Los
profesores de Religión pueden estar tranquilos. Ni el resultado
electoral augura modificaciones legislativas –pues en ningún caso hay
mayorías suficientes para realizarlas– que afecten a la asignatura y, lo
más importante, ni la Justicia les está dando, poco a poco, un
espaldarazo tras otro después del polémico desarrollo de los decretos
que regulan la Religión en cada comunidad autónoma. Por ello, y aunque
se manifiestan abiertos a la negociación, los profesores representados
en el sindicato APPRECE, de centros estatales, se plantean sumarse a los
recursos que la Iglesia, a través de las diócesis, están presentando.
De hecho, en Andalucía están esperando la comunicación del Tribunal para
incluir sus alegaciones al recurso interpuesto por todos los obispos de
la comunidad. En Aragón, donde la materia ha perdido el estatus que
tenía con el nuevo gobierno autonómico del PSOE apoyado por Podemos, el
sindicato, según confirmó a LA RAZÓN, se plantea acudir a los tribunales
si finalmente no son los obispos los que toman la iniciativa.
Según
explica el presidente de APPRECE-Andalucía y vicepresidente nacional,
Rafael Martín Gómez, el problema de la Lomce no radica en la ley misma,
que considera «una reforma de la LOE», sino en las modificaciones que
las comunidades autónomas no han tenido en cuenta, «creando problemas de
horarios y en consecuencia con las jornadas de algunos profesores de
Religión». Problemas que tienen que ver con la no oferta de la materia o
la reducción de los horarios en algunos cursos.
Ningún
Gobierno, ni autonómico ni central, puede dejar de ofrecer la
asignatura de Religión sin una modificación de la Constitución española y
sin vulnerar el acuerdo que la Santa Sede y el Estado español firmaron
en materia educativa y cultural. La materia como tal está protegida por
el artículo 27.3, en el que se establece que «los poderes públicos
garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones». A la norma suprema, habría que añadir los acuerdos que el
Estado ha suscrito con las confesiones religiosas. Al acuerdo con la
Iglesia católica de 1979, se sumaron luego las confesiones minoritarias
más importantes: judíos, musulmanes y protestantes. Al igual que los
obispos, los líderes de estas religiones se han manifestado a favor de
la enseñanza religiosa en la escuela. En el caso de la Iglesia católica,
el acuerdo tiene carácter internacional y, por tanto, de ley orgánica.
En ella, se establece que la asignatura de Religión, aunque no es
obligatoria, debe tener el mismo trato que las asignaturas
fundamentales; troncales, según la denominación utilizada en la Lomce.
Este acuerdo, que se puede modificar por consenso, no puede ser derogado
unilateralmente. Con este marco legislativo, el sindicato Apprece
afirma que, sólo «en un ambiente de desconcierto, de olvido del Estado
de Derecho y de un radicalismo ideológico sectario, se ha podido llegar a
unas situaciones que debieron resolverse antes por la vía del diálogo».
«Ni los que defendemos la enseñanza religiosa se la tenemos que imponer
a los que no la quieren, ni al contrario. Por eso, se trata de una
opción que es voluntaria, aunque ofertarla sea obligatorio para los
centros educativos. Quienes atacan esta libertad ponen en peligro
otras», explica.
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