Carmelo López-Arias / ReL
En ReL estamos repasando las propuestas de los cinco principales partidos de ámbito nacional que concurren a las elecciones generales del 28 de abril en torno a los tres "principios que no son negociables" para la Iglesia en "sus intervenciones en el ámbito público". Así los definió Benedicto XVI en su discurso del 20 de marzo de 2006 en unas jornadas de estudio sobre Europa organizadas por el Partido Popular Europeo.
Tras abordar la posición de dichas formaciones políticas en torno a la "protección de la vida en todas sus etapas" y el "reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia", llega el turno del tercero, formulado así por el Papa Joseph Ratzinger: "Protección del derecho de los padres a educar a sus hijos". O, según lo expresó en la exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis de 22 de febrero de 2007 al hablar de la "coherencia eucarística" de los políticos católicos: "La libertad de educación de los hijos".
Una visión general
En España, ese derecho de los padres está garantizado por la Constitución en su artículo 27.3: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Del mismo modo, "se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales" (art. 27.6).
Sin embargo, el mismo artículo establece que "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita" y que "los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes". Esto ha permitido al Estado y a las comunidades autónomas -que tienen transferidas las competencias educativas- una intervención muy amplia en la ordenación de ese derecho de los padres y de los titulares de centros, dando lugar a numerosos conflictos que han debido dilucidar los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y, en su caso, el Tribunal Supremo.
Básicamente, el sistema educativo español responde hoy a los criterios académicos, docentes y organizativos establecidos por el PSOE durante las dos primeras legislaturas de Felipe González, por medio de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 y, sobre todo, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (Logse) de 1990, cuyo espíritu siguió animando las posteriores leyes del PSOE (Ley Orgánica de Educación, LOE, 2006) y, con leves retoques, del PP (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, Lomce, 2013).
Dichos criterios son los de la "nueva pedagogía", denunciados por la experta sueca Inger Enkvist, quien lamentó no hace mucho que hubiesen llegado a España (uno de los países con mayor abandono escolar de Europa y con peores resultados en los informes PISA) cuando ya se había constatado su fracaso en los países escandinavos: "Se da mucha importancia a la iniciativa del alumno, se trabaja en equipo y, mientras desaparecen los exámenes, aparecen los proyectos y el uso de las nuevas tecnologías. En general, parece que se va a la escuela a hacer actividades, no a trabajar y estudiar. Se da más énfasis a lo social que a lo intelectual. En España esa tendencia empezó a llegar más tarde, con la LOGSE en 1990. Creo que es un error. Por una parte, los alumnos con más capacidades no desarrollan todo su potencial y, por otra parte, los que tienen una menor curiosidad natural por aprender no avanzan. Además, muchos gustos son adquiridos, como la historia, la lectura o la música clásica. Al principio pueden resultar aburridos, pero, si alguien insiste para que tengamos una primera toma de contacto, es posible que acaben gustándonos. Ahora muchos jóvenes eligen sin haber conocido y, claro, eligen lo fácil".
Una nueva ley en marcha
Nada más llegar a La Moncloa tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez puso en marcha una reforma de la Lomce pactada con Podemos. Su tramitación quedó en suspenso con la convocatoria de las elecciones, pero será retomada si la izquierda radical puede reeditar su acuerdo de gobierno.
La nueva ley suscitó la alarma en varios ámbitos educativos por sus recortes a los derechos de los padres a formar a sus hijos según sus convicciones y por la amenaza a la libertad de los centros educativos mediante el establecimiento de una suerte de comisariado político (bajo la figura de representantes municipales y sociales) en los consejos escolares y la eliminación de la demanda social como factor para el establecimiento de los conciertos con entidades privadas, que de esta forma quedan a discreción de las autoridades. La asignatura de Religión no tendría valor académico ni contaría para la nota media ni se ofrecería una alternativa en horario lectivo, declaró la titular de Educación, Isabel Celaá. Sin embargo, se restauraría la adoctrinadora Educación para la Ciudadanía ideada por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero: "Crearemos una asignatura de valores cívicos y éticos, y no será optativa", añadió la ministra. Lo cual es "una atrocidad contra la libertad de las familias y una vulneración flagrante de su libertad", según afirmó en respuesta el presidente de la Concapa (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos), Pedro Caballero.
Por lo tanto, y exclusivamente desde el punto de vista del principio, no negociable para los católicos, de la "protección del derecho de los padres a educar a sus hijos", los puntos sobre los que hay que examinar las intenciones y programas de los partidos son: la imposición de la ideología de género (bajo el eufemismo de "valores cívicos") en colegios públicos, concertados de iniciativa social y privados; el valor académico de la asignatura de Religión; y el mantenimiento del sistema de educación concertada, que es el que afecta mayoritariamente a los colegios religiosos.
Imposición de la ideología de género
Los cuatro partidos nacionales que tienen actualmente representación parlamentaria coinciden en imponer en los colegios la ideología de género, y eso independientemente de la titularidad pública o privada del centro y de su ideario.
La ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor en julio de 2016, es la más célebre de las normas autonómicas en materia de privilegios y multas LGTBI. Conocida como Ley Cifuentes porque fue aprobada siendo presidenta de la región y del PP la popular Cristina Cifuentes (quien tuvo que dimitir al ser imputada por presuntos delitos de cohecho y falsificación documental en la obtención de un máster), establece en su artículo 29.2 que "la Comunidad de Madrid elaborará una Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género. Las medidas previstas en este plan se aplicarán en todos los niveles y etapas formativas y serán de obligado cumplimiento para todos los centros educativos", ya sea públicos, concertados o privados.
El programa socialista para las elecciones generales de 2019 recoge la propuesta de una nueva ley educativa que incluirá, entre sus "enfoques transversales" (esto es, que se aplican en todas las asignaturas y ámbitos educativos), "la igualdad de género a través de la coeducación, que ayude a prevenir la violencia de género", una expresión calcada de la propuesta de reforma que quedó pendiente en esta legislatura. Al presentarla en febrero de este año (un mes antes de la disolución de las Cortes), la ministra Celaá recalcó que uno de sus enfoques fundamentales sería "la igualdad de género a través de la coeducación y fomenta[r] el aprendizaje de la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual".
Esta ley está pactada con Podemos, y tanto Ciudadanos como el Partido Popular han reiterado su acuerdo en ese punto. La Convención que celebró el PP en enero, ante la posibilidad de que el partido pudiese reconsiderar su postura sobre la cuestión durante la negociación de la investidura del nuevo gobierno andaluz, decidió "blindar" las políticas de género y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, proclamó que "la ley LGTB se queda".
De hecho, el Partido Popular, junto con PSOE, Ciudadanos y Podemos, aprobaron en la Región de Murcia blindar la ideología de género incluyéndola en su reforma de la estatuto de autonomía, vía el establecimiento del "derecho de las personas a su identidad de género" y a "la no discriminación por este motivo o por la orientación sexual", y a las "medidas preventivas" contra la "violencia de género". Ambos aspectos, la prevención de la violencia y la lucha contra la discriminación, son los argumentos utilizados para incorporar la ideología de género en la escuela como formación en "valores cívicos".
El único partido que se desmarca de esta imposición de la ideología de género es Vox. La formación liderada por Santiago Abascal propone, como número 63 en su programa (100 medidas para la España viva), "instaurar el PIN Parental y Autorización Expresa con objeto de que se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales".
Con una medida de esta naturaleza se evitaría que los colegios pudiesen programar, sin conocimiento ni consentimiento de los padres, sesiones de adoctrinamiento impuestas por las Administraciones a través de acuerdos que suscriben al efecto con fundaciones y ONG afines al lobby LGBTI, subvencionadas con fondos públicos, en aplicación de supuestas políticas de "no discriminación". ReL denunció en diciembre de 2016, con pruebas obtenidas in situ, la forma de proceder de estas asociaciones en los colegios.
Asignatura de Religión
PSOE, Podemos y Ciudadanos concuerdan en su objetivo de marginar la asignatura de Religión. Dado que los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979 obligan a ofertarla si los padres la demandan, un objetivo de estos partidos es quitarle todo valor académico (que la nota no cuente en la media de las calificaciones del alumno) para desincentivar dicha demanda.
Socialistas y podemitas coinciden además en que los alumnos deben ser educados según una ideología de Estado, independientemente de las convicciones de los padres: "Debemos educar en valores constitucionales y cívicos que promuevan el libre desarrollo de la persona dentro de los valores democráticos", señaló en un reciente debate al respecto, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid, la secretaria de Justicia del PSOE en Madrid, Macarena Elvira Rubio. "Necesitamos una asignatura que transmita los valores del Estado", confirmó en ese foro José Manuel López, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid.
Por su parte, Juan Trinidad Martos, portavoz de Justicia de Ciudadanos en el parlamento regional madrileño, propuso una asignatura evaluable de Historia de las Religiones que impartan "profesores funcionarios" (actualmente los profesores de Religión católica los designan las diócesis), y que "la materia confesional -ya sea católica, islámica o de otra confesión- sea optativa siempre que haya un número suficiente de alumnos para que la cursen”, como ya sucede.
En cuanto al Partido Popular, se ha mostrado partidario de mantener el actual sistema, en el que la asignatura de Religión es de oferta obligada por los centros y matriculación voluntaria por los padres, evaluable, y con una alternativa en horario lectivo: "La situación actual, en la que la asignatura de Religión está incardinada en la educación y recibe unas calificaciones, me parece bien", señala Álvaro Vallarín, viceonsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, porque la religión, "ya sea como hecho de fe, como hecho cultural o como fenómeno de construcción de la ciudadanía, está en la persona, y mientras la persona sea persona, va a haber una trascendencia detrás", y los alumnos que la estudian acaban formando parte "de una sociedad que está hoy impregnada del hecho religioso”.
En una posición similar se encuentra Vox, cuyo responsable de Educación en el Consejo Político, Antonio de Miguel Antón, señala además que "es paradójico e ilógico que por un lado se esté pidiendo eliminar la religión católica del currículo, del horario lectivo y del ámbito escolar y por otro lado se esté reivindicando la introducción del islam y otras religiones en las escuelas españolas... Es inadmisible que siendo la religión católica tan mayoritaria en España dejemos que se introduzcan otras confesiones en los planes de enseñanza". Su partido denuncia que las administraciones educativas se hayan dedicado a "acorralar y ningunear a la Religión católica", olvidando "que fue, era y sería imprescindible para comprender una serie de hechos de la historia de la humanidad, de la filosofía y de la cultura española".
Educación concertada
El modelo de conciertos económicos entre la Administración y colegios de titularidad privada fue acordado entre el Gobierno socialista y la Iglesia en 1985 para permitir el acceso a la enseñanza católica en condiciones de igualdad con la enseñanza pública y garantizar así el derecho de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos. La "demanda social", esto es, la existencia de un número suficiente de solicitudes suficientes en colegios concertados, faculta a los centros para exigir la dotación del concierto.
Desde hace años, sin embargo, el mismo PSOE que estableció el sistema lo ha estado boicoteando en algunas comunidades autónomas donde gobierna, sobre todo en Andalucía, donde muchos colegios religiosos vieron denegado el concierto a pesar de contar con solicitudes suficientes para tenerlo, teniendo que acudir a los tribunales para que les diesen la razón. La razón de esta actitud socialista es ideológica: según la ministra de Educación, Isabel Celaá, la demanda social es "un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considera subsidiaria de la concertada".
Es un punto donde la doctrina de la Iglesia es clara, y es exactamente la que rechaza la ministra socialista: la escuela pública debe ser subsidiaria de la privada. El papel del Estado en la educación es un "deber subsidiario cuando falta la iniciativa de los padres y de otras sociedades, atendiendo los deseos de éstos", afirma el Concilio Vaticano II, "excluyendo, por tanto, cualquier monopolio de las escuelas". Y perfila aún más el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: "Ha de considerarse una injusticia el rechazo de apoyo económico público a las escuelas no estatales que tengan necesidad de él y ofrezcan un servicio a la sociedad civil... El Estado no puede, sin cometer injusticia, limitarse a tolerar las escuelas llamadas privadas. Éstas presentan un servicio público y tienen, por consiguiente, el derecho a ser ayudadas económicamente".
Precisamente para evitar la situación de que los tribunales estén dando la razón a los colegios concertados contra las decisiones arbitrarias de las consejerías autonómicas de Educación, la ley nueva ley socialista de Educación pretende eliminar la demanda social como criterio a la hora de conceder los conciertos, que de esta forma quedarían al arbitrio de los partidos políticos. Y así consta también en su programa electoral.
Podemos apoya ese punto y además propone ilegalizar las cuotas voluntarias ("supuestamente voluntarias", según los podemitas) que numerosos colegios concertados piden a las familias. Según la formación que lidera Pablo Iglesias, esas cuotas "esconden una barrera de entrada para las familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está financiada al 100% con dinero público". Lo cierto es que los conciertos no cubren buena parte de los gastos reales de los centros, por lo que la ilegalización de esas ayudas voluntarias solo serviría para estrangular económicamente a cientos de colegios religiosos.
Ciudadanos mantendría el actual sistema, aunque el partido de Albert Rivera se apunta a la campaña de Podemos contra las cuotas voluntarias: "Garantizaremos la gratuidad de la educación concertada, evitando el cobro por parte de los centros de cuotas injustificadas. Haremos que la Agencia Tributaria deje de perseguir a las familias que se desgravan las donaciones que realizan a los colegios concertados de sus hijos". Asimismo, respaldan "el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos" y que "se tenga en cuenta la demanda social a la hora de decidir la renovación de conciertos".
El Partido Popular, por su parte, defiende que "las familias tienen el derecho de elegir qué educación quieren para sus hijos" y apoyarán que los centros, tanto públicos como concertados, puedan "incrementar su oferta de plazas escolares en aquellos casos en los que sea inferior a la demanda", esto es, mantener la vigencia de la demanda social como criterio para los conciertos. Del mismo modo, proponen ampliar la educación concertada, que hasta ahora solo financia la enseñanza obligatoria, al bachillerato y la formación profesional.
La propuesta más innovadora es la de Vox, que propone implantar un sistema de cheque escolar, que ya llevaba en su programa de 2015 y reitera en el de 2019, con la finalidad de "devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio".
Tras abordar la posición de dichas formaciones políticas en torno a la "protección de la vida en todas sus etapas" y el "reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia", llega el turno del tercero, formulado así por el Papa Joseph Ratzinger: "Protección del derecho de los padres a educar a sus hijos". O, según lo expresó en la exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis de 22 de febrero de 2007 al hablar de la "coherencia eucarística" de los políticos católicos: "La libertad de educación de los hijos".
Una visión general
En España, ese derecho de los padres está garantizado por la Constitución en su artículo 27.3: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Del mismo modo, "se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales" (art. 27.6).
Sin embargo, el mismo artículo establece que "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita" y que "los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes". Esto ha permitido al Estado y a las comunidades autónomas -que tienen transferidas las competencias educativas- una intervención muy amplia en la ordenación de ese derecho de los padres y de los titulares de centros, dando lugar a numerosos conflictos que han debido dilucidar los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y, en su caso, el Tribunal Supremo.
Básicamente, el sistema educativo español responde hoy a los criterios académicos, docentes y organizativos establecidos por el PSOE durante las dos primeras legislaturas de Felipe González, por medio de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 y, sobre todo, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (Logse) de 1990, cuyo espíritu siguió animando las posteriores leyes del PSOE (Ley Orgánica de Educación, LOE, 2006) y, con leves retoques, del PP (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, Lomce, 2013).
Dichos criterios son los de la "nueva pedagogía", denunciados por la experta sueca Inger Enkvist, quien lamentó no hace mucho que hubiesen llegado a España (uno de los países con mayor abandono escolar de Europa y con peores resultados en los informes PISA) cuando ya se había constatado su fracaso en los países escandinavos: "Se da mucha importancia a la iniciativa del alumno, se trabaja en equipo y, mientras desaparecen los exámenes, aparecen los proyectos y el uso de las nuevas tecnologías. En general, parece que se va a la escuela a hacer actividades, no a trabajar y estudiar. Se da más énfasis a lo social que a lo intelectual. En España esa tendencia empezó a llegar más tarde, con la LOGSE en 1990. Creo que es un error. Por una parte, los alumnos con más capacidades no desarrollan todo su potencial y, por otra parte, los que tienen una menor curiosidad natural por aprender no avanzan. Además, muchos gustos son adquiridos, como la historia, la lectura o la música clásica. Al principio pueden resultar aburridos, pero, si alguien insiste para que tengamos una primera toma de contacto, es posible que acaben gustándonos. Ahora muchos jóvenes eligen sin haber conocido y, claro, eligen lo fácil".
Una nueva ley en marcha
Nada más llegar a La Moncloa tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez puso en marcha una reforma de la Lomce pactada con Podemos. Su tramitación quedó en suspenso con la convocatoria de las elecciones, pero será retomada si la izquierda radical puede reeditar su acuerdo de gobierno.
La nueva ley suscitó la alarma en varios ámbitos educativos por sus recortes a los derechos de los padres a formar a sus hijos según sus convicciones y por la amenaza a la libertad de los centros educativos mediante el establecimiento de una suerte de comisariado político (bajo la figura de representantes municipales y sociales) en los consejos escolares y la eliminación de la demanda social como factor para el establecimiento de los conciertos con entidades privadas, que de esta forma quedan a discreción de las autoridades. La asignatura de Religión no tendría valor académico ni contaría para la nota media ni se ofrecería una alternativa en horario lectivo, declaró la titular de Educación, Isabel Celaá. Sin embargo, se restauraría la adoctrinadora Educación para la Ciudadanía ideada por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero: "Crearemos una asignatura de valores cívicos y éticos, y no será optativa", añadió la ministra. Lo cual es "una atrocidad contra la libertad de las familias y una vulneración flagrante de su libertad", según afirmó en respuesta el presidente de la Concapa (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos), Pedro Caballero.
Por lo tanto, y exclusivamente desde el punto de vista del principio, no negociable para los católicos, de la "protección del derecho de los padres a educar a sus hijos", los puntos sobre los que hay que examinar las intenciones y programas de los partidos son: la imposición de la ideología de género (bajo el eufemismo de "valores cívicos") en colegios públicos, concertados de iniciativa social y privados; el valor académico de la asignatura de Religión; y el mantenimiento del sistema de educación concertada, que es el que afecta mayoritariamente a los colegios religiosos.
Imposición de la ideología de género
Los cuatro partidos nacionales que tienen actualmente representación parlamentaria coinciden en imponer en los colegios la ideología de género, y eso independientemente de la titularidad pública o privada del centro y de su ideario.
La ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor en julio de 2016, es la más célebre de las normas autonómicas en materia de privilegios y multas LGTBI. Conocida como Ley Cifuentes porque fue aprobada siendo presidenta de la región y del PP la popular Cristina Cifuentes (quien tuvo que dimitir al ser imputada por presuntos delitos de cohecho y falsificación documental en la obtención de un máster), establece en su artículo 29.2 que "la Comunidad de Madrid elaborará una Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género. Las medidas previstas en este plan se aplicarán en todos los niveles y etapas formativas y serán de obligado cumplimiento para todos los centros educativos", ya sea públicos, concertados o privados.
El programa socialista para las elecciones generales de 2019 recoge la propuesta de una nueva ley educativa que incluirá, entre sus "enfoques transversales" (esto es, que se aplican en todas las asignaturas y ámbitos educativos), "la igualdad de género a través de la coeducación, que ayude a prevenir la violencia de género", una expresión calcada de la propuesta de reforma que quedó pendiente en esta legislatura. Al presentarla en febrero de este año (un mes antes de la disolución de las Cortes), la ministra Celaá recalcó que uno de sus enfoques fundamentales sería "la igualdad de género a través de la coeducación y fomenta[r] el aprendizaje de la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual".
Esta ley está pactada con Podemos, y tanto Ciudadanos como el Partido Popular han reiterado su acuerdo en ese punto. La Convención que celebró el PP en enero, ante la posibilidad de que el partido pudiese reconsiderar su postura sobre la cuestión durante la negociación de la investidura del nuevo gobierno andaluz, decidió "blindar" las políticas de género y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, proclamó que "la ley LGTB se queda".
De hecho, el Partido Popular, junto con PSOE, Ciudadanos y Podemos, aprobaron en la Región de Murcia blindar la ideología de género incluyéndola en su reforma de la estatuto de autonomía, vía el establecimiento del "derecho de las personas a su identidad de género" y a "la no discriminación por este motivo o por la orientación sexual", y a las "medidas preventivas" contra la "violencia de género". Ambos aspectos, la prevención de la violencia y la lucha contra la discriminación, son los argumentos utilizados para incorporar la ideología de género en la escuela como formación en "valores cívicos".
El único partido que se desmarca de esta imposición de la ideología de género es Vox. La formación liderada por Santiago Abascal propone, como número 63 en su programa (100 medidas para la España viva), "instaurar el PIN Parental y Autorización Expresa con objeto de que se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales".
Con una medida de esta naturaleza se evitaría que los colegios pudiesen programar, sin conocimiento ni consentimiento de los padres, sesiones de adoctrinamiento impuestas por las Administraciones a través de acuerdos que suscriben al efecto con fundaciones y ONG afines al lobby LGBTI, subvencionadas con fondos públicos, en aplicación de supuestas políticas de "no discriminación". ReL denunció en diciembre de 2016, con pruebas obtenidas in situ, la forma de proceder de estas asociaciones en los colegios.
Asignatura de Religión
PSOE, Podemos y Ciudadanos concuerdan en su objetivo de marginar la asignatura de Religión. Dado que los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979 obligan a ofertarla si los padres la demandan, un objetivo de estos partidos es quitarle todo valor académico (que la nota no cuente en la media de las calificaciones del alumno) para desincentivar dicha demanda.
Socialistas y podemitas coinciden además en que los alumnos deben ser educados según una ideología de Estado, independientemente de las convicciones de los padres: "Debemos educar en valores constitucionales y cívicos que promuevan el libre desarrollo de la persona dentro de los valores democráticos", señaló en un reciente debate al respecto, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid, la secretaria de Justicia del PSOE en Madrid, Macarena Elvira Rubio. "Necesitamos una asignatura que transmita los valores del Estado", confirmó en ese foro José Manuel López, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid.
Por su parte, Juan Trinidad Martos, portavoz de Justicia de Ciudadanos en el parlamento regional madrileño, propuso una asignatura evaluable de Historia de las Religiones que impartan "profesores funcionarios" (actualmente los profesores de Religión católica los designan las diócesis), y que "la materia confesional -ya sea católica, islámica o de otra confesión- sea optativa siempre que haya un número suficiente de alumnos para que la cursen”, como ya sucede.
En cuanto al Partido Popular, se ha mostrado partidario de mantener el actual sistema, en el que la asignatura de Religión es de oferta obligada por los centros y matriculación voluntaria por los padres, evaluable, y con una alternativa en horario lectivo: "La situación actual, en la que la asignatura de Religión está incardinada en la educación y recibe unas calificaciones, me parece bien", señala Álvaro Vallarín, viceonsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, porque la religión, "ya sea como hecho de fe, como hecho cultural o como fenómeno de construcción de la ciudadanía, está en la persona, y mientras la persona sea persona, va a haber una trascendencia detrás", y los alumnos que la estudian acaban formando parte "de una sociedad que está hoy impregnada del hecho religioso”.
En una posición similar se encuentra Vox, cuyo responsable de Educación en el Consejo Político, Antonio de Miguel Antón, señala además que "es paradójico e ilógico que por un lado se esté pidiendo eliminar la religión católica del currículo, del horario lectivo y del ámbito escolar y por otro lado se esté reivindicando la introducción del islam y otras religiones en las escuelas españolas... Es inadmisible que siendo la religión católica tan mayoritaria en España dejemos que se introduzcan otras confesiones en los planes de enseñanza". Su partido denuncia que las administraciones educativas se hayan dedicado a "acorralar y ningunear a la Religión católica", olvidando "que fue, era y sería imprescindible para comprender una serie de hechos de la historia de la humanidad, de la filosofía y de la cultura española".
Educación concertada
El modelo de conciertos económicos entre la Administración y colegios de titularidad privada fue acordado entre el Gobierno socialista y la Iglesia en 1985 para permitir el acceso a la enseñanza católica en condiciones de igualdad con la enseñanza pública y garantizar así el derecho de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos. La "demanda social", esto es, la existencia de un número suficiente de solicitudes suficientes en colegios concertados, faculta a los centros para exigir la dotación del concierto.
Desde hace años, sin embargo, el mismo PSOE que estableció el sistema lo ha estado boicoteando en algunas comunidades autónomas donde gobierna, sobre todo en Andalucía, donde muchos colegios religiosos vieron denegado el concierto a pesar de contar con solicitudes suficientes para tenerlo, teniendo que acudir a los tribunales para que les diesen la razón. La razón de esta actitud socialista es ideológica: según la ministra de Educación, Isabel Celaá, la demanda social es "un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considera subsidiaria de la concertada".
Es un punto donde la doctrina de la Iglesia es clara, y es exactamente la que rechaza la ministra socialista: la escuela pública debe ser subsidiaria de la privada. El papel del Estado en la educación es un "deber subsidiario cuando falta la iniciativa de los padres y de otras sociedades, atendiendo los deseos de éstos", afirma el Concilio Vaticano II, "excluyendo, por tanto, cualquier monopolio de las escuelas". Y perfila aún más el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: "Ha de considerarse una injusticia el rechazo de apoyo económico público a las escuelas no estatales que tengan necesidad de él y ofrezcan un servicio a la sociedad civil... El Estado no puede, sin cometer injusticia, limitarse a tolerar las escuelas llamadas privadas. Éstas presentan un servicio público y tienen, por consiguiente, el derecho a ser ayudadas económicamente".
Precisamente para evitar la situación de que los tribunales estén dando la razón a los colegios concertados contra las decisiones arbitrarias de las consejerías autonómicas de Educación, la ley nueva ley socialista de Educación pretende eliminar la demanda social como criterio a la hora de conceder los conciertos, que de esta forma quedarían al arbitrio de los partidos políticos. Y así consta también en su programa electoral.
Podemos apoya ese punto y además propone ilegalizar las cuotas voluntarias ("supuestamente voluntarias", según los podemitas) que numerosos colegios concertados piden a las familias. Según la formación que lidera Pablo Iglesias, esas cuotas "esconden una barrera de entrada para las familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está financiada al 100% con dinero público". Lo cierto es que los conciertos no cubren buena parte de los gastos reales de los centros, por lo que la ilegalización de esas ayudas voluntarias solo serviría para estrangular económicamente a cientos de colegios religiosos.
Ciudadanos mantendría el actual sistema, aunque el partido de Albert Rivera se apunta a la campaña de Podemos contra las cuotas voluntarias: "Garantizaremos la gratuidad de la educación concertada, evitando el cobro por parte de los centros de cuotas injustificadas. Haremos que la Agencia Tributaria deje de perseguir a las familias que se desgravan las donaciones que realizan a los colegios concertados de sus hijos". Asimismo, respaldan "el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos" y que "se tenga en cuenta la demanda social a la hora de decidir la renovación de conciertos".
El Partido Popular, por su parte, defiende que "las familias tienen el derecho de elegir qué educación quieren para sus hijos" y apoyarán que los centros, tanto públicos como concertados, puedan "incrementar su oferta de plazas escolares en aquellos casos en los que sea inferior a la demanda", esto es, mantener la vigencia de la demanda social como criterio para los conciertos. Del mismo modo, proponen ampliar la educación concertada, que hasta ahora solo financia la enseñanza obligatoria, al bachillerato y la formación profesional.
La propuesta más innovadora es la de Vox, que propone implantar un sistema de cheque escolar, que ya llevaba en su programa de 2015 y reitera en el de 2019, con la finalidad de "devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio".
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