El PSOE propone suprimir la exención "injustificada" del IBI únicamente a la Iglesia católica
Pedro Sánchez asegura que garantizará la laicidad del Estado
Se suma a la revisión de los Acuerdos y a una nueva Ley de Libertad Religiosa, acordada con C's
El candidato a la investidura y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que buscará un nuevo marco de relación con la Iglesia Católica que garantice la laicidad del Estado.En su discurso del debate de investidura, Sánchez ha afirmado que quiere garantizar la "laicidad efectiva" del Estado, que pasa por un nuevo marco de relación con la Iglesia.
El líder del PSOE ha apostado, asimismo, por impulsar una Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia.
El PSOE ha ofrecido a Izquierda Unida-Unidad Popular (IU-UP) y a En Comú Podem suprimir la exención "injustificada" de la Iglesia Católica en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en su nueva oferta a las formaciones de izquierdas, pero no menciona al resto de confesiones que también disfrutan de esta exención en virtud de los Acuerdos que tienen firmados con el Estado español: musulmanes, judíos y evangélicos.
Tanto en los Acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979, como en aquellos suscritos en 1992 con la Comisión Islámica de España (CIE), la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), se contempla la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Actualmente, las cuatro confesiones mayoritarias en España no tienen que pagar el IBI por sus lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos destinados al culto o a la asistencia religiosa; ni por sus edificios destinados a la formación del clero o de los ministros religiosos; ni por los locales destinados a oficinas de su comunidad.
En el caso de la Iglesia católica, se añaden a esta lista la residencia de los obispos, canónigos y sacerdotes "con cura de almas" y los edificios destinados a casas o conventos de órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada.
Asimismo, las cuatro confesiones gozan de la exención de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen a actividades religiosas y asistenciales.
La propuesta de cobrar el IBI a la Iglesia católica sólo se recoge en los documentos enviados por el PSOE a IU-UP y En Comú Podem, mientras que en los demás (Podemos, En Marea y Compromís) no aparece. Lo que sí plantea el PSOE a todos los partidos es "aprobar una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia", así como "revisar los acuerdos vigentes con la Santa Sede".
(RD/Ep)
La 'cuestión religiosa', según PSOE, Ciudadanos y Podemos
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El programa de Gobierno pactado entre Sánchez y Rivera incluye la revisión de los acuerdos con el Vaticano y posiciones sobre el aborto, la muerte digna y la educación
Hay analistas a los que se les han vuelto a aparecer fantasmas del
pasado. Algunos han visto la reencarnación del Frente Popular con un
hipotético acuerdo entre PSOE y Podemos. Otros han sufrido pesadillas
con el regreso del clima de las 'dos Españas'. Incluso 'la cuestión
religiosa', que envenenó el ambiente en la Segunda República, se ha
colado en el debate político de este 2016 bisiesto y especial. Pedro
Sánchez y Albert Rivera, emblema de lo que se ha acuñado como nueva
derecha, han sellado pactos –cepillados por la izquierda– sobre
cuestiones como los acuerdos Iglesia-Estado, la educación o la muerte
digna. A IU-UP, el PSOE le ha ofrecido suprimir la exención
«injustificada» de la Iglesia católica –no menciona a otras confesiones–
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Podemos, que tiene menos
complejos con estos temas, centra su belicismo en los colegios
concertados. El PNV, que intenta diferenciarse de la izquierda y la
derecha, también se ha emancipado en alguno de estos asuntos.
Después de haber leído los 66 folios del 'Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso', firmado por el PSOE y Ciudadanos, y los 98 de 'Un país para la gente. Bases políticas para un gobierno estable y con garantías', formulado por Podemos, En Comú Podem y En marea, parece claro que la 'cuestión religiosa' apenas tiene peso en los contenidos. Y, sin embargo, emerge en todas las campañas electorales como algo a tener en cuenta porque las suele condicionar –ayuda a polarizar, pero con el riesgo de perder apoyos–, y en la agenda de muchos mandatarios. Lo compruebo tras leer una entrevista con la escritora Marilynne Robinson, cuyas obras cita a menudo Barack Obama en sus discursos, cargados de espiritualismo.
La autora de 'Vida hogareña', 'Gilead', 'En casa' y 'Lila', da vida a personajes muy vinculados a la cultura y a la religión y, aunque sus escenarios son las praderas interminables de Iowa, sus libros han sido traducidos al persa y al árabe. ¿Ve una conexión entre sus novelas espirituales, sus clases sobre el Antiguo Testamento –utiliza la Biblia con sus alumnos en un emblemático taller literario– y la política actual?, le pregunta el periodista. La ganadora de la Medalla de Honor de las Humanidades de la Casa Blanca y portadora de un Premio Pulitzer contesta: «Cualquier persona con sensibilidad religiosa, con inclinaciones humanistas, debe tener en cuenta que la política tiene un impacto profundo en nuestras vidas». Obama, un presidente muy centrado en lo humano, nunca ha despreciado la religión.
Por cierto, en su discurso de investidura, Pedro Sánchez animó ayer a construir «una España laica» y citó a Fernando de los Ríos por aquella frase de que «la única revolución pendiente es la del respeto». De los Ríos fue un intelectual del socialismo humanista, ministro de Justicia en la Segunda República, en la que tuvo un gran protagonismo en el debate sobre religión y educación, siempre propugnando una laicidad incluyente. Desde la tribuna de invitados le seguía con atención el padre Ángel, apóstol de los desfavorecidos.
En el apartado de derechos y libertades, PSOE y Ciudadanos defienden la ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, si bien el partido de Sánchez se reserva la posibilidad de impulsar la reforma de la ley del aborto en relación con los jóvenes de 16 y 17 años. A cambio, la formación de Rivera se reserva la posibilidad de impulsar «la regulación de la maternidad subrogada, así como la custodia compartida de menores como régimen general en los procedimientos de separación y divorcio».
En el capítulo que aborda la educación, un asunto sensible para la Iglesia, se utiliza un lenguaje muy genérico. Se habla de dotar de más autonomía y flexibilidad interna a los centros educativos «para el mejor cumplimiento de sus fines de calidad y equidad», se asume que debe perseguirse «la mayor implicación posible de las familias» en los proyectos educativos y se apuesta por crear un Plan Estatal de Convivencia Escolar que controle el acoso, el ciberacoso y el bullying. En ningún momento se alude a la asignatura de religión ni a la financiación de los colegios concertados. De momento, se pone más el énfasis en la calidad que en la ideología.
Ambas organizaciones están de acuerdo en aprobar una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia «para establecer un común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas». Para ello se comprometen a revisar los Acuerdos con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia católica. En este epígrafe, el PSOE ha aceptado el término 'revisar', en lugar de 'denunciar', algo más complicado ya que se necesitaría el respaldo de dos tercios del Congreso de los Diputados por ser un tratado de rango internacional.
Los Acuerdos son una actualización del Concordato de 1953, revisados en 1976 y en 1979. Los términos pactados con la Santa Sede se adecuaron, 23 años después, a la realidad del catolicismo, que había sufrido un cambio significativo. Ahora, 37 años después, crece el consenso sobre la necesidad de revisar capítulos muy concretos, sin necesidad de derogar el acuerdo general con el Vaticano. La maquinaria de la Nunciatura (embajada) y la Conferencia Episcopal Española ya se ha puesto en marcha para enfrentarse a una negociación que terminará por llegar. La coordinación de estos equipos, según la información del analista José Francisco Serrano, la lleva el obispo de Ciudad Rodrigo, Raúl Berzosa –miembro de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos–, un joven obispo experto en Derecho Canónico y un gran comunicador.
POSE y Ciudadanos también coinciden en promover una ley de muerte digna para «garantizar los derechos de los ciudadanos a afrontar con dignidad y de acuerdo con sus decisiones el tramo final de su vida, asegurando la libertad de las personas sobre la continuación o no de los tratamientos y la prestación de los cuidados paliativos que procedan», según se especifica en el documento pactado. Sobre este asunto tan delicado los partidos políticos, salvo el PP, han llegado a un consenso para zanjar un debate que siempre se ha considerado tabú porque termina convirtiéndose en un rifirrafe sobre la eutanasia o el suicidio asistido. Es una polémica entreverada, en la que se cruzan aspectos morales, pero también reivindicaciones políticas que tienen que ver con el traspaso de competencias a las comunidades autónomas. Además, se choca con la barrera del Código Penal.
El PNV de Ortuzar cree que el proceso final de la vida debe ser atendido «de forma integral e integrada por equipos sociosanitarios que den respuesta a las necesidades físicas, psíquicas, sociales, emocionales y espirituales» como un derecho. Sobre el suicidio asistido y la eutanasia, la formación nacionalista considera que hay que «propiciar en la sociedad vasca un proceso de deliberación sobre la moralidad de cara a su posible despenalización». El PNV establece condiciones y requisitos previos, pero considera que este asunto, con evidentes dimensiones éticas, requiere un soporte legal claro.
El documento presentado por Podemos para una alianza de los partidos de izquierdas tampoco pone mucho el acento en la 'cuestión religiosa', según Carolina Bescansa, porque «no habría grandes diferencias» con los socialistas en este ámbito. Aún así, el texto deja claro que «se promocionará la educación pública, gratuita y laica como eje vertebrador» y que la oferta de plazas escolares concertadas seguirá financiandose con recursos públicos solo en los casos que sea necesario por insuficiencia de la oferta de la red». También se compromete a asegurar la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud para todas las mujeres, incluidas las jóvenes, así como el acceso a la reproducción asistida.
En el capítulo de 'Memoria, verdad y justicia' incorpora una propuesta que también apunta polémica. Se refiere a «promover la eliminación o resignificación de símbolos o monumentos conmemorativos de exhaltación de la sublevación militar o del franquismo». En esta casilla entraría el Valle de los Caídos, al cargo ahora de una orden religiosa. Durante la última legislatura de Rodríguez Zapatero, el ministro vasco Ramón Jáuregui creo una 'comisión de sabios' con esa finalidad, la de buscarle una resignificación en un contexto de reconciliacion, sin revanchismos. No prosperó.
Fuente: http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201603/02/cuestion-religiosa-segun-psoe-20160301191536.html
Después de haber leído los 66 folios del 'Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso', firmado por el PSOE y Ciudadanos, y los 98 de 'Un país para la gente. Bases políticas para un gobierno estable y con garantías', formulado por Podemos, En Comú Podem y En marea, parece claro que la 'cuestión religiosa' apenas tiene peso en los contenidos. Y, sin embargo, emerge en todas las campañas electorales como algo a tener en cuenta porque las suele condicionar –ayuda a polarizar, pero con el riesgo de perder apoyos–, y en la agenda de muchos mandatarios. Lo compruebo tras leer una entrevista con la escritora Marilynne Robinson, cuyas obras cita a menudo Barack Obama en sus discursos, cargados de espiritualismo.
La autora de 'Vida hogareña', 'Gilead', 'En casa' y 'Lila', da vida a personajes muy vinculados a la cultura y a la religión y, aunque sus escenarios son las praderas interminables de Iowa, sus libros han sido traducidos al persa y al árabe. ¿Ve una conexión entre sus novelas espirituales, sus clases sobre el Antiguo Testamento –utiliza la Biblia con sus alumnos en un emblemático taller literario– y la política actual?, le pregunta el periodista. La ganadora de la Medalla de Honor de las Humanidades de la Casa Blanca y portadora de un Premio Pulitzer contesta: «Cualquier persona con sensibilidad religiosa, con inclinaciones humanistas, debe tener en cuenta que la política tiene un impacto profundo en nuestras vidas». Obama, un presidente muy centrado en lo humano, nunca ha despreciado la religión.
Por cierto, en su discurso de investidura, Pedro Sánchez animó ayer a construir «una España laica» y citó a Fernando de los Ríos por aquella frase de que «la única revolución pendiente es la del respeto». De los Ríos fue un intelectual del socialismo humanista, ministro de Justicia en la Segunda República, en la que tuvo un gran protagonismo en el debate sobre religión y educación, siempre propugnando una laicidad incluyente. Desde la tribuna de invitados le seguía con atención el padre Ángel, apóstol de los desfavorecidos.
En el apartado de derechos y libertades, PSOE y Ciudadanos defienden la ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, si bien el partido de Sánchez se reserva la posibilidad de impulsar la reforma de la ley del aborto en relación con los jóvenes de 16 y 17 años. A cambio, la formación de Rivera se reserva la posibilidad de impulsar «la regulación de la maternidad subrogada, así como la custodia compartida de menores como régimen general en los procedimientos de separación y divorcio».
En el capítulo que aborda la educación, un asunto sensible para la Iglesia, se utiliza un lenguaje muy genérico. Se habla de dotar de más autonomía y flexibilidad interna a los centros educativos «para el mejor cumplimiento de sus fines de calidad y equidad», se asume que debe perseguirse «la mayor implicación posible de las familias» en los proyectos educativos y se apuesta por crear un Plan Estatal de Convivencia Escolar que controle el acoso, el ciberacoso y el bullying. En ningún momento se alude a la asignatura de religión ni a la financiación de los colegios concertados. De momento, se pone más el énfasis en la calidad que en la ideología.
Ambas organizaciones están de acuerdo en aprobar una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia «para establecer un común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas». Para ello se comprometen a revisar los Acuerdos con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia católica. En este epígrafe, el PSOE ha aceptado el término 'revisar', en lugar de 'denunciar', algo más complicado ya que se necesitaría el respaldo de dos tercios del Congreso de los Diputados por ser un tratado de rango internacional.
Los Acuerdos son una actualización del Concordato de 1953, revisados en 1976 y en 1979. Los términos pactados con la Santa Sede se adecuaron, 23 años después, a la realidad del catolicismo, que había sufrido un cambio significativo. Ahora, 37 años después, crece el consenso sobre la necesidad de revisar capítulos muy concretos, sin necesidad de derogar el acuerdo general con el Vaticano. La maquinaria de la Nunciatura (embajada) y la Conferencia Episcopal Española ya se ha puesto en marcha para enfrentarse a una negociación que terminará por llegar. La coordinación de estos equipos, según la información del analista José Francisco Serrano, la lleva el obispo de Ciudad Rodrigo, Raúl Berzosa –miembro de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos–, un joven obispo experto en Derecho Canónico y un gran comunicador.
POSE y Ciudadanos también coinciden en promover una ley de muerte digna para «garantizar los derechos de los ciudadanos a afrontar con dignidad y de acuerdo con sus decisiones el tramo final de su vida, asegurando la libertad de las personas sobre la continuación o no de los tratamientos y la prestación de los cuidados paliativos que procedan», según se especifica en el documento pactado. Sobre este asunto tan delicado los partidos políticos, salvo el PP, han llegado a un consenso para zanjar un debate que siempre se ha considerado tabú porque termina convirtiéndose en un rifirrafe sobre la eutanasia o el suicidio asistido. Es una polémica entreverada, en la que se cruzan aspectos morales, pero también reivindicaciones políticas que tienen que ver con el traspaso de competencias a las comunidades autónomas. Además, se choca con la barrera del Código Penal.
El PNV y la muerte digna
En esta cuestión es interesante observar la evolución del PNV, que ha
terminado por incorporarla a su último documento político, aprobado el
mes pasado en la Asamblea General celebrada en Pamplona. 'Un buen morir
honra toda una vida'. Los jeltzales toman prestada esta frase de
Petrarca –un humanista italiano muy espiritualista, que hizo carrera a
la sombra de los papas de Aviñón–, a partir de la cual entran de lleno
en el debate de la muerte digna, que apoyan, y en el suicidio asistido,
con unos argumentos muy elaborados. No rehúyen fijar su postura sobre
esta espinosa cuestión como partido «aconfesional y humanista abierto al
progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que
mejoren la calidad de vida de las personas». Un criterio con el que no
estarán de acuerdo los obispos. El PNV de Ortuzar cree que el proceso final de la vida debe ser atendido «de forma integral e integrada por equipos sociosanitarios que den respuesta a las necesidades físicas, psíquicas, sociales, emocionales y espirituales» como un derecho. Sobre el suicidio asistido y la eutanasia, la formación nacionalista considera que hay que «propiciar en la sociedad vasca un proceso de deliberación sobre la moralidad de cara a su posible despenalización». El PNV establece condiciones y requisitos previos, pero considera que este asunto, con evidentes dimensiones éticas, requiere un soporte legal claro.
El documento presentado por Podemos para una alianza de los partidos de izquierdas tampoco pone mucho el acento en la 'cuestión religiosa', según Carolina Bescansa, porque «no habría grandes diferencias» con los socialistas en este ámbito. Aún así, el texto deja claro que «se promocionará la educación pública, gratuita y laica como eje vertebrador» y que la oferta de plazas escolares concertadas seguirá financiandose con recursos públicos solo en los casos que sea necesario por insuficiencia de la oferta de la red». También se compromete a asegurar la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud para todas las mujeres, incluidas las jóvenes, así como el acceso a la reproducción asistida.
En el capítulo de 'Memoria, verdad y justicia' incorpora una propuesta que también apunta polémica. Se refiere a «promover la eliminación o resignificación de símbolos o monumentos conmemorativos de exhaltación de la sublevación militar o del franquismo». En esta casilla entraría el Valle de los Caídos, al cargo ahora de una orden religiosa. Durante la última legislatura de Rodríguez Zapatero, el ministro vasco Ramón Jáuregui creo una 'comisión de sabios' con esa finalidad, la de buscarle una resignificación en un contexto de reconciliacion, sin revanchismos. No prosperó.
Fuente: http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201603/02/cuestion-religiosa-segun-psoe-20160301191536.html
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