El Gobierno da marcha atrás y renuncia a regular por ley el uso del 'burka'
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ciega la vía que había abierto por su cuenta el ministro de Justicia
No habrá veto al 'burka' ni su uso se regulará en la ley de libertad religiosa. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha tardado varias semanas en encontrar una posición clara y unitaria al respecto, habida cuenta de las opiniones discordantes en el seno del propio Ejecutivo socialista.
El debate alentado en Cataluña por el Partido Popular y Convergència i Unió, y trasladado después a todo el país, le cogió con el pie cambiado, pero ahora la decisión está tomada. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha dado orden de que en adelante los ministros y responsables del Gobierno defiendan que en España ya existen instrumentos legales suficientes para hacer frente a un problema que, argumenta, ni siquiera es tal en la sociedad española.
La tesis gubernamental es que casi se pueden contar con los dedos de la mano las mujeres que cubren su rostro y su cuerpo con un velo integral. Quizá, dicen, no lleguen al centenar. Y esta cifra es, a su juicio, demasiado baja como para que resulte rentable, en términos de convivencia y paz social, situar este asunto en la primera línea de la disputa política. Sobre todo, cuando con ello se agita el patio de los sentimientos religiosos y las identidades culturales.
Claridad
Fue el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien hace apenas quince días anunció su intención de limitar el uso de una indumentaria «difícilmente compatible con la dignidad del ser humano», dijo, en la futura ley de libertad religiosa. Era el primer miembro del Gobierno que hablaba con semejante claridad y se trataba además de un hombre poco dado a los deslices verbales; lo que hizo dar por hecho que la suya era la postura oficial de todo el Ejecutivo. Nada más lejos de la realidad, según aclararon fuentes de Moncloa, que precisaron que Caamaño habló entonces sin el amparo del Ejecutivo.
Para empezar, José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a dar una patada hacia delante a la citada ley, una promesa electoral con la que pretendía ahondar en la laicidad del Estado y adaptar la norma de 1985 a la realidad de los tiempos, ahora que la religión católica ha dejado de ser la única. No está el horno para bollos. Salvo la ley del aborto, el Ejecutivo ha dejado aparcadas todas las iniciativas que no tengan que ver de manera exclusiva con la economía y la crisis. En el Ministerio de Justicia, de hecho, ya dan por sentado que la ley de libertad religiosa no verá la luz este año. Ni tampoco a principios de 2011.
Pero ese no es el motivo de fondo para negarse a regular sobre el 'burka' o el 'niqab'. «La pregunta -dijo hace unos días la ministra de Igualdad, Bibiana Aído- es si queremos condenar a las mujeres que tienen que llevarlo puesto». El Gobierno entiende que el límite a la libertad de religión está en el mantenimiento del orden público y en el respeto a la integridad física y moral de las personas, pero insiste en que ambos pueden ser garantizados con la legislación existente. Si una mujer es obligada por su marido o por sus familiares a cubrirse el rostro, encontraría protección -conforme a los planteamientos gubernamentales- en el artículo 153 del Código Penal, que persigue la violencia física o psicológica en el ámbito familiar.
También están contemplados, en ese mismo texto que los juristas llaman la «Constitución negativa», los delitos de coacción y tortura. Y la legislación ya permite que se impida entrar con el rostro cubierto en lugares públicos por razones de seguridad.
El Gobierno aduce ahora que lo único que persiguen populares y nacionalistas es hacer «electoralismo» al calor de los comicios autonómicos de Cataluña, una comunidad con un elevado índice de inmigración. «Lo que hace falta es información», sentencian.
«Se trata de una prenda difícilmente compatible con la dignidad del ser humano y sobre todo con algo fundamental en el espacio público como la identificación».
«Legislar contra el 'burka' es penalizar más a las mujeres. Abordar el debate desde la demagogia puede generar más problemas que los que se pretenden solucionar».
«No existe un problema en España, porque el uso de esta prenda es muy minoritario».
Expectación ante la próxima ley de libertad religiosa
Cuando aún se debate la ley del aborto y cuando importantes empresarios españoles -Botín el primero-, acaban de viajar a Roma y ver al Papa, para comunicarle su aportación económica a los preparativos del viaje a España, sigue sin saberse demasiado sobre cuáles serán las líneas por las que regirá la futura Ley de Libertad Religiosa, que de entrada suscita no pocas alarmas.
Nos cuenta hoy el diario El País el estado de ánimo de los movimientos laicistas ante la anunciada reforma de la legislación sobre libertad religiosa, y señala que entre otras medidas, se prohibirá la presencia de símbolos religiosos -como el crucifijo cristiano- en edificios públicos y se buscará una fórmula para que los llamados funerales de Estado sean civiles, sin ceremonias religiosas. También se propone extender a otras religiones de "notorio arraigo" privilegios que hoy disfruta la mayoritaria confesión católica, a la que el Estado financia con unos 6.000 millones de euros anuales.
De esta cifra, 3.000 millones se destinan, según cifras oficiales, a sostener los colegios religiosos concertados, pero también se paga con dinero público el sueldo de obispos y sacerdotes; a los profesores de catolicismo en la escuela pública (unos 15.000); el salario de más de un millar de capellanes castrenses, hospitalarios y carcelarios, e incluso gran parte de la restauración o sostenimiento del ingente patrimonio histórico artístico de esa religión, la segunda propietaria inmobiliaria después del Estado. No son optimistas quienes desearían serios avances en la separación de Iglesia-Estado: "Es iluso creer que se avanzará hacia la laicidad mientras persistan los privilegios de la Iglesia católica, acordados en Roma en la Navidad de 1979 por el ministro de Asuntos Exteriores español y el secretario de Estado de la Santa Sede". "La tentación de extender los privilegios del catolicismo a otras religiones agravaría la confesionalidad encubierta del Estado". "España es ahora un Estado aconfesional con querida.
Mañana podemos ser un Estado aconfesional con cuatro o cinco mantenidas más, es decir, habremos retrocedido en laicidad y neutralidad religiosa", dicen los partidarios del laicismo y gran parte de los líderes de las religiones llamadas minoritarias, con tres o más millones de fieles. Lo mismo opinan católicos de base que no viven "la laicidad como una amenaza contra la Iglesia, sino como una oportunidad positiva". Enfrente, la jerarquía del catolicismo alza la voz con severidad contra las intenciones del Ejecutivo socialista. Los obispos consideran el laicismo un ataque a su Iglesia e, incluso, "un retroceso de la civilización y una aberración del ser humano", y ven en las intenciones de los socialistas irreligiosidad, ateísmo o anticlericalismo. Aún confían en que el presidente Rodríguez Zapatero desista de la reforma anunciada tras entrevistarse en Roma con Benedicto XVI hace dos semanas.
El desencuentro entre jerarquía y sociedad civil empieza por la palabra laicidad, utilizada ahora por el Gobierno. ¿Qué es la laicidad? Es la "doctrina que defiende la independencia del hombre o la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa", según la Real Academia Española. El meollo del debate sobre el laicismo está en la financiación de las actividades del catolicismo. Nada hay más contradictorio con un Estado laico que el que la Hacienda pública ejerza de recaudadora de impuestos para sostener a una religión concreta.
El Vaticano se comprometió, en los Acuerdos de 1979, a que su Iglesia en España se autofinanciaría con el llamado "impuesto religioso". Mientras tanto, Gobierno y episcopado acordaron un mecanismo transitorio de asignación tributaria mediante el IRPF. El plazo acabó hace dos décadas. En 2007, Rodríguez Zapatero aceptó la renuncia de los obispos a su compromiso de autofinanciación, e incluso les elevó un 34% (del 0,52% al 0,7%) el porcentaje de la cuota de IRPF que los católicos pueden destinar a su confesión, sin añadir un céntimo más que el resto de los contribuyentes. El Gobierno no se propone reforma alguna en este asunto, y eso que los expertos de su propio entorno le han dicho que "financiar religiones es inconstitucional". Es la conclusión del Laboratorio de la Fundación Alternativas, que dirige el ex ministro socialista Juan Manuel Eguiagaray. Alejandro Torres, profesor de Derecho Eclesiástico -en la Universidad Pública de Navarra-, hace estas cuentas. "La Iglesia católica lleva incumpliendo más de 30 años el compromiso de 'lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades' (artículo 2.5 del Acuerdo de Asuntos Económicos).
Recordar esto no es anticlericalismo pues si dividimos los 250 millones de euros que percibe la Iglesia en concepto de Asignación Tributaria entre: 1) 44 millones de españoles, tocan cada español a 5,6 euros al año. 2) El 80% de esos 44 millones de españoles, que según el CIS se declaran católicos, tocan cada católico a 7,1 euros al año. 3) El 20% de esos 44 millones de españoles, que son católicos practicantes, toca cada católico practicante a 28,40 euros al año, menos de 50 céntimos por cada misa dominical. Es poco dinero por cada fiel católico, pero los obispos se aferran al sistema de financiación pública porque desconfían, con razón, de la generosidad de sus fieles. Alejandro Torres subraya otros beneficios fiscales.
Las viviendas o casas parroquiales de los ministros de culto de las confesiones que han suscrito un acuerdo con el Estado, y los huertos y jardines adyacentes, están exentas en el IBI. Eso es incompatible con los principios constitucionales de laicidad del Estado y de igualdad. Por su parte, Juan José Tamayo, director de la cátedra de Teología en la Universidad Carlos III, en Madrid, y secretario general de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, concluye que el Gobierno se ha quedado "sin política propia" en cuestiones de laicidad. "La agenda se la marca otro Estado, el de la Ciudad de Vaticano, cuyas orientaciones sigue discipularmente". Como ejemplo, señala el retraso en la presentación de la nueva ley hasta después de la visita de Benedicto XVI a España, el próximo noviembre, para no tener problemas".
Una materia, como se aprecia, que apenas se discute, pero que suscita enorme expectación la mera intención de abordarla...
Vía: http://www.periodistadigital.com/politica/autonomias/2010/07/04/-expectacion-ante-la-proxima-ley-de-libertad-religiosa.shtml
ETA ha decidido explorar y sacar provecho de un nuevo frente, las víctimas de la izquierda radical abertzale. Así se desprende de documentos incautados recientemente, que revelan que la organización terrorista ha ordenado a Askatasuna, la sucesora de Gestoras pro Amnistía, crear su propia asociación de víctimas, montando la estructura y lanzando un manifiesto fundacional. Pretenden contrarrestar así la presión de las asociaciones de víctimas de cara a una hipotética negociación con el Estado. Para lograr estos objetivos, la banda tiene muy avanzada ya la planificación de quiénes formarían parte de esa organización de víctimas abertzales, de cómo debe ser la estructura y hasta cuánto dinero es necesario para sufragarla. Incluso prevén contar con subvenciones públicas para financiarla.
Según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, ETA considera que la nueva organización debería tener una composición "ideológicamente plural" en la que se incluirían varios tipos de víctimas. Por un lado, la organización terrorista quiere integrar a los familiares de militantes de ETA, de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, o de Iraultza una banda surgida a principios de los ochenta y que centraba su actividad en intereses económicos de la llamada oligarquía vasca, que hubieran fallecido mientras se encontraban participando de las actividades de la organización o estando en prisión por supuestos malos tratos. En este cupo también incluyen a los familiares de los que han fallecido estando huidos en otros países, deportados o desaparecidos.
Los terroristas quieren una organización "sencilla" y que cuente con un coordinador general que se encargue de gestionar las actividades de la organización y de llevar las relaciones institucionales.
También deberá contar con un portavoz, así como con responsables provinciales y una asesoría legal. En cuanto a las personas destinadas a ser las caras visibles de la nueva organización, proponen que se trate de gente conocida públicamente y pone como ejemplo familiares de víctimas del GAL como Lasa y Zabala.
La planificación que ha realizado la banda está tan avanzada que incluye un presupuesto, 43.000 euros al año, destinados a pagar los sueldos de dos liberados, la sede social y otros gastos.
Vía: http://www.publico.es/espana/326081/eta/promueve/propia/asociacion/victimas
Nos cuenta hoy el diario El País el estado de ánimo de los movimientos laicistas ante la anunciada reforma de la legislación sobre libertad religiosa, y señala que entre otras medidas, se prohibirá la presencia de símbolos religiosos -como el crucifijo cristiano- en edificios públicos y se buscará una fórmula para que los llamados funerales de Estado sean civiles, sin ceremonias religiosas. También se propone extender a otras religiones de "notorio arraigo" privilegios que hoy disfruta la mayoritaria confesión católica, a la que el Estado financia con unos 6.000 millones de euros anuales.
De esta cifra, 3.000 millones se destinan, según cifras oficiales, a sostener los colegios religiosos concertados, pero también se paga con dinero público el sueldo de obispos y sacerdotes; a los profesores de catolicismo en la escuela pública (unos 15.000); el salario de más de un millar de capellanes castrenses, hospitalarios y carcelarios, e incluso gran parte de la restauración o sostenimiento del ingente patrimonio histórico artístico de esa religión, la segunda propietaria inmobiliaria después del Estado. No son optimistas quienes desearían serios avances en la separación de Iglesia-Estado: "Es iluso creer que se avanzará hacia la laicidad mientras persistan los privilegios de la Iglesia católica, acordados en Roma en la Navidad de 1979 por el ministro de Asuntos Exteriores español y el secretario de Estado de la Santa Sede". "La tentación de extender los privilegios del catolicismo a otras religiones agravaría la confesionalidad encubierta del Estado". "España es ahora un Estado aconfesional con querida.
Mañana podemos ser un Estado aconfesional con cuatro o cinco mantenidas más, es decir, habremos retrocedido en laicidad y neutralidad religiosa", dicen los partidarios del laicismo y gran parte de los líderes de las religiones llamadas minoritarias, con tres o más millones de fieles. Lo mismo opinan católicos de base que no viven "la laicidad como una amenaza contra la Iglesia, sino como una oportunidad positiva". Enfrente, la jerarquía del catolicismo alza la voz con severidad contra las intenciones del Ejecutivo socialista. Los obispos consideran el laicismo un ataque a su Iglesia e, incluso, "un retroceso de la civilización y una aberración del ser humano", y ven en las intenciones de los socialistas irreligiosidad, ateísmo o anticlericalismo. Aún confían en que el presidente Rodríguez Zapatero desista de la reforma anunciada tras entrevistarse en Roma con Benedicto XVI hace dos semanas.
El desencuentro entre jerarquía y sociedad civil empieza por la palabra laicidad, utilizada ahora por el Gobierno. ¿Qué es la laicidad? Es la "doctrina que defiende la independencia del hombre o la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa", según la Real Academia Española. El meollo del debate sobre el laicismo está en la financiación de las actividades del catolicismo. Nada hay más contradictorio con un Estado laico que el que la Hacienda pública ejerza de recaudadora de impuestos para sostener a una religión concreta.
El Vaticano se comprometió, en los Acuerdos de 1979, a que su Iglesia en España se autofinanciaría con el llamado "impuesto religioso". Mientras tanto, Gobierno y episcopado acordaron un mecanismo transitorio de asignación tributaria mediante el IRPF. El plazo acabó hace dos décadas. En 2007, Rodríguez Zapatero aceptó la renuncia de los obispos a su compromiso de autofinanciación, e incluso les elevó un 34% (del 0,52% al 0,7%) el porcentaje de la cuota de IRPF que los católicos pueden destinar a su confesión, sin añadir un céntimo más que el resto de los contribuyentes. El Gobierno no se propone reforma alguna en este asunto, y eso que los expertos de su propio entorno le han dicho que "financiar religiones es inconstitucional". Es la conclusión del Laboratorio de la Fundación Alternativas, que dirige el ex ministro socialista Juan Manuel Eguiagaray. Alejandro Torres, profesor de Derecho Eclesiástico -en la Universidad Pública de Navarra-, hace estas cuentas. "La Iglesia católica lleva incumpliendo más de 30 años el compromiso de 'lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades' (artículo 2.5 del Acuerdo de Asuntos Económicos).
Recordar esto no es anticlericalismo pues si dividimos los 250 millones de euros que percibe la Iglesia en concepto de Asignación Tributaria entre: 1) 44 millones de españoles, tocan cada español a 5,6 euros al año. 2) El 80% de esos 44 millones de españoles, que según el CIS se declaran católicos, tocan cada católico a 7,1 euros al año. 3) El 20% de esos 44 millones de españoles, que son católicos practicantes, toca cada católico practicante a 28,40 euros al año, menos de 50 céntimos por cada misa dominical. Es poco dinero por cada fiel católico, pero los obispos se aferran al sistema de financiación pública porque desconfían, con razón, de la generosidad de sus fieles. Alejandro Torres subraya otros beneficios fiscales.
Las viviendas o casas parroquiales de los ministros de culto de las confesiones que han suscrito un acuerdo con el Estado, y los huertos y jardines adyacentes, están exentas en el IBI. Eso es incompatible con los principios constitucionales de laicidad del Estado y de igualdad. Por su parte, Juan José Tamayo, director de la cátedra de Teología en la Universidad Carlos III, en Madrid, y secretario general de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, concluye que el Gobierno se ha quedado "sin política propia" en cuestiones de laicidad. "La agenda se la marca otro Estado, el de la Ciudad de Vaticano, cuyas orientaciones sigue discipularmente". Como ejemplo, señala el retraso en la presentación de la nueva ley hasta después de la visita de Benedicto XVI a España, el próximo noviembre, para no tener problemas".
Una materia, como se aprecia, que apenas se discute, pero que suscita enorme expectación la mera intención de abordarla...
Vía: http://www.periodistadigital.com/politica/autonomias/2010/07/04/-expectacion-ante-la-proxima-ley-de-libertad-religiosa.shtml
ETA promueve su propia asociación de víctimas
Pretende hacer visible a ese colectivo en un virtual proceso de paz
ETA ha decidido explorar y sacar provecho de un nuevo frente, las víctimas de la izquierda radical abertzale. Así se desprende de documentos incautados recientemente, que revelan que la organización terrorista ha ordenado a Askatasuna, la sucesora de Gestoras pro Amnistía, crear su propia asociación de víctimas, montando la estructura y lanzando un manifiesto fundacional. Pretenden contrarrestar así la presión de las asociaciones de víctimas de cara a una hipotética negociación con el Estado. Para lograr estos objetivos, la banda tiene muy avanzada ya la planificación de quiénes formarían parte de esa organización de víctimas abertzales, de cómo debe ser la estructura y hasta cuánto dinero es necesario para sufragarla. Incluso prevén contar con subvenciones públicas para financiarla.
Según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, ETA considera que la nueva organización debería tener una composición "ideológicamente plural" en la que se incluirían varios tipos de víctimas. Por un lado, la organización terrorista quiere integrar a los familiares de militantes de ETA, de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, o de Iraultza una banda surgida a principios de los ochenta y que centraba su actividad en intereses económicos de la llamada oligarquía vasca, que hubieran fallecido mientras se encontraban participando de las actividades de la organización o estando en prisión por supuestos malos tratos. En este cupo también incluyen a los familiares de los que han fallecido estando huidos en otros países, deportados o desaparecidos.
Los GAL
ETA quiere contar también en esta asociación con las familias de las víctimas de organizaciones como los GAL, la Triple A, los Guerrilleros de Cristo Rey o el Batallón Vasco Español, o de lo que ellos denominan "incontrolados uniformados". Un tercer grupo de candidatos serían los familiares de personas que murieron o resultaron heridos por la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en manifestaciones, controles u otro tipo de movilizaciones.Los terroristas quieren una organización "sencilla" y que cuente con un coordinador general que se encargue de gestionar las actividades de la organización y de llevar las relaciones institucionales.
También deberá contar con un portavoz, así como con responsables provinciales y una asesoría legal. En cuanto a las personas destinadas a ser las caras visibles de la nueva organización, proponen que se trate de gente conocida públicamente y pone como ejemplo familiares de víctimas del GAL como Lasa y Zabala.
La planificación que ha realizado la banda está tan avanzada que incluye un presupuesto, 43.000 euros al año, destinados a pagar los sueldos de dos liberados, la sede social y otros gastos.
Vía: http://www.publico.es/espana/326081/eta/promueve/propia/asociacion/victimas
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