contratados administrativos y trabajadores autónomos por cuenta propia hasta contratados laborales por cuenta ajena.
Todo ello, junto a que las retribuciones se debían equiparar a la de los profesores interinos a partir de 1999, provocó "una gran conflictividad y litigiosidad" con el colectivo y motivó que esas cuatro comunidades (País Vasco realizó el traspaso en 2011) no quisieran el traspaso de competencias.
Sin embargo, en la actualidad la situación jurídica de este colectivo ha quedado "clara" y se encuentra "pacificada".
No hay, por tanto, "razón alguna que justifique la falta de traspaso a las cuatro comunidades autónomas que aún lo tienen pendiente", según la Comisión.
"La medida no supone sino llevar a su puro y debido efecto la asunción de las competencias que en materia de enseñanza no universitaria establecen los estatutos de autonomía de las mencionadas comunidades", en concordancia con lo dispuesto en la Constitución, concluye los expertos de la CORA.
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