La
patronal de escuelas concertadas, los padres de alumnos y los
profesores de Religión anuncian movilizaciones y acciones judiciales si
el Gobierno sigue adelante «sin diálogo, ni consenso»
El
Gobierno socialista no
resucitará el Pacto por la Educación y afrontará en solitario una
amplia reforma de la Lomce. Los llamamientos al diálogo y al consenso
que el PSOE le lanzó al Ejecutivo del Partido Popular se han esfumado.
Desde este miércoles han sido sustituidos por
un golpe de mano para
cambiar los «elementos perturbadores», en palabras de la ministra de
Educación, Isabel Celaá, de la polémica ley Wert. Unos cambios que se
realizarán,
de forma «urgente» e «inmediata»,
y que afectarán, fundamentalmente, a la escuela concertada, a la
religión, a la educación diferenciada por sexos, a la asignatura de
valores cívicos, a los consejos escolares y a los itinerarios a partir
de los 13 años.
En ningún momento hizo referencia al pacto, solo
tímidamente a la necesidad de dialogar. La portavoz del PP, Sandra
Moneo, le advirtió de los peligros de
legislar, «unilateralmente»,
de «reformar una ley y después que se sumen los demás. No se trata ni
de lo mío, ni de lo tuyo, sino de lo de todos». También la portavoz de
Ciudadanos, Marta Martín, mostró
su temor a otro «decretazo» como el que han aplicado en la RTVE.
A esta decisión de
reformar en solitario el sistema educativo,
en contra de la posición que habían mantenido los socialistas, se une
también el incumplimiento de una de las medidas de presión que
utilizaron contra el PP para justificar su retirada del citado pacto:
destinar el 5% del PIB a Educación. Pues ayer, la ministra, solo se atrevió a decir que «vamos a ver, vamos a intentarlo».
El Ejecutivo había estado durante las últimas semanas soltando con
cuentagotas algunas de estas medidas.
Pero este miércoles, la ministra desveló todas sus cartas durante su
comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso,para explicar
las líneas generales de su gestión. Celaá dejó sorprendido al PP y a
Ciudadanos por el volantazo que los socialistas van a dar a lo que ha
sido su posición política.
Estos son los cambios anunciados por la
ministra y las duras críticas que han recibido del sector educativo por
«utilizar la imposición para legislar»:
Eliminar «la demanda social» de la concertada
El
Gobierno modificará el artículo 109.2 que afecta a la educación
concertada. En este punto, están dispuestos a eliminar el requisito de
«demanda social», que se aplica para abrir nuevas líneas de educación
concertada en los centros escolares.
A mayor demanda, más educación concertada. La
ministra llegó a afirmar que la educación pública estaba considerada
como «subsidiaria de la concertada» y que ésta última «puede estar, o no
estar».
El anuncio ha provocado una «enorme preocupación» en la
patronal de la educación concertada. El portavoz de Escuelas Católicas,
Luis Centeno, explicó ayer a ABC que el Gobierno
«pretende hacer una planificación de los puestos escolares de manera unilateral».
«Esto va en contra de los principios de la libertad de enseñanza»,
indicó Centeno, cuya organización representa al 60% de la escuela
concertada.
Según indicó, la enseñanza concertada «no pide que se le favorezca sí o sí, sino que se respete el
deseo y derecho de las familias a poder elegir la educación
que quieren para sus hijos». Además aseguró que el Gobierno se equivoca
si cree que solo debe apoyar a la escuela pública cuando ambas ofrecen
un servicio a la sociedad y garantiza la libertad de enseñanza que
consagra la Constitución.
La Religión no tendrá valor académico
La religión dejará de computar para la nota media de los alumnos. No tendrá alternativa,
como sucedía hasta ahora con valores cívicos.
Podemos aplaudió esta medida. «No se pueden mantener privilegios de
hace cuarenta años», aseguró su portavoz, Javier Sánchez. Por su parte,
el PP le recordó que tiene que cumplir el artículo 27.3 de la
Constitución y los acuerdos Iglesia-Estado. La ministra subrayó que
«tenemos que cumplir los tratados internacionales».
Desde
Aprece, la organización que representa a los profesores de Religión,
aseguraron este miércoles que la presencia de la asignatura de Religión
en el currículum es «perfectamente constitucional». Su
presidente, José María de la Guardia, recordó ayer a ABC que si el
Gobierno pretende cumplir con los Acuerdos Iglesia-Estado la asignatura deberá tener valor académico y contar con una asignatura alternativa.
«Pero si el Gobierno finalmente decide ir adelante con estas medidas
anticonstitucionales acudiremos a la Justicia», advirtió De la Guardia,
al tiempo que señaló que «los mensajes de la ministra Celaá generan desconcierto en la sociedad».
La asignatura Valores Cívicos será obligatoria
El
sistema educativo tendrá una asignatura obligatoria de valores cívicos y
éticos», que no será alternativa ala religión. El contenido serán los
«derechos humanos y las virtudes cívico-democráticas».
La Concapa no ve con buenos ojos esta nueva asignatura.
«Podría recuperar lo peor de Educación para la Ciudadanía,
que provocó el enfrentamiento de muchas familias con el Ministerio de
Educación», aseguró el presidente de la Concapa( Confederación de Padres
Católicos), Pedro Caballero a ABC. «Todo lo que se salga de las
opciones de educación cívica será adoctrinamiento», apuntó.
Cambiar el modelo de la educación diferenciada
El
Ejecutivo abrirá un diálogo con los centros concertado que practican la
separación de niños y niñas». La ministra afirmó que «contravienen los
principios generales de la
educación inclusiva y la coeducación». Celaá confía en poder «acordar el modelo organizativo más igualitario».
Alfonso
Aguiló, presidente de CECE la patronal de centros de enseñanza que
aglutina a la educación diferenciada, recordó este miércoles a ABC que
esta cuestión
«está zanjada tras la sentencia del Tribunal Constitucional» del pasado mes de abril. Dicho fallo avala que las aulas en las que se separan a los alumnos y a las alumnas se
subvencione con dinero público,
ya que «no constituye discriminación». «Invitamos a la ministra a
dialogar para conocer mejor la educación diferenciada», indicó Aguiló,
quien a la par lamentó que el debate educativo se centre en aspectos
secundarios y no en los temas importantes como son
el fracaso escolar, mejorar el nivel de idiomas de los alumnos o la FP.
No contempla un Pacto por la Educación
La
ministra no habló en ningún momento del Pacto por la Educación, solo de
diálogo. Sin embargo, afirmó que las medidas de reforma de la Lomce se
aplicarán de forma «inmediata y urgente».
La comunidad educativa consultada este miércoles por ABC lamentó que la ministra
«hable de diálogo» y luego pretenda reformar la Lomce «sin consenso».
«Desde Concapa le hemos pedido una reunión y la respuesta ha sido el
silencio. Con este anuncio de la ministra, el Gobierno vuelve a tomar
la peor de las políticas que es la de la imposición»,
aseguró Pedro Caballero, presidente de la Concapa. El representante de
los padres católicos advirtió además de que si la ministra sigue el
camino marcado sin diálogo ni consenso
«nos tendrá en la calle en septiembre» porque «vulnera el derecho de los padres a elegir la edudación que quieren para sus hijos».
Fuente:
https://www.abc.es/sociedad/abci-comunidad-educativa-rechaza-reforma-lomce-imposicion-201807112023_noticia.html
