El sindicato Apprece se remite al marco legal para negociar con la Junta un inicio de curso dentro de la «normalidad»
El
profesorado de Religión vive una situación de incertidumbre y el cambio
de Gobierno la ha multiplicado. Bajo el mandato de Mariano Rajoy, el
Ministerio de Educación optó por mantener los contratos de los maestros
sin evaluar los efectos de la reducción horaria aplicada por la Junta de
Andalucía en Primaria. La inestabilidad, primero, y la negociación del
pacto educativo, frustrada a la postre, dilataron su pronunciamento y
propiciaron una situación anómala. Pese a la advertencia de que habría
profesores de brazos cruzados ciertas horas, no fue hasta hace unos
meses cuando la nueva consejera de Educación, Sonia Gaya, abordó el
asunto. Su conclusión: los «desajustes» afectan a 252 colegios. La
situación se enredó aún más cuando el TSJA tumbó a finales de mayo la
orden que decretaba la reducción de la carga lectiva porque la
Administración no siguió el procedimiento idóneo. Esta sentencia ha sido
recurrida por la Junta, que de forma paralela ha procedido a elaborar
una nueva orden, cumpliendo los trámites pertinentes. Por tanto, la
vuelta a los 90 minutos semanales en el conjunto de los centros de
Primaria queda en el aire para el próximo curso.
La
intención de la Junta es mantener su postura inicial y dejar en manos
de los directores de los centros, como hasta ahora, la decisión final
(sólo el 5% de los colegios imparte el mínimo fijado por la Lomce: 45
minutos). Por ello, desde el sindicato Apprece-Andalucía (Asociación
Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales) remiten al
marco legal para negociar con la Consejería de Educación un inicio del
curso 2018-19 dentro de la «normalidad» y «de la legalidad».
Tras
una reciente asamblea, el sindicato ha emitido un comunicado en el que
en primer lugar recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional del
pasado 10 de abril que avala las enseñanzas de Religión, por lo que
aboga por «seguir conviviendo en desacuerdo entre todos los españoles».
Del mismo modo, se ofrece para «negociar la mejor forma» de ejecutar
«con urgencia» las sentencias del TSJA contra la reducción horaria «para
que el próximo curso arranque con normalidad, y haciendo hincapié en
que «la Consejería de Educación ha sido «modélica» en la aplicación del
marco legal en Bachillerato y en la forma de organizar las asignaturas
de Religión y sus alternativas académicas. Según Apprece, el
Constitucional ha dejado claro que «el trato a la Religión y sus
horarios en ningún caso debe ser inferior al que se le otorga a las
asignaturas específicas y a las de libre configuración». Pese a esto, el
colectivo cree que se han lanzado «mensajes irresponsables» que crean
«desasosiego y desconcierto en la ciudadanía, provocando una alarma
social innecesaria» para la «convivencia entre creyentes y no
creyentes». Recuerda, además, que el carácter aconfesional de España
supone «únicamente las Iglesias, y no el Estado», pueden determinar los
contenidos y los requisitos de las personas capacitadas para impartir
las enseñanzas de Religión, sin que ello impida la gestión laboral por
parte de la Administración. Por ello, señala que «el presente y el
futuro» de la Religión y su profesorado «exigen la habilitación
correspondiente» para que los maestros «completen con otras actividades
educativas aquellas horas lectivas que puedan queda libres en sus
contratos indefinidos, una vez queden atendidas las necesidades horarias
solicitadas por quienes legalmente puedan hacerlo».
Transferencia a la Junta
Por
último, Apprece reclama el reconocimiento para el profesorado de
Infantil y Primaria del complemento de formación permanente y la
transferencia a la Consejería de Educación del profesorado para que sea
ésta «la que controle y organice sus horarios, de la misma forma que lo
viene haciendo con el de Secundaria».
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