jueves, 5 de noviembre de 2015

Consolidar un Estado respetuoso con la religión de sus ciudadanos


LAURA DANIELE
Retirar de la vida pública cualquier manifestación religiosa parece ser la vía escogida por el Partido Socialista para alcanzar ese «Estado laico» que pretende ofrecer a los españoles si llega a La Moncloa tras las elecciones generales. Sus propuestas van desde una reforma de la Constitución «para consolidar el principio de laicidad» y poder «someter las actuaciones de los representantes públicos al principio de neutralidad religiosa» hasta la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado para «retirarla del currículum y del horario escolar». No son los únicos. Partidos como Podemos también han expresado su intención de acabar con el actual marco legal de cooperación entre el Estado, la Iglesia y demás confesiones religiosas.
Borrar de la escena pública a la confesión religiosa con la que se identifica el 70% de los españoles, según el último barómetro del CIS, supondría un enorme lastre para la sociedad y «una falta de sentido práctico», explica a ABC Rafael Palomino, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid.
En 2013, uno de los peores años de la crisis económica, la Iglesia atendió en España a más de cuatro millones de personas en situación de vulnerabilidad en 8.400 centros asistenciales y acompañó a más de 200.000 enfermos en hospitales y sus propios domicilios. Además el 65% de los jóvenes españoles estudia en una universidad de inspiración católica y el 63,5% de los alumnos se inscribe voluntariamente en la asignatura de Religión en centros públicos y concertados. De retirarla, 3,5 millones de estudiantes no podrían ejercer su derecho a recibir una «educación religiosa y moral» de acuerdo a las convicciones de sus padres, como marca la Constitución.
«Si se reconoce que las religiones pueden contribuir a la mejora social en campos como la lucha contra la pobreza, la droga, el paro o la marginación, o en la conservación del patrimonio cultural, y si el Estado reconoce que esas actividades son positivas y colabora para que se lleven a cabo, ¿quiere decir eso que se produce una deriva hacia el Estado confesional? Lo dudo», explica el profesor Rafael Palomino.
El profesor de Relaciones Iglesia-Estado y Derecho Concordatario del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, Francisco García Magán, añade que «el carácter aconfesional del Estado no se garantiza suprimiendo toda manifestación religiosa de la vida pública, porque eso sería caer en una actitud de laicismo que considera el hecho religioso como algo negativo. No se trata de suprimir sino de sumar», apunta.

España no es la excepción

La relación de colaboración que plantea la Constitución entre el Estado y las confesiones religiosas -y concretamente con la Iglesia católica-, no es un «caso anómalo» dentro de Europa. «Parece que la excepción en Europa es España, pero no es cierto. Tenemos el mismo sistema que en Italia, Alemania, Polonia o Portugal; la excepción es la francesa», indica García Magán, exdiplomático de la Santa Sede. Incluso Francia, que tiene un régimen de separación entre Iglesia y Estado, «lleva años normalizando, mediante relaciones institucionales, la atención a los intereses de las principales confesiones religiosas presentes en la Nación», explica a ABC Joaquín Calvo-Álvarez, profesor de Derecho Público externo de la Iglesia en la Universidad de Navarra.
Para este profesor el marco jurídico español «representa una situación razonable teniendo en cuenta la propia historia y la propia realidad de una porción significativa de la sociedad española».
El problema principal es más de fondo y viene de cómo se valora el hecho religioso. «El laicismo parte de la idea de que la religión es algo negativo que sólo hay que tolerar pero la libertad religiosa es un derecho y toda religión tiene toda una dimensión pública y social que no se puede negar», recuerda García Magán a ABC.
 

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