Cada cierto tiempo, de forma cansina y recurrente, aparecen las campañas para expulsar a la religión de la escuela. No me molesta el planteamiento, legítimo, aunque en mi opinión y opción sea muy desafortunado e inapropiado. Lo que me fastidia, es esa supuesta superioridad moral de parte de la izquierda, que cree que ineludiblemente lo que piensa es reflejo directo de lo que rumia la sociedad o, en su defecto, es lo que debiera cavilar la misma y, por tanto, eso es lo que debe implantarse, o imponerse, quieran o no los «inconscientes» ciudadanos.
Y después, está el uso tan equivocado, con tanto desconocimiento y desacierto, de los supuestos argumentos jurídicos. Es evidente que no todo el mundo tiene que saber de derecho, pero si no sabes… no te metas.
Y así, reaparece, otra vez, con más pena que gloria, todo sea dicho, pero de manera insistente, una «campaña unitaria» (así la llaman), por una escuela pública y laica, encabezada por sindicatos de profesores de la escuela pública y asociaciones de ateos, donde piden expulsar la religión de la escuela, derogar los acuerdos del Estado con la Iglesia Católica y ya de paso, así como de propina, eliminar los conciertos educativos.
Me niego a rebatir con detalle desde el argumentario jurídico, a pesar de su evidencia, porque, como digo, esas campañas no lo merecen, porque lo retuercen y maltratan, nunca sabremos si por opción de mala fe o por ignorancia. Baste a modo de listado regurgitado: el reconocimiento de la libertad religiosa explícitamente en la Constitución española y en Acuerdos y Tratados Internacionales reconocidos por el Estado español (incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo de Roma, para la protección de los derechos y las libertades fundamentales,…) y en una Ley Orgánica propia (L.O. 7/1980, de 5 de julio), donde se recoge el derecho a profesar o no una religión, a declararla o no, a hacerla pública, o no, así como sus prácticas confesionales y cultos de forma explícita y colectiva, a exponer y enseñar la misma, también en la escuela («Recibir e impartir enseñanza e información religiosa… dentro y fuera del ámbito escolar»), que la Constitución no habla, no ya de sociedad, ni siquiera de estado laico, sino de aconfesional (es decir, que no hay una religión oficial) y que reconoce la importancia del hecho religioso y las creencias hasta el punto de que el Estado debe remover obstáculos para el ejercicio de esa libertad (y no provocar su restricción), e incluso establece el principio de cooperación, con mención expresa a la Iglesia Católica; que los Acuerdos Estado español – Santa Sede son tratados internacionales de directa aplicación, que no pueden eliminarse sin más, unilateralmente; que la Constitución española también reconoce, al promulgar la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos…
Hoy me alcanza con destacar solo tres elementos de reflexión:
El primero es relativo a los fines de la educación, lo que la sociedad le pide hoy al sistema educativo. Y así, vemos que la propia Constitución española habla del pleno desarrollo de la personalidad del individuo, o que incidimos en la educación integral del alumno, o que se hace referencia a la «escuela total», porque ya no solo está encargada de la socialización secundaria, tradicionalmente la específica del sistema educativo, sino también de la primaria (la de los principios y valores), que antes estaba encomendada a la familia y a la Iglesia, pero que, unos por dejación y otros porque no le dejan, se está dando cada vez más al cuidado de la escuela (amén también de en manos de youtubers e influencers, pero eso bien merece otro artículo). En esa escuela que busca la educación integral ¿cómo va a dejarse fuera, de partida y de forma general, el elemento de la trascendencia? Esto quiere decir que los padres (nunca el Estado), que son quienes eligen y deciden por sus hijos hasta que estos tengan plena capacidad de entender y querer, harán su opción sobre el hecho religioso y las creencias, y decidirán si quieren que en la educación integral de sus hijos, propósito hoy de la escuela, entre o no la religión, y qué religión.
Esto nos lleva a la segunda reflexión. Hay quien pretende hacernos creer que quitar la asignatura de religión es una postura neutral, lógica de un estado aconfesional. Nada de eso. La decisión de expulsar la religión de la escuela, no es neutral, ni aséptica, no es una falta de opción, sino que es una decisión taxativa y tan radical y explícita como la educación confesional. Sacar la religión de la escuela no es la opción del ciudadano neutro, sino del ciudadano ateo. Podrá decidir por su hijo, pero no imponerlo a los de todos. Igual que el católico no impone la asignatura confesional de religión a todos los estudiantes. Distinto debe ser el conocimiento del hecho religioso de forma no confesional, y que tan fundamental resulta para entender la historia, la cultura, las tradiciones… Pero el odio de alguno es tan visceral que hasta eso se pretende eliminar.
El tercer elemento de reflexión es insistir en que estamos inmersos en un dramático periodo de pérdidas de libertades. A diario lo vemos en las noticias: un día se merma la libertad de enseñanza, al siguiente la de prensa, al otro la religiosa… De hecho, hace poco hemos presenciado el anuncio de eliminar del código penal el delito de atentado contra el sentimiento religioso. Curiosa paradoja que, en una época de piel extremadamente fina, de mandíbula de cristal, y de desarrollo máximo de los términos acabados en fobia (homofobia, xenofobia, transfobia, gordofobia, …) uno sí pueda atacar, sin problemas ni razones, las creencias de millones de personas que pueden sentirse ofendidas por la supuesta libertad de expresión del que meramente busca notoriedad, en el mejor de los casos, o airear su odio, en el peor.
La defensa de las libertades no compete solo a aquel afectado por la restricción en la práctica y en un momento puntual, sino al conjunto de los ciudadanos. Igual que el católico no debe querer la imposición confesional a cualquier alumno, el ateo no debe pretender la imposibilidad de recibir la asignatura aun por quien la quiera. Cuestión de libertades.
Lo cierto es que todo esto es fuego de artificio, porque en realidad lo de la asignatura de religión es una batalla que estamos perdiendo a pasos agigantados. Solo hay que ver la LOMLOE, los Reales Decretos de enseñanzas mínimas, la inhibición temerosa de la regulación en las Comunidades autónomas y ¡ojo! De cualquier signo político, donde la realidad de la asignatura es que ya está más fuera que dentro del ámbito escolar. Sin alternativa, ni evaluación, es el fantasma de una asignatura.
La campaña dice que pretende preservar la libertad de conciencia del alumnado… Pero debería concluir la frase diciendo: menos del católico, claro.
