Rocío Ruiz
Comienza la tramitación de la Lomloe, la norma que degrada la Religión y pone límites a la enseñanza concertada
La ley que pone límites a la enseñanza concertada, que degrada a la asignatura de Religión, que devuelve más competencias a las autonomías que tienen lengua propia, que pone «comisarios políticos» en los colegios, que permite obtener el título de Bachillerato con un suspenso, o que supone una amenaza para la educación especial, como han denunciado sus detractores, comienza hoy su tramitación parlamentaria.
El estado de alarma no ha paralizado el proceso para que en 2021 pueda estar lista la Ley Orgánica de Modificación de la LOE
(lomloe), la ley educativa más ideológica, la octava de la democracia,
que se presenta en el Congreso con un fuerte rechazo de los partidos de
la oposición y falta de consenso entre la comunidad educativa.
Tres grupos políticos: PP, Cs y Vox, han presentado enmiendas a la totalidad y
piden la Gobierno la devolución del proyecto de ley. Si no prosperan,
se votará la toma en consideración y comenzará su andadura parlamentaria
con la incorporación de las enmiendas parciales de los grupos políticos
con lo que, la nueva ley, podría estar lista a principios del próximo
año.
Los populares defenderán hoy su rechazo a la «ley Celaá» porque consideran que es una reedición de la antigua LOE socialista,
con la que se consiguieron tasas de abandono del 30% y «supone la
ruptura del pacto constitucional en materia educativa», ha asegurado la
portavoz de Educación del PP en el Congreso, Sandra Moneo, Y lo dice
porque considera que «ataca la libertad de enseñanza, recortando el
derecho de los padres a elegir la educación y el centro que quieren para
sus hijos y expulsa la exigencia, el mérito y el esfuerzo del sistema
educativo». Pero, además, opina que «no incorpora ni un solo
elemento modernizador del sistema y renuncia a las competencias del
Estado en materia educativa».
Los naranjas creen que tramitar un
proyecto de ley en plena pandemia «es una falta de responsabilidad y de
empatía pero, además, es una norma falta de consenso, que no ha pasado
por los trámites preceptivos en esta legislatura y no ha sido
enriquecida ni debatida por la comunidad educativa que es a quien hay
que escuchar», asegura a LA RAZÓN la portavoz de Educación de Cs en el
Congreso, Marta Martín. Cree que ahora el Gobierno debería dar marcha
atrás porque «la pandemia ha cambiado los parámetros y exige que nos
volvemos a sentar para negociar las cuestiones estructurales y
coyunturales de la educación».
Martín opina que ahora «es el
PSOE el que tiene que demostrar que, de verdad, quiere consensuar y
hacer una reforma con todos los agentes implicados porque esta ley no
toca». Es por esto por lo que ha pedido que «congele su propuesta y
vuelva a abrir una mesa de negociación y debate para hacer un pacto
educativo después de la pandemia».
Los de Abascal también piden la
devolución del proyecto de ley porque «no se ha escuchado a las
asociaciones educativas, ni hay un diagnóstico adecuado sobre el fracaso
escolar, más allá de rebajar contenidos y aprobar por decreto», dice el
portavoz de Vox en Educación, Joaquín Robles. «Es una ley que
prioriza lo ideológico sobre lo educativo, pretende vaciar las escuelas
infantiles y los centros de educación especial y perpetúa la exclusión
del español».
La escuela concertada tampoco quiere esta ley no sólo porque considera que sale especialmente perjudicada por sus «connotaciones ideológicas respecto a la libertad de enseñanza»,
sino también por cuestiones pedagógicas porque «rebaja la exigencia»,
dice Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas.
La
educación especial ha expresado su especial rechazo al texto normativo y
pide un pacto de Estado. Pero la ministra Celaá asegura que quiere
cambiar la ley «no sólo por un tic ideológico totalitario, sino para dar respuesta a las necesidades de modernización del sistema».
La
ministra de Educación y FP ha anunciado que los centros recibirán el
próximo curso medio millón de ordenadores que podrán a disposición de
los alumnos que estudien en escuelas públicas para impulsar la educación
digital. Se proporcionarán a alumnos vulnerables. Y es que, según el
último informe PISA, un 9% de los estudiantes españoles (unos 543.000)
no tenían ningún ordenador en casa. Educación ha constatado, además, que
durante la pandemia han tenido dificultades para seguir las clases a
distancia el 10% del alumnado aproximadamente. Por otra parte, el
Consejo de Ministros aprobó ayer una dotación de 400 millones para
universidades y otros centros de educación superior que se repartirán a
las autonomías para hacer frente al Covid-19.
Fuente: https://www.larazon.es/educacion/20200617/3z6c36zm6rhu3lvh6kpeeo2hom.html
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