La información aparecida en el periódico 'Público', portavoz oficioso de los intereses del gobierno Zapatero, en el sentido de que la ley tantas veces traída y llevada sobre libertad de conciencia y religión quedaba archivada en el fondo del cajón, merece una reflexión atenta.
Zapatero ha venido utilizando un determinado tipo de leyes, como la del matrimonio homosexual, la menos polémica e igualmente mala de identidad sexual, hasta llegar a la última del aborto, como instrumentos dirigidos a movilizar a su electorado y de paso crear divisiones en el seno del PP. Esta práctica habitual se vio alterada precisamente con la última ley, la del aborto. En el PSOE existían dos interpretaciones: una que defendía la necesidad de una nueva norma radical, como así ha sido; y otro sector que prefería no tocar el tema porque auguraba, con razón, que tendría más costes políticos de los habituales. En este juego de equilibrios, un factor decisivo fue la alarma que provocó en el lobby de clínicas abortistas la detención, encarcelamiento, proceso y desmantelamiento de las clínicas de Morín. Se dieron cuenta de que a pesar de la impunidad en que se movían no tenían un blindaje cien por cien seguro.
El lobby abortista como el del homosexualismo político tiene un peso desmesurado en el seno del PSOE porque combina intereses económicos con una de las señas de identidad de la postizquierda. Su presión para que la ley prosperase fue decisiva, pero el resultado, encuestas en mano, ha dado razón a aquellos que tenían dudas porque el proceso ha desgastado al Gobierno. Entendámonos, el daño que ha sufrido no radica en la movilización de los que ya están convencidos, porque estos no votan en ningún caso al PSOE, sino por su efecto en sectores de votantes, digamos menos ilustrados, clases populares, que no han visto con buenos ojos determinados aspectos extremos de la ley, como el del aborto sin autorización paterna. Seguramente este daño político podía haber sido más efectivo si las campañas contra la ley, en vez de insistir una y otra vez en torno a la movilización de los convencidos, hubieran dedicado una parte de su atención, solo una parte, a argumentar con criterios pensados para aquel sector de votante del PSOE que no son militantes provida, pero que tampoco lo son del abortismo puro y duro.
Esta experiencia unida al fuerte desgaste de la batalla económica, con una huelga general en ciernes, no recomendaba abrir un nuevo frente en el que estuviera en juego el tema de la cruz en los edificios públicos, incluidas las escuelas. En esto hay que recordar que en realidad esta iniciativa gubernamental tenía dos almas. Una minimalista quería limitar la ley a resolver determinadas cuestiones tipo funerales de Estado. Y otra, más de máximos, que pretendía un paso decisivo hacia lo que España no es: un estado laicista. La fórmula de mínimos no hubiera encontrado el apoyo del Congreso porque la izquierda no la habría votado y la oposición la habría rechazado. Por otra parte, la mayoría de cuestiones que pretende resolver no necesitan de una ley. La norma de máximos es la que hubiera dado lugar a un nuevo frente indeseable en este momento.
También es un dato nada menor el que la Santa Sede haya hecho llegar algún tipo de indicación en el sentido de que existe una línea roja que no se puede traspasar sin grave conflicto, marcada por los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, que era precisamente uno de los objetivos indirectos de la ley en su versión más laicista.
Todo esto no significa que Zapatero haya abandonado definitivamente este campo. Se ha replegado. Pero en función de la duración de la legislatura puede ocurrir que este tema resucite o que lo haga otro tan o más explosivo como el de la eutanasia y el suicidio asistido, donde las encuestas le son en principio favorables. Estas piezas en su arsenal pueden ser utilizadas en el supuesto de que contemple que sólo puede salvarse electoralmente en medio de un gran conflicto situado sobre ejes distintos a los de la crisis económica, porque, hay que decirlo, Zapatero todavía confía que de aquí al 2012 la situación en este último aspecto amaine y pueda exhibir algunos éxitos económicos cara al electorado.
Una última reflexión: este 'inpasse' debería ser aprovechado. El catolicismo social español no puede quedar reducido a un movimiento de reacción. Debe pasar a una fase que le exige una mayor madurez que la que comportan las tareas de resistencia y movilización, como es el de plantear contenidos políticos capaces de traducirse en resultados concretos en las instituciones de gobierno. Sería un error olvidar una regla escrita de la contienda política que dice que aquellos movimientos que no consiguen con el paso del tiempo ver reflejadas sus posiciones en las instituciones acaban agotándose en si mismos.
Fuente: http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=17767&id_seccion=4
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