Estimados profesores:
El
día 2 de marzo de 2012 en el transcurso de la Visita Pastoral a la
parroquia de Santa María de Benquerencia, visité el Instituto de
Educación Secundaria Alfonso X el Sabio. No lo hice para reconocer la
colaboración que este centro llevó a cabo en un “mercadillo solidario”
en el mes de diciembre pasado, cuya recaudación se entregó a Cáritas
Diocesana. Muchas gracias por esa colaboración con Cáritas, cuya
actividad social a favor de los más necesitados es notoria, pero mi
visita fue para estar con los alumnos, cuyos padres libremente eligieron
para sus hijos la Enseñanza Religiosa Escolar. “Clase de Religión” es
conocida esta asignatura, optativa para ellos y obligatoria para los
centros.
La
visita fue muy agradable y transcurrió toda ella con cordialidad. Al
salir del centro, y despedirme del Director, de los profesores de
Religión y otros docentes, un profesor joven me saludó amablemente y me
entregó una carta firmada por aproximadamente 16 ó 17 profesores. Era
una carta abierta. “¿Se puede responder?” dije al profesor. “Puede
hacerlo, por supuesto”, me respondió él. Ahora lo hago, y como la carta
es abierta y ha aparecido en la red y en Informativo “Vecinos” de la
Asociación de Vecinos “El Tajo” en ese barrio toledano, pueden los
lectores tener delante el texto al leer mi respuesta.
La
carta abierta de estos profesores es en todo momento correcta. Yo lo
agradezco, pues pienso que ellos estarán también dispuestos a leer con
atención mis argumentos. Sus consideraciones las he leído yo
atentamente, por supuesto.
Después
de hablar de la educación pública como espacio de encuentro plural
–también lo es el ámbito de la educación de iniciación privada-,
sostienen que la pública es “un patrimonio que no puede ser conculcado
ni mermado por las creencias, dogmas o sensibilidades particulares”. En
mi opinión, lo que afirman estos profesores es que están en contra de
que se utilicen los centros educativos públicos para desarrollar
creencias particulares y les parece un desacierto la injerencia en
sentido contrario. Afirmación respetable pero no necesariamente
indiscutible, porque caería en dogmatismo. Ciertamente no atacan el
derecho a “difundir los principios de la verdad revelada”, pero en su
opinión existen otros escenarios para ello. Es decir, la “impartición de
Doctrina Católica” en la Escuela de iniciativa pública les parece un
error de las autoridades académicas, que, sin embargo, es aceptado por
la Iglesia Católica. Ante esta opinión se me ocurre pensar que no son
solamente las autoridades académicas quienes permiten esto. Ha sido el
Parlamente que aprobó la última Ley de Educación, la ejecutó y puso en
práctica el gobierno de J.L. Rodríguez Zapatero y se promulgó un Real
Decreto sobre la aplicación de dicha Ley. Ya sabemos desde entonces cómo
quedó la asignatura de Religión en los Reales Decretos: libre para los
alumnos; obligatorio para el Centro; no evaluable y sin alternativa.
La
carta de los profesores aduce, como es lógico, toda una serie de
argumentaciones en contra de que la Enseñanza Religiosa Escolar Católica
tenga lugar en el ámbito de la Escuela de iniciativa pública; algo que
luego comentaré brevemente. Pero nuestros profesores olvidan algo
fundamental en este tema: no mencionan nunca en su carta a los padres,
como fundamentales responsables de la educación de sus hijos; también de
la dimensión moral y religiosa de la educación de sus hijos. La
Escuela, de iniciativa pública y privada, es un servicio a esta
responsabilidad en la educación de sus hijos. El artículo 27.3 de
nuestra Constitución es palmario. ¿Acaso hay que dejarlo sin vigencia?
Esos padres quieren, en proporción bastante alta, que sus hijos reciban
Religión y Moral Católica en la Escuela, lugar muy importante para su
educación y crecimiento personal. La Escuela no es laica o creyente: lo
son las personas y la opción de los padres debe ser respetada.
Lo
que el obispo hace es responder a esa demanda de los padres, prepara
profesores idóneos, que mantienen una relación laboral con el Estado o
Consejería, no con el Arzobispado, porque esos padres católicos son
ciudadanos que pagan los mismos impuestos que los demás padres. Pero lo
mismo pasa con otras confesiones religiosas, pues cristianos
evangélicos, judíos y musulmanes firmaron acuerdos en 1992 en las mismas
condiciones que el Acuerdo firmado por la Iglesia Católica. El olvido
de los padres en este tema es, cuanto menos, curioso y significativo.
Paso ahora a las afirmaciones de la carta que pueden ser contestadas siguiendo una lógica al alcance de todos:
1.La
educación es global y los humanos somos seres que no funcionamos en
compartimentos estanco. ¿Cómo no ver que en el espacio Escuela no puede
faltar la enseñanza razonada de la Religión Católica? La clase de
Religión no es impartir doctrina; no es Catequesis, ésta se celebra en
la parroquia. Es una afirmación gratuita que la Iglesia Católica utilice
el centro educativo para la catequización.
2.Las
negociaciones para los Acuerdos Iglesia-Estado, no Concordato, tal vez
se hicieran antes de la promulgación de la Constitución, pero no la
firma de dichos Acuerdos. Pienso claramente, pues, que la Asignatura de
Religión impartida en la Escuela de iniciativa pública no va en contra
de la aconfesionalidad del Estado. Les aseguro que en mis casi 25 años
de obispo he luchado siempre por esa separación Iglesia-Estado, y son
muchas las veces que tal separación no es respetada por los poderes
públicos y otros grupos. Que puedan finalizar esos Acuerdos
Iglesia-Estado de 1976 es posible. Pero para ello hay que dar los pasos
convenientes, como es que los denuncie una de las partes razonando, pues
son acuerdos internacionales.
3.El
Estado o las Autonomías pagan en efecto, a los profesores aptos –con su
titulación correspondiente- de Religión Católica, como a los profesores
de otras asignaturas optativas; algo que no sucede con la Educación
para la Ciudadanía, asignatura que en tantos casos atenta contra la
libertad religiosa, al aceptar los poderes públicos textos que enseñan
la moral del gobierno de turno. La Iglesia Católica no recibe fondos
públicos para el mantenimiento de los centros educativos concertados.
Paga a esos profesores porque imparten un servicio público a hijos de
ciudadanos que pagan impuestos. Es sabido que esos centros concertados
salen más baratos a la Consejería que los centro de Iniciativa pública.
Podemos cotejar las cifras. No todas las afirmaciones, pues, de estos
profesores son indiscutibles; contienen juicios respetables, pero tal
vez también pre-juicios.
4.Yo
seguiré aceptando cuanto sea dialogo o posturas diferentes a mi modo de
pensar; me parece razonable, pero no tengo por qué aceptar que siempre
las posturas distintas a las mías son verdad y razonables. Por ejemplo,
cuando se interpreta la laicidad como laicismo se está cayendo en otra
opción de algún modo confesional.
Agradezco,
por supuesto, los consejos y las sugerencias que estos profesores me
indican, pero veo algo de amenaza velada en alguna frase de la carta. Y,
desde luego, nada tiene que ver con el integrismo defender la presencia
de la enseñanza razonada de la fe y moral católica en la Escuela de
iniciativa pública, cuando ésta es optativa para los padres que quieren
que sus hijos la reciban y, además, no es evaluable ni tiene
alternativa. Los padres que elijan esta asignatura ejercen la libertad
que la Constitución y la objetividad les reconoce.
Espero, en cualquier caso, que vuestra tarea educadora sea fructífera. Con mi reconocimiento y cordial saludo.
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