Uno de los desafíos del sistema educativo español es que los poderes públicos deben garantizar, de manera "real" y "efectiva", la enseñanza religiosa a todas las confesiones en igualdad de condiciones en los centros sostenidos con fondos públicos, según un proyecto de investigación europeo.
Esta es una de las recomendaciones que figuran en un proyecto de investigación auspiciado por el Consejo de Europa sobre "Educación y la diversidad religiosa en el Mediterráneo occidental", en el que ha participado, por parte de España, la Universidad de La Rioja (UR), junto a otras de Italia, Argelia y Marruecos.
Este proyecto está integrado por grupos de investigación de las universidades de Bergamo (Italia), Ferhat Abbas de Sétif (Argelia), Mohammed V Souissi de Rabat (Marruecos) y La Rioja, a través de la directora de su Cátedra UNESCO Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural, Ana María Vega, y de su profesor de Pedagogía de la Religión, Roberto Germán Zurriaráin.
Vega ha explicado a Efe que este trabajo de investigación, con una duración de tres años y que finalizó el pasado mes de diciembre, se ha centrado en los desafíos planteados por la diversidad religiosa en los sistemas educativos de los cuatro países, mediante el análisis de varios aspectos planteados a estudiantes del primer ciclo de la enseñanza pública secundaria, de entre 12 y 15 años.
Este estudio, cuyas conclusiones se han elaborado ahora, no analiza el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que elimina la asignatura de Educación para la Ciudadanía en todos los niveles educativos y que diseña nuevas materias alternativas a la enseñanza de la religión.
Esta investigación europea indica que las autoridades educativas de las distintas comunidades autónomas deben cumplir los desarrollos normativos del acuerdo suscrito por España en 1992 con las minorías religiosas islámica y evangélica.
Ha añadido que las comunidades deben "posibilitar la contratación del profesorado de religión islámica y evangélica cuando se corrobore una demanda suficiente de las familias en los centros escolares", fijada en un mínimo de diez peticiones por colegio.
Otro de los desafíos del sistema educativo español que plantea el documento, ha subrayado, es que las religiones deben asumir un papel "más activo" en la educación intecultural y cívica, "sin renunciar por eso a su enfoque confesional".
"Este planteamiento enseñaría a los alumnos a articular de modo razonable la proyección pública de sus convicciones religiosas mediante una argumentación que debe respetar las reglas de juego democrático, de forma que quien no compartiera sus creencias podría, incluso, admitirlas", ha defendido Vega.
Para ella, es preciso facilitar a los profesores un conocimiento sólido y básico de las distintas culturas y religiones que están presentes en el contexto escolar español.
Cree que los profesores necesitan adquirir las competencias necesarias para diagnosticar aquellos materiales y métodos de enseñanza y aprendizaje más apropiados para desarrollar las competencias propias de una educación intercultural inclusiva.
Ello, ha indicado, requiere contar con políticas educativas que propicien la adecuación y la actualización de los planes de estudio de las Facultades de Educación en este sentido y que favorezcan la participación del profesorado en los programas de formación continua. (RD/Agencias)
Esta es una de las recomendaciones que figuran en un proyecto de investigación auspiciado por el Consejo de Europa sobre "Educación y la diversidad religiosa en el Mediterráneo occidental", en el que ha participado, por parte de España, la Universidad de La Rioja (UR), junto a otras de Italia, Argelia y Marruecos.
Este proyecto está integrado por grupos de investigación de las universidades de Bergamo (Italia), Ferhat Abbas de Sétif (Argelia), Mohammed V Souissi de Rabat (Marruecos) y La Rioja, a través de la directora de su Cátedra UNESCO Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural, Ana María Vega, y de su profesor de Pedagogía de la Religión, Roberto Germán Zurriaráin.
Vega ha explicado a Efe que este trabajo de investigación, con una duración de tres años y que finalizó el pasado mes de diciembre, se ha centrado en los desafíos planteados por la diversidad religiosa en los sistemas educativos de los cuatro países, mediante el análisis de varios aspectos planteados a estudiantes del primer ciclo de la enseñanza pública secundaria, de entre 12 y 15 años.
Este estudio, cuyas conclusiones se han elaborado ahora, no analiza el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que elimina la asignatura de Educación para la Ciudadanía en todos los niveles educativos y que diseña nuevas materias alternativas a la enseñanza de la religión.
Esta investigación europea indica que las autoridades educativas de las distintas comunidades autónomas deben cumplir los desarrollos normativos del acuerdo suscrito por España en 1992 con las minorías religiosas islámica y evangélica.
Ha añadido que las comunidades deben "posibilitar la contratación del profesorado de religión islámica y evangélica cuando se corrobore una demanda suficiente de las familias en los centros escolares", fijada en un mínimo de diez peticiones por colegio.
Otro de los desafíos del sistema educativo español que plantea el documento, ha subrayado, es que las religiones deben asumir un papel "más activo" en la educación intecultural y cívica, "sin renunciar por eso a su enfoque confesional".
"Este planteamiento enseñaría a los alumnos a articular de modo razonable la proyección pública de sus convicciones religiosas mediante una argumentación que debe respetar las reglas de juego democrático, de forma que quien no compartiera sus creencias podría, incluso, admitirlas", ha defendido Vega.
Para ella, es preciso facilitar a los profesores un conocimiento sólido y básico de las distintas culturas y religiones que están presentes en el contexto escolar español.
Cree que los profesores necesitan adquirir las competencias necesarias para diagnosticar aquellos materiales y métodos de enseñanza y aprendizaje más apropiados para desarrollar las competencias propias de una educación intercultural inclusiva.
Ello, ha indicado, requiere contar con políticas educativas que propicien la adecuación y la actualización de los planes de estudio de las Facultades de Educación en este sentido y que favorezcan la participación del profesorado en los programas de formación continua. (RD/Agencias)
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