Lo ven "contrario a derecho" en Religión y denuncian "adoctrinamiento"
El Gobierno se enfrenta al primer recurso en los tribunales contra sus polémicos currículos. Las asociaciones de padres católicos han registrado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un escrito que da inicio a una contienda judicial en torno al real decreto que detalla lo que tienen que estudiar los alumnos de Primaria (entre seis y 12 años). El texto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, denuncia que la norma estatal es «contraria a derecho y perjudicial para sus intereses» en la Religión y en las medidas organizativas alternativas para los alumnos que no cursen esta asignatura. También denuncia «la existencia de opciones ideológicas y elementos de adoctrinamiento» en estos planes de estudios.
Por todo ello considera que el decreto, tanto en su articulado como en los anexos que detallan los contenidos de las materias, incluye aspectos que, en su opinión, «contravienen los derechos de las familias sobre la educación de sus hijos». En otras palabras, se estaría vulnerando el artículo 27 de la Constitución, que dice que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
El recurso ha sido elaborado por la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), colectivo mayoritario en la enseñanza concertada que agrupa a 51 federaciones provinciales que integran a unos tres millones de progenitores. Les ha asesorado la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación, un grupo de juristas relacionado con la Asociación Católica de Propagandistas que nació en 2018 como reacción a los cambios educativos del Gobierno y de algunas CCAA.
Esta denuncia es la primera, pero en los próximos meses llevarán también ante el Supremo los currículos de la ESO y de Bachillerato. Por ahora sólo han presentado un breve escrito anunciando el recurso y en unas semanas concretarán sus argumentos jurídicos.
El centro de los mismos girará en torno a la Religión, donde el Gobierno ha introducido cambios. Con la Ley Wert, los alumnos que no la escogían cursaban una materia alternativa de Valores. Ahora no tendrán esa asignatura espejo que la sustituya, sino algo que se llama «atención educativa», una especie de «actividades» dirigidas al «desarrollo de las competencias clave a través de la realización de proyectos significativos para el alumnado y de la resolución colaborativa de problemas». El Ministerio de Educación no concreta qué contenidos tienen que darse en este espacio, pero Galicia ha adelantado ya que sus alumnos trabajarán en un proyecto de investigación.
Los recurrentes creen que esta solución puede ser «discriminatoria» para los que escogen Religión, sobre todo porque determinados padres pueden interpretar que la «atención educativa» es más conveniente para los intereses académicos de sus hijos y se vean forzados indirectamente a matricularlos en esta alternativa.
Ya la Justicia estableció hace años que en esta «atención educativa» -que también existía en la LOE- los niños no podían avanzar en las materias, para que todos estuvieran en igualdad de condiciones, pero el real decreto recurrido dice que «las actividades propuestas irán dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del currículo, favoreciendo la interdisciplinariedad y la conexión entre los diferentes saberes», una frase que las familias no saben muy bien cómo interpretar.
El recurso también se basará en la reducción del número de horas lectivas de la Religión, que es la asignatura que menos tiempo tiene junto a Valores Cívicos y Éticos. Ha perdido un tercio del peso que tenía en la LOE, pasando de 315 a 210 horas en toda la etapa. Entonces se garantizaban al menos 90 minutos semanales pero ahora el currículo estatal sólo blinda una hora, aunque las CCAA, si quieren, la pueden ampliar.
En cuanto a la denuncia por adoctrinamiento, el recurso habla de las «reiteradas referencias a la perspectiva de género». Según Pedro Caballero, presidente de la Concapa, esta expresión «se utiliza de forma ideológica y ambigua en todas las asignaturas», desde las Matemáticas -el controvertido «enfoque socioafectivo»- al Conocimiento del Medio, pasando por Educación Física o Educación Artística.
"Creencias de las familias"
«El desarrollo curricular tiene que ser lo más neutral posible, pero aquí hay cuestiones que pueden entrar en conflicto con las creencias de las familias. Creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, pero no estamos de acuerdo con que haya que darle perspectiva de género a la Prehistoria, a la Edad Antigua o a la Edad Media», sostiene Caballero.
El abogado Jesús Muñoz de Priego, uno de los redactores del recurso, dice que «en esa omnipresente y obsesiva referencia se está vulnerando el principio de neutralidad del Estado». «La perspectiva de género se utiliza como elemento de implementación de una ideología de género y, cuando hay elementos ideológicos, sólo se pueden plantear si están consensuados socialmente o si son elegidos por los padres. Si no es así, como en este caso, hablamos de adoctrinamiento», añade el también portavoz de la plataforma Más Plurales, que en 2020 fue una de las caras visibles de la protesta de lazos naranjas contra la Ley Celaá.
Estos padres ven que algunas frases del currículo son susceptibles de generar problemas. Por ejemplo, hay un criterio de evaluación en Lengua que insta a «rechazar los usos lingüísticos discriminatorios identificados a partir de la reflexión grupal acompañada sobre los aspectos elementales, verbales y no verbales, de la comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género».
Los padres católicos cuestionan también las menciones a la «diversidad asociada al género» o a las «identidades de género», que interpretan como que abren la puerta a debatir en el aula sobre la realidad LGTBIQ+ con «unos planteamientos que no son acordes a la concepción antropológica cristiana».
Fuente: https://www.elmundo.es/espana/2022/05/03/626fd04afc6c8356168b4587.html
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