Carlos Sánchez Mato
Ya está aquí uno de los clásicos de la primavera. Como todos los años por estas fechas, estamos inmersos en la campaña de la declaración de la renta y, desde el 7 de abril hasta el 30 de junio, los ciudadanos podremos cumplir con la obligación de contribuir a la caja común. Cada año parece más sencillo realizar el trámite exigido por la Agencia Tributaria pero, sin embargo, estamos cada vez más lejos de realizarlo con la alegría que sería exigible a quienes participamos de los gastos comunes y nos debiéramos sentir orgullosos de hacerlo.
Varios factores coadyuvan a ese hecho. Está claro que no lo facilita
la actuación de los últimos gobiernos a la hora de afrontar la actual
crisis. Para tapar la vía de agua de los déficit fiscales, tanto Montoro
como Salgado elevaron la presión fiscal sobre los contribuyentes. El
resultado de 2014 es que se ha alcanzado la mayor recaudación de IRPF de
la historia, 72.662 millones de euros, unos 48 millones por encima del
récord de 2007, pero eso se ha conseguido al mismo tiempo en que las
rentas declaradas a Hacienda bajaban y el empleo aumentaba un 2,5%. En
definitiva, máxima recaudación con 52.000 millones de euros menos de
bases imponibles. Trabaja más gente para ganar, en conjunto, menos y
recaudación máxima del impuesto. No parece que sea una salida justa.
El reparto de la carga fiscal durante estos años no ha hecho sino confirmar la deriva de las tres últimas décadas dirigida a eliminar progresividad del impuesto sobre la renta. Esa máxima, la de que contribuyamos proporcionalmente más los que más ganemos, pierde partidarios debido a la constante ofensiva de los gobiernos de PP y PSOE durante los últimos 30 años. Las medidas puntuales que han adoptado (la subida temporal por dos años del IRPF y la recuperación temporal del Impuesto de Patrimonio por parte del PP) se deben a que las exigencias de reducir el déficit público son tan grandes que incluso tienen que ir contra su determinación de ceder al mandato que tienen de las rentas más altas de disminuir su carga fiscal. En cuanto puedan, continuarán con la línea que han mantenido en sus periodos de alternancia -que consiste en la mitigación de la progresividad- y poniendo más carga en la imposición indirecta y al consumo, que se caracteriza por su regresividad y su nulo impacto redistributivo de la renta. Mientras esto ocurre, las rentas más elevadas tributan a través de sociedades con tipos efectivos similares a un trabajador de sueldo medio-bajo.
Con un sistema tributario con carencias a la hora ser un elemento fundamental para redistribuir la riqueza, unido a la proliferación de casos de corrupción, es difícil encontrar una justificación adecuada al poder coercitivo que, como sociedad, damos al Estado para recaudar y aparecen excusas fáciles para justificar la elusión o el fraude fiscal. Según un estudio elaborado por Tax Justice, España tiene el dudoso honor de ocupar el décimo país del mundo con más evasión fiscal. En el conjunto del planeta, la evasión impositiva global supera los 3’1 billones de dólares, es decir, el 5’1% del PIB mundial. Se puede establecer un consenso entre los distintos estudios para estimar la economía sumergida en España en un intervalo del 20% al 25% del PIB, compartiendo habitualmente los primeros puestos del ranking tras Grecia e Italia.
A la hora de actuar contra las enormes bolsas de fraude, partimos con la sensación ampliamente extendida de que gran parte de la población defrauda o le gustaría hacerlo. Además, se suele culpabilizar del mismo a los autónomos. Sin embargo, a la hora de combatir esta lacra, tenemos que tener en cuenta dónde está realmente el monto fundamental que origina el mayor quebranto. Utilizando datos del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) que estima la economía sumergida en 2010 en el 2’,3% del PIB, la Hacienda Pública deja de ingresar más de 88.000 millones anuales. Gestha estima que el 71’77% lo realizan grandes empresas y grandes fortunas y el 17’05%, las pequeñas y medianas empresas. Como vemos, prácticamente el 89% del fraude fiscal corresponde a este segmento frente al 8’5% que corresponde a los autónomos y el 2’5% a los fraudes no empresariales, donde estarían incluidos los fraudes a pequeña escala de contribuyentes individuales. Tampoco planteo este escenario con la aviesa intención de “echar balones fuera”. Pero la conciencia general de que “todo el mundo defrauda” pone al mismo nivel al parado que se ve obligado a trabajar en negro para sobrevivir que a la corporación industrial que deduce como gastos de I+D+i inversiones multimillonarias y que utiliza la ingeniería financiera para robarnos a todos. Aunque sea verdad que estamos hablando del mismo hecho, fraude fiscal, tenemos que ser conscientes de que, desde la ética, no tiene nada que ver un tipo de fraude con el otro. Uno está determinado por la obligación de buscar la propia dignidad -aunque sea a través de esa conducta- y el otro está determinado por la sinrazón de la codicia que priva a nuestra sociedad de los recursos imprescindibles para erigirse como tal y que contribuye a multiplicar el clima ponzoñoso que alimenta ese individualismo miope y cortoplacista. En este sentido, debe subrayarse que simplemente, la reducción en 10 puntos (hasta el 13’3%) del índice de fraude, situaría nuestra economía sumergida en el nivel de los países avanzados de nuestro entorno, permitiendo ingresar 38.500 millones de euros más por año, que podrían solucionar muchos de los actuales problemas fiscales de nuestro país. Si convertimos estas frías cifras en hechos, la lucha contra el fraude se puede traducir en tratamientos para la hepatitis, hogares para los niños, cuidados para los mayores y dignidad para todos.
No es una utopía soñar con un sistema tributario justo y con más capacidad de redistribuir recursos, pero es insensato pensar que serán las élites, beneficiadas por la actual deriva, las que superen las insuficiencias del mismo. Por eso es imprescindible que, además de las exigencias a los gobiernos y la actuación de la Agencia Tributaria buscando a quien defrauda, seamos defensores activos como ciudadanos del orgullo de contribuir a los gastos comunes, que no es otra cosa eso de pagar impuestos.
*Carlos Sánchez Mato es economista y miembro de ATTAC (Asociación para la Tributación de las Transacciones Financieras).
Fuente: http://www.alandar.org/spip-alandar/?Orgullo-de-contribuir-fiscalidad-y#.VYsk_0ZGizc
Ya está aquí uno de los clásicos de la primavera. Como todos los años por estas fechas, estamos inmersos en la campaña de la declaración de la renta y, desde el 7 de abril hasta el 30 de junio, los ciudadanos podremos cumplir con la obligación de contribuir a la caja común. Cada año parece más sencillo realizar el trámite exigido por la Agencia Tributaria pero, sin embargo, estamos cada vez más lejos de realizarlo con la alegría que sería exigible a quienes participamos de los gastos comunes y nos debiéramos sentir orgullosos de hacerlo.
Varios factores coadyuvan a ese hecho. Está claro que no lo facilita
la actuación de los últimos gobiernos a la hora de afrontar la actual
crisis. Para tapar la vía de agua de los déficit fiscales, tanto Montoro
como Salgado elevaron la presión fiscal sobre los contribuyentes. El
resultado de 2014 es que se ha alcanzado la mayor recaudación de IRPF de
la historia, 72.662 millones de euros, unos 48 millones por encima del
récord de 2007, pero eso se ha conseguido al mismo tiempo en que las
rentas declaradas a Hacienda bajaban y el empleo aumentaba un 2,5%. En
definitiva, máxima recaudación con 52.000 millones de euros menos de
bases imponibles. Trabaja más gente para ganar, en conjunto, menos y
recaudación máxima del impuesto. No parece que sea una salida justa.El reparto de la carga fiscal durante estos años no ha hecho sino confirmar la deriva de las tres últimas décadas dirigida a eliminar progresividad del impuesto sobre la renta. Esa máxima, la de que contribuyamos proporcionalmente más los que más ganemos, pierde partidarios debido a la constante ofensiva de los gobiernos de PP y PSOE durante los últimos 30 años. Las medidas puntuales que han adoptado (la subida temporal por dos años del IRPF y la recuperación temporal del Impuesto de Patrimonio por parte del PP) se deben a que las exigencias de reducir el déficit público son tan grandes que incluso tienen que ir contra su determinación de ceder al mandato que tienen de las rentas más altas de disminuir su carga fiscal. En cuanto puedan, continuarán con la línea que han mantenido en sus periodos de alternancia -que consiste en la mitigación de la progresividad- y poniendo más carga en la imposición indirecta y al consumo, que se caracteriza por su regresividad y su nulo impacto redistributivo de la renta. Mientras esto ocurre, las rentas más elevadas tributan a través de sociedades con tipos efectivos similares a un trabajador de sueldo medio-bajo.
Con un sistema tributario con carencias a la hora ser un elemento fundamental para redistribuir la riqueza, unido a la proliferación de casos de corrupción, es difícil encontrar una justificación adecuada al poder coercitivo que, como sociedad, damos al Estado para recaudar y aparecen excusas fáciles para justificar la elusión o el fraude fiscal. Según un estudio elaborado por Tax Justice, España tiene el dudoso honor de ocupar el décimo país del mundo con más evasión fiscal. En el conjunto del planeta, la evasión impositiva global supera los 3’1 billones de dólares, es decir, el 5’1% del PIB mundial. Se puede establecer un consenso entre los distintos estudios para estimar la economía sumergida en España en un intervalo del 20% al 25% del PIB, compartiendo habitualmente los primeros puestos del ranking tras Grecia e Italia.
A la hora de actuar contra las enormes bolsas de fraude, partimos con la sensación ampliamente extendida de que gran parte de la población defrauda o le gustaría hacerlo. Además, se suele culpabilizar del mismo a los autónomos. Sin embargo, a la hora de combatir esta lacra, tenemos que tener en cuenta dónde está realmente el monto fundamental que origina el mayor quebranto. Utilizando datos del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) que estima la economía sumergida en 2010 en el 2’,3% del PIB, la Hacienda Pública deja de ingresar más de 88.000 millones anuales. Gestha estima que el 71’77% lo realizan grandes empresas y grandes fortunas y el 17’05%, las pequeñas y medianas empresas. Como vemos, prácticamente el 89% del fraude fiscal corresponde a este segmento frente al 8’5% que corresponde a los autónomos y el 2’5% a los fraudes no empresariales, donde estarían incluidos los fraudes a pequeña escala de contribuyentes individuales. Tampoco planteo este escenario con la aviesa intención de “echar balones fuera”. Pero la conciencia general de que “todo el mundo defrauda” pone al mismo nivel al parado que se ve obligado a trabajar en negro para sobrevivir que a la corporación industrial que deduce como gastos de I+D+i inversiones multimillonarias y que utiliza la ingeniería financiera para robarnos a todos. Aunque sea verdad que estamos hablando del mismo hecho, fraude fiscal, tenemos que ser conscientes de que, desde la ética, no tiene nada que ver un tipo de fraude con el otro. Uno está determinado por la obligación de buscar la propia dignidad -aunque sea a través de esa conducta- y el otro está determinado por la sinrazón de la codicia que priva a nuestra sociedad de los recursos imprescindibles para erigirse como tal y que contribuye a multiplicar el clima ponzoñoso que alimenta ese individualismo miope y cortoplacista. En este sentido, debe subrayarse que simplemente, la reducción en 10 puntos (hasta el 13’3%) del índice de fraude, situaría nuestra economía sumergida en el nivel de los países avanzados de nuestro entorno, permitiendo ingresar 38.500 millones de euros más por año, que podrían solucionar muchos de los actuales problemas fiscales de nuestro país. Si convertimos estas frías cifras en hechos, la lucha contra el fraude se puede traducir en tratamientos para la hepatitis, hogares para los niños, cuidados para los mayores y dignidad para todos.
No es una utopía soñar con un sistema tributario justo y con más capacidad de redistribuir recursos, pero es insensato pensar que serán las élites, beneficiadas por la actual deriva, las que superen las insuficiencias del mismo. Por eso es imprescindible que, además de las exigencias a los gobiernos y la actuación de la Agencia Tributaria buscando a quien defrauda, seamos defensores activos como ciudadanos del orgullo de contribuir a los gastos comunes, que no es otra cosa eso de pagar impuestos.
*Carlos Sánchez Mato es economista y miembro de ATTAC (Asociación para la Tributación de las Transacciones Financieras).
Fuente: http://www.alandar.org/spip-alandar/?Orgullo-de-contribuir-fiscalidad-y#.VYsk_0ZGizc
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