La Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación es un grupo de profesionales españoles del Derecho en el que participan también diversas instituciones educativas. Este equipo ha presentado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, una Petición en la que se solicita el amparo de las instituciones comunitarias frente a la violación de derechos fundamentales y los ataques a la Libertad de Educación (y contra la educación católica y concertada) que significa en España la recientemente aprobada Ley Celaá.
La Comisión Jurídica denunció el apresurado modo de aprobación de la LOMLOE, tramitada bajo situación de pandemia, y con el rechazo del gobierno y afines, a que los agentes educativos intervinieran en la tramitación de la proposición de ley.
La Comisión Jurídica, en su escrito ante el Parlamento Europeo, registrado por esta cámara el pasado 28 de enero, denunció, entre otros, la violación de los artículos 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 27 de la Constitución Española, que protegen la libertad de educación y de enseñanza. En particular, la libertad de los padres a que sus hijos puedan recibir una educación conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.
6 vulneraciones de derechos
La LOMLOE violenta los más elementales principios de libertad y de igualdad de derechos entre familias y alumnos. En concreto, la Comisión hizo hincapié en seis aspectos básicos que vulneran la normativa comunitaria o nacional:
1- La vulneración de la libertad educativa y religiosa, al no relacionarse la asignatura de religión de entre las materias a impartir, lo que puede dar lugar a su directa supresión, o a su minusvaloración, al perder la exigencia de equiparabilidad y evaluación de la asignatura.
2- La inclusión de asignaturas de carácter ideológico que podrían violentar las creencias de padres y alumnos, alejándose de valores comunes y al margen de aquellos que encuentran acogida en la Constitución Española y textos comunitarios.
3- La abierta discriminación de la escuela concertada, al incluir un pseudoderecho a la educación pública que hace de la concertada un sistema educativo subsidiario, y que, al eliminar concepto de demanda social pretende su paulatina asfixia, quebrantando la libertad de creación de centros de enseñanza y la libertad educativa.
4- La persecución del modelo de educación diferenciada, violentando el ideario de los centros y la libertad de elección del modelo pedagógico o educativo que los padres entiendan más adecuado para el desarrollo de la personalidad de sus hijos en libertad.
5-La progresiva desaparición de la educación especial frente al criterio de una amplia mayoría de padres, quienes ven cómo sus hijos no van a poder optar libremente por un sistema pedagógico adecuado a sus circunstancias.
6- La desprotección del español o castellano en las aulas, al quedar la utilización de la lengua oficial del Estado al albur de arbitrarias decisiones administrativas o políticas, ignorando el deber de todos los españoles de conocerla y su derecho a usarla.
La Comisión Jurídica trabaja para que la vulneración de Derechos Fundamentales reciba una respuesta política desde el Parlamento Europeo.
Pide vías de intervención para que las instituciones comunitarias protejan jurídicamente los derechos esenciales de tantas familias españolas.
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