El sindicato CCOO ha instado a la Junta de Extremadura a que apueste por la escuela laica como respuesta a la "sorprendente" decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJEx), que ordena recuperar las horas de religión que recogía el currículum educativo de Monago.
En el mismo sentido la organización PIDE
ha mostrado su apoyo a la administración regional y señala que el auto
que obliga a la Consejería a implantar el anterior currículo “va en
contra de la normativa vigente, dado que los decretos de currículo
extremeño se ajustan a lo regulado por el Ministerio de Educación”.
Para Comisiones Obreras es necesaria una
apuesta por una educación "de calidad, gratuita, pluralista e
igualitaria, gestionada democráticamente", pero también una educación científica y laica.
“No se puede concebir una escuela donde se integre una asignatura no
científica, basada en creencias", y "muchas veces teñidas de ideologías
propias del pasado que llevan incluso a la segregación por género".
Advierten que tampoco se puede aceptar que una materia que “no responde
a ninguna ciencia del conocimiento forme parte de la nota media de
nuestros alumnos". El sindicato ha recordado que el currículo aprobado en abril de 2016 "cumple con lo que establece la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) sobre el horario mínimo de religión en ESO y Bachillerato".
Aclara que en su artículo 34, esta Ley establece que serán "las
Administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes, los que
oferten o no la religión en Bachillerato".
Acuerdo Iglesia-Estado
Por otro lado PIDE critica que la contratación del personal laboral del
PAS que imparte religión en los centros públicos extremeños se realiza
según un mecanismo establecido en los Acuerdos Iglesia–Estado de 27 de febrero de 1979, completado con reglamentos y convenios posteriores.
Un acuerdo en el que “el responsable de la religión correspondiente
propone al comienzo de cada curso a los candidatos a impartir su
confesión religiosa de cada Centro público; y la Consejería de Educación
y Empleo realiza un contrato laboral anual por todo el curso escolar”.
“Desde PIDE creemos que es una situación anómala, inconstitucional y que va en contra del acceso al empleo público.
No es posible que se nombre por contrato laboral a personas sobre las
que la Consejería de Educación no posee ninguna constancia de
competencia y cuya actividad está tutelada a todos los efectos por
personas o instituciones ajenas a la Administración educativa”.
Ha mostrado su deseo de que prosperen los recursos de casación
interpuestos por la Junta ante el Tribunal Supremo contra sentencias
anteriores “que, igual que el Auto que nos ocupa, consideramos que hacen
un daño irreparable a la educación pública”. “Instamos a la Junta de
Extremadura a que se deje de paños calientes” y denuncie, de una vez por
todas, los acuerdos con la Santa Sede para sacar de forma definitiva la
Religión de la Escuela”.
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