La Juventud Obrera Cristiana y la
Hermandad Obrera de Acción Católica, como parte de la Iglesia en el mundo
obrero y del trabajo, ofrecemos esta reflexión ante la aprobación por el
Consejo de Ministros de una nueva reforma laboral.
Nos encontramos con la 16ª
reforma del mercado de trabajo en democracia. Hasta ahora las sucesivas
reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos, de uno u otro signo
político, bajo el pretexto de modernizar y flexibilizar dicho mercado laboral, han transformando la concepción y función
del trabajo asalariado en nuestra sociedad y están socavando los derechos de
las personas trabajadoras y de sus familias.
Estas reformas siempre se han presentado
como una necesidad para combatir el desempleo, pero sólo han conseguido:
-
incrementar el empleo temporal, especialmente para los jóvenes;
-
diversificar las modalidades de contratación a la carta;
-
abaratar el coste del despido;
-
reducir el crecimiento de los salarios;
-
devaluar lo público (servicios sociales, educación y sanidad).
En definitiva, han profundizado en el
trabajo precario y en el empobrecimiento de las familias trabajadoras. Un
ejemplo lo tenemos en los años de crecimiento económico anteriores a la actual
crisis: aún creándose riqueza y empleo, estos no sirvieron para disminuir la
pobreza en nuestro país.
Ninguna reforma ha estado orientada hacia
la expansión de un empleo decente como Benedicto XVI reclama en la encíclica
Caritas in veritate. Los derechos que emanan de un trabajo a la altura del ser
humano no pueden estar subordinados a las exigencias económicas. Es la economía
la que debe orientarse a las necesidades de las personas y de sus familias; es
el ser humano el centro de la actividad económica y laboral. El respeto a la dignidad del trabajo,
vinculado a la dignidad de la persona, es y debe ser el criterio central de una
economía orientada por “una ética amiga
de la persona”. (Benedicto XVI,
Caritas in veritate, 45)
Esta
nueva reforma es otra agresión al trabajo humano como principio de vida. Creemos que una reforma laboral que
pretende ser completa y marcar un antes y un después en las relaciones
laborales, no puede hacerse sin el suficiente consenso social entre las personas
trabajadoras y el colectivo empresarial. Y tendría, además, que responder a las
necesidades de las familias trabajadoras y no a las exigencias impuestas por
los mercados financieros, las grandes empresas, las instituciones comunitarias
y los organismos económicos internacionales.
Esta
reforma laboral es una vuelta de tuerca más para flexibilizar el mercado de
trabajo:
- Quiebra el derecho
constitucional a la negociación colectiva y a la capacidad organizativa de los
trabajadores –no existe negociación real de los trabajadores en el ámbito de la
empresa cuando el 95% del tejido productivo español está compuesto por empresas
de menos de 50 trabajadores. Este Real Decreto contempla la fractura de la
cohesión social al habilitar la “caducidad” de los convenios colectivos
desincentivando cualquier negociación entre las partes.
- Facilita y abarata
la expulsión del mercado de trabajo: quita trabas al despido por causas
económicas; rebaja la indemnización del improcedente
(pasando a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades) y
elimina la autorización administrativa para poder llevar a cabo los expedientes
de regulación de empleo. Los contratos indefinidos con esta nueva regulación
tampoco tendrán, como los temporales, condición de estabilidad.
- Abre
el camino para ajustar los salarios a la productividad.
Con esta reforma, los salarios de los trabajadores más débiles van a
depender de la voluntad unilateral del empresario.
- Dificulta,
cuando no impide o precariza, el empleo juvenil. Más del 80% del empleo
destruido por la crisis corresponde a empleo juvenil. El nuevo contrato de
trabajo indefinido, especialmente para jóvenes (también para desempleados de
larga duración), dirigido a las empresas de menos de 50 trabajadores, se puede
convertir, más que indefinido, en un contrato temporal sin causa justificada.
Estas nuevas modalidades de contratación y regulación ponen en serio peligro,
aún más, la estabilidad presente y futura de la mayor parte de la juventud.
No
compartimos la individualización de las relaciones laborales que propone esta
reforma. Recordamos a
nuestros gobernantes que el trabajo es una experiencia comunitaria y que una de
las funciones de la empresa, según la Doctrina Social de la Iglesia, es
favorecer la comunitariedad. Todo lo que suponga la individualización, dar
prioridad a los intereses personales frente a los colectivos, significa romper
la vocación a la comunión del ser humano
No
es lícito eliminar derechos y protección de las personas trabajadoras con el argumento de combatir el desempleo
y de reducir la temporalidad, cuando han sido las políticas económicas de los
últimos gobiernos las que han provocado que haya un tejido productivo tan débil
y un empleo tan precario.
No
podemos seguir flexibilizando las relaciones laborales sin garantizar la
seguridad de una vida digna para las personas trabajadoras y sus familias. Y esta reforma se lleva a cabo en un
contexto de quiebra del Estado de Bienestar, de reducción del Sector Público y
de recortes de los servicios y prestaciones sociales sin precedentes.
Esta reforma rompe el débil equilibrio
conquistado históricamente entre capital-trabajo, alejándose del principio
siempre defendido por la Iglesia de la prioridad del trabajo frente al capital.
Además, supone un nuevo golpe al Derecho Laboral limitando su capacidad de
frenar la creciente mercantilización y “cosificación” del trabajo humano.
Consideramos que este gobierno ha aprovechado el estado de quietud y miedo de
la mayor parte de la ciudadanía, para eliminar viejas conquistas laborales y
aspiraciones conseguidas tras muchas luchas de tantas personas a lo largo de la
historia.
Los retos actuales que atraviesa la
economía española requieren medidas políticas concertadas en el ámbito
internacional que subordinen la economía financiera a la economía productiva.
Es preciso, como ha pedido insistentemente Benedicto XVI y el Pontificio
Consejo Justicia y Paz, una reforma del
sistema financiero internacional. Esta reforma supondría avanzar en
justicia social y comunión de bienes, redistribuyendo efectivamente la riqueza
existente; controlar la economía especulativa y frenar el desmedido afán de
lucro, en lugar de eliminar derechos. Este es el camino que puede generar
riqueza orientada a la creación de empleo decente y con derechos, y a disminuir
la pobreza.
Como Iglesia en el mundo obrero, en las
actuales circunstancias, pedimos a las autoridades políticas, a los agentes
sociales y económicos, al conjunto de los trabajadores y de la sociedad, y
especialmente a los cristianos y cristianas, que caminemos juntos, con la
intención de eliminar las causas que han generado esta crisis económica y, al
mismo tiempo, superemos las estructuras económicas y sociales injustas que
tanto sufrimiento, deshumanización y pobreza están provocando a las personas.
También
instamos a los partidos políticos a corregir y reorientar, en el proceso
parlamentrario, esta reforma laboral poniendo en el centro de la misma el
trabajo decente y con derechos y, al mismo tiempo, animamos a participar en las
iniciativas y movilizaciones que se convoquen por parte de las organizaciones
eclesiales, sociales y sindicales que ayuden a tomar conciencia y revertir esta
situación tan lesiva para las personas trabajadoras y sus familias.
Madrid, 16 de febrero de 2012
